Ha tenido que pasar un año y medio de una indiscriminada y brutal ofensiva militar israelí contra la franja de Gaza para que la Unión Europea empiece a presionar de forma convincente al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Tras 18 meses de titubeos y en un contexto de creciente presión internacional, Europa trata de obligar a Israel a que ponga fin a la matanza de civiles palestinos, convertida ya en limpieza étnica anexionista.
Así, a petición de una mayoría de socios de la UE —17 países, entre los que destacan España y Francia, frente a las ausencias de Alemania e Italia—, Bruselas ha anunciado que estudiará la revisión de su acuerdo de asociación con Israel. Se trata del principal pacto comercial y político con ese país, lleva 25 años en vigor y otorga al Estado hebreo el papel de socio privilegiado en sus relaciones con Europa. Un importante estatus de preferencia para la economía israelí que no se había visto alterado hasta ahora, a pesar de las peticiones de España e Irlanda y del activismo del exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y a pesar también de la muerte de más de 50.000 palestinos y de la hambruna que sufren millares de niños, sometidos al castigo colectivo al que Netanyahu somete día tras día a una población civil a la que identifica falazmente con Hamás, responsable del salvaje ataque terrorista contra Israel de octubre de 2023, en el que la milicia islamista asesinó a 1.195 personas y secuestró a otras 251.
Aunque necesaria, está por ver que el efecto que la iniciativa de Bruselas tendrá en un mandatario acusado de violación de los derechos humanos por la justicia internacional y que se ha acostumbrado a cruzar con absoluta impunidad todas las líneas rojas. Y no solo. El tiroteo registrado este miércoles por parte de fuerzas israelíes contra una delegación de una treintena de diplomáticos europeos —españoles entre ellos— y de otros países occidentales y árabes de visita en la localidad cisjordana de Yenín, debe ser investigado independientemente y, llegado el caso, tener consecuencias contra un Gobierno que desprecia la legalidad internacional. Pese a la tibieza y división iniciales, es un paso muy importante que 17 Estados de la Unión se hayan puesto de acuerdo para iniciar el proceso de revisión del estatus privilegiado israelí. Un acuerdo político exigiría unanimidad; por la parte comercial, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen podía haber actuado de oficio, pero la presidenta alemana difícilmente puede ahora hacer oídos sordos a lo que reclama una mayoría cualificada de los socios. También es relevante que el Reino Unido, otro tradicional aliado de Israel, haya suspendido las negociaciones que mantenía con su Gobierno para un acuerdo de libre comercio. La presión internacional arrecia. Resulta imprescindible que Netanyahu —insensible a advertencias como la lanzada por la ONU según la cual 14.000 bebés gazatíes están en riesgo de muerte inminente— vea el perjuicio que sus acciones están causando a su país.
En esta línea, hay que dar la bienvenida al embargo de armas a Israel aprobado este martes en el Congreso de los Diputados pese al rechazo de PP (que un día más tarde dejó atrás su silencio y criticó las “atrocidades” perpetradas por Israel en Gaza) y Vox. La iniciativa establece un embargo automático en caso de que algún tribunal reconocido por España admita a trámite una denuncia contra un Estado por crímenes de genocidio. Es el caso israelí. Decenas de miles de inocentes siguen muriendo en Gaza bajo el fuego de un armamento a cuyo desarrollo España no puede colaborar en modo alguno.
