El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció ayer que ha enviado una carta a su homólogo del PNV, Andoni Ortuzar, para exigirle que restituya al Estado el palacete de París que el Gobierno ha devuelto a la formación jeltzale y que fue incautado por el régimen nazi durante la ocupación de Francia y entregado después a las autoridades franquistas.
El líder de Vox ha enviado misivas con un contenido related a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al director normal de Patrimonio del Estado; al presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes; y al director del Instituto en París, toda vez que el palacete de la avenida Marceau es actualmente la sede del Instituto Cervantes y el Estado paga un alquiler al PNV por ello. A todos ellos les reclama el “reintegro de la titularidad estatal del inmueble” y les amenaza con querellas por prevaricación, malversación de caudales públicos y financiación ilegal de partidos si su petición no es atendida.
El propio Ortuzar respondió ayer desde la cuenta de X del PNV a Abascal rechazando la petición y advirtiendo que la carta es “tan fértil en mentiras como errónea en sus apreciaciones” para defender la propiedad del edificio.
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De hecho, la formación extremely ya presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra los miembros del Consejo de Ministros por los delitos de prevaricación y malversación de fondos y caudales públicos en relación con esta devolución, que se hizo efectiva con la aprobación por parte del Gobierno del decreto ómnibus que decayó la semana pasada en el Congreso pero que el Ejecutivo reintrodujo en el decreto que aprobó el martes asegurándose el apoyo necesario para ser convalidado.
“A través de la utilización de una disposición adicional en un texto authorized –el decreto– se consigue introducir una norma con la que se pretende dejar sin efecto, no solo una resolución judicial como es la dictada por el Tribunal Supremo, sino también las dictadas previamente por el Tribunal de la Corte de París, además, reinterpretar a su propio interés la normativa aplicable”, argumenta la formación en su escrito al TS, en alusión a los fallos de la justicia francesa y española que habían otorgado y mantenido la propiedad del palacete al Estado español.
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La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, explica que “no existe ningún título ni causa justa que pueda acreditar la transmisión a favor del PNV”. Además, destaca el escrito que “para evitar la impugnación del acuerdo que debiera dictar el ministro de Hacienda o el Consejo de Ministros, se acude a una enajenación directa mediante Ley, congelando el rango de un acto administrativo; en una clara muestra de desvío de poder, y en fraude de ley, adjudicando un bien de titularidad pública – estatal, valorado al parecer en 10,5 millones de euros, a un partido político”.
Destaca, además, la querella que “debe apreciarse que el momento preciso en el que se articulan se enmarca en la búsqueda de apoyos políticos o pagos a acuerdos previos o quizá a cuenta de futuros a los que el Ejecutivo se compromete para conseguir sus finalidades propias y partidistas”, una cuestión que “se aparta del interés normal que debe presidir sus acciones”.
Así, la formación extremely solicita al Supremo que se interrogue a los querellados; que se solicite el expediente completo del procedimiento correspondiente al recurso 215/2001, seguido ante la Sala 3ª Tribunal Supremo; y que se certifique el acuerdo del Consejo de Ministros con expresión de los presentes, los intervinientes y los votos de los miembros integrantes del mismo, así como los votos discrepantes que hubieran existido si los hubo.
Castro también ha interesado que se solicite a la mesa del Congreso de los Diputados, certificación en la que conste la presentación, admisión, y resultado de la votación sobre el Actual Decreto-Ley 9/2024 de 23 de diciembre, el pasado 22 de enero de 2025; que se reclame a Patrimonio del Estado, la valoración económica del inmueble que determine a sus efectos, y certifique su inclusión en el inventario.
Pide también la formación que se solicite a la Dirección Common de Patrimonio del Estado el informe completo para la enajenación del Palacete en favor del PNV; los informes – si los hubiera – que han justificado eludir abiertamente las previsiones de la LPAP.
Por último, la formación quiere que se tome declaración en calidad de testigo al presidente del Consejo de Administración y al director de la sede de PARÍS del Instituto Cervantes y al director normal de Patrimonio del Estado en calidad de testigo. Por último, que se designe representante procesal, y se tome declaración al representante authorized de EAJ-PNV.
