La agencia anticorrupción de Corea del Sur ha intentado este viernes ejecutar la orden de detención del presidente Yoon Suk-yeol, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el pasado 14 de diciembre tras su breve imposición de la ley marcial a principios del mes pasado. Aunque investigadores encargados de la operación lograron esquivar a los simpatizantes del mandatario que protestaban en el exterior de la residencia presidencial, el servicio de seguridad presidencial les ha impedido avanzar dentro del complejo, según ha informado un funcionario de la policía citado por la agencia de noticias Yonhap. El líder surcoreano está acusado de planear la fallida declaración de la medida extrema, orquestar una insurrección y abusar de su poder. Un tribunal de Seúl aprobó la orden de arresto el martes, tras la solicitud de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés), después de que Yoon ignorara las tres citaciones para presentarse a declarar en el marco de la investigación conjunta de la Policía y una unidad del Ministerio de Defensa sobre los eventos ocurridos el 3 de diciembre.
Aunque las órdenes de detención suelen ejecutarse rápidamente una vez emitidas, la CIO ha estado estudiando cuidadosamente cómo y cuándo proceder al arresto, dado que el objetivo es un líder en ejercicio. Es la primera vez en la historia democrática del país en la que se produce esta situación. Más de 1.000 partidarios del presidente Yoon se han congregado en las inmediaciones de su vivienda mientras funcionarios de la CIO intentaban detenerle, comunica Yonhap. La policía ha desplegado unos 2.700 efectivos para evitar posibles enfrentamientos.
Además de la orden de detención ―que expira el próximo lunes―, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió otra para registrar la residencia presidencial, estableciendo una excepción a las leyes que restringen investigar sin consentimiento lugares con secretos militares, así como la incautación de secretos oficiales. El servicio de seguridad había bloqueado previamente a los investigadores para evitar un allanamiento en la oficina presidencial bajo estas mismas razones.
Oh Dong-woon, director de la CIO, instó este miércoles al Servicio de Seguridad Presidencial a cooperar y advirtió que cualquier intento de bloquear la ejecución de las órdenes judiciales podría considerarse incumplimiento del deber y obstrucción a la función pública. Cuando el martes se conoció el veredicto del tribunal de Seúl, los representantes legales de Yoon aseguraron que esas órdenes eran “ilegales e inválidas”, mientras que la guardia presidencial adelantó que tomaría “medidas de seguridad”.
La CIO planea trasladar a Yoon a su sede en Gwacheon, al sur de Seúl, para interrogarlo antes de ingresarlo en el Centro de Detención de Seúl en Uiwang, cerca de las mencionadas oficinas. Una vez detenido, la CIO tendrá 48 horas para solicitar otra orden de arresto formal que permita una detención prolongada o, de lo contrario, deberá liberarlo.
El miércoles por la noche, Yoon prometió en un mensaje dirigido a un grupo de simpatizantes congregados frente a su residencia, que “luchará hasta el ultimate para proteger al país”, según informó su abogado Seok Dong-hyeon. “Debido a fuerzas internas y externas que infringen nuestra soberanía y a las actividades de grupos antiestatales, Corea del Sur está en peligro”, aseveró el líder surcoreano. El mensaje, escrito en una hoja A4 y firmado por el propio Yoon, fue entregado a los manifestantes a través de un intermediario, recoge la agencia de noticias Yonhap. La oposición ha criticado duramente sus palabras y lo ha acusado de incitar un levantamiento y movilizar a la extrema derecha para impedir su detención.
El intento de arresto se produce unos días después de que el presidente en funciones, Choi Sang-mok, aprobase el nombramiento de dos de los tres magistrados que deben ocupar los sillones vacantes del Tribunal Constitucional. “Decidí nombrar a los jueces debido a la necesidad de poner fin a la incertidumbre política y al conflicto social lo antes posible, y de evitar una posible disaster económica”, anunció Choi, también ministro de Finanzas. Los letrados elegidos son un candidato propuesto por el gobernante Partido del Poder Widespread (PPP) y otro por la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (PD). El tercer asiento permanecerá vacío hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo.
El máximo tribunal surcoreano debe concluir antes de junio si Yoon violó o no la Constitución al declarar el estado de excepción y si hace definitivo su cese. De acuerdo con la ley, se necesitan al menos seis votos para ratificar una moción de destitución, por lo que la designación de dos magistrados adicionales podría aumentar las probabilidades de que se confirme.
La declaración de la ley marcial por primera vez desde 1980 ha provocado un terremoto en Seúl que está crispando aún más las relaciones entre los dos principales partidos políticos, el liberal PD y el conservador PPP, que se encuentran inmersos en un nuevo e intenso pulso. Después de que saliese adelante la moción de destitución contra Yoon, le sustituyó en el cargo el primer ministro, Han Duck-soon. Sin embargo, Han fue apartado de sus funciones el pasado viernes, también bajo el proceso de moción, acusado de ser “cómplice” del presidente, por negarse a aprobar precisamente los nombramientos para el Constitucional.
La decisión del líder interino no ha sido bien recibida dentro de su propia formación, que ahora le acusa de exceder su autoridad como sustituto y de ceder ante las presiones y amenazas de la oposición. El PD ya había advertido que también sacaría adelante una moción de destitución contra Choi si este no procedía con las designaciones. Varios de los altos asesores de Yoon han presentado su dimisión tras conocer la noticia, según comunicó la oficina presidencial.
Corea del Sur, que está considerada una de las democracias más sólidas de Asia, se encuentra sumida en la incertidumbre desde que, en la noche del 3 de diciembre, su presidente sorprendió al mundo decretando la ley marcial. El mandatario justificó la decisión acusando a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. Pero la medida se topó inmediatamente con el rechazo mayoritario de políticos opositores y de su propio partido. El Parlamento logró ponerle fin en las siguientes horas gracias a una votación extraordinaria celebrada de madrugada mientras los militares, que cumplían órdenes del jefe del Estado, trataban de acceder al hemiciclo e interrumpir la sesión. En los días posteriores, los ciudadanos tomaron las calles con numerosas protestas, mientras la oposición intentaba forzar la caída de Yoon y el Gobierno trataba de controlar la tormenta. La iniciativa para tumbar al jefe del Estado salió adelante al segundo intento, después de que su partido boicoteara la primera votación.
