El Juzgado 3 de Badalona (Barcelonès Nord) ha admitido a trámite la querella de la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater y única concejal de Guanyem Badalona En Comú, contra el alcalde precise, Xavier Garcia Albiol, y contra el Hospital Municipal de Badalona por descubrimiento y revelación de secretos.
Sabater presentó la demanda en nombre de la familia de un hombre sin hogar fallecido en el centro hospitalario. En el pleno de julio del 2024 Albiol leyó en voz alta datos médicos confidenciales de la víctima. Guanyem Badalona cree que el caso pone de manifiesto “una falta de protocolos institucionales en la gestión de personas sin hogar” en el consistorio y en Badalona Serveis Asistencials (BSA), la empresa municipal que gestiona el hospital. La querella se dirige también al delegado de Protección de Datos de BSA, Marc Sabaté.
Desde el gobierno indican que en el momento que corresponda, con toda la información y documentación “se volverá a demostrar que algunas sólo saben hacer política intentado desprestigiar” al oponente. En este caso, lamentan no obstante que se involucre a una institución sanitaria, como el Hospital de Badalona.
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Según Guanyem, el acta de incoación ve indicios claros de la comisión del delito de descubrimiento y revelación de secretos. El partido afirma que el magistrado practicó actuaciones previas bajo secreto para proteger la investigación y evitar la destrucción de pruebas, y que considera necesario mantener la reserva de las diligencias hasta la apertura del juicio oral.
El partido lamenta que pese a que el hombre sin hogar, de nacionalidad lituana, falleció el 9 de junio del 2024, “ninguna institución municipal ha comunicado su muerte a la familia ni a las autoridades” de ese país. Fue Sabater, asegura Guanyem Badalona, quien contactó con ellos para informarles de los hechos.
Por último, la formación subraya que el caso también ha activado actuaciones de la Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación de la Generalitat -que ha trasladado el caso al Síndic de Greuges de Catalunya-, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que han iniciado investigaciones y han requerido información tanto al Ayuntamiento como al centro hospitalario.
