A la calle contra la especulación inmobiliaria | Opinión

Esta semana puede significar un antes y un después en el mercado inmobiliario: este jueves ha entrado en vigor el final de las Golden Visa, el mecanismo por el que los inversores extranjeros podían obtener el permiso de residencia en España al comprar inmuebles por más de 500.000 euros. Desde este viernes, los nuevos pisos turísticos deberán ser aprobados por el 60% de los vecinos del edificio en el que se encuentren. Y este sábado, el Sindicato de Inquilinas ha convocado movilizaciones para defender el acceso a la vivienda.

“Los permisos de residencia no pueden depender de ninguna inversión inmobiliaria. La vivienda es un derecho y no un negocio especulativo. Hoy ponemos fin a las Golden Visa”. Así anunciaba la mañana del jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el fin de estos visados para ricos, que habría contribuido a terminar con la especulación si hubiese entrado en vigor de forma urgente. Sin embargo, ha tardado un año en ponerse en marcha. Hasta 2023, se concedieron más de 22.400 visados por este procedimiento, la mayoría en Madrid, Málaga, Barcelona, Girona, Alicante, Valencia y Baleares, algunas de las provincias que más sufren los problemas inmobiliarios.

Otro asunto que podrían celebrar quienes sufren el drama de la vivienda es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que desde este viernes impide poner un piso en el mercado de alquiler turístico sin el consentimiento del 60% de los vecinos del edificio. Puede ser algo bueno para que otras personas logren alquilar o comprar una casa; sin embargo, no se está haciendo nada para cerrar los pisos turísticos ilegales que copan el mercado y que son la causa de que los vecinos tengan que abandonar el centro de sus ciudades.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por ejemplo, ya dijo que no hará “nada” para common el precio de los alquileres y por no hacer, ni contrata a los inspectores necesarios para controlar el alquiler turístico sin licencia, que el Ministerio de Consumo cifra en más de 15.200 solo en la capital. Se ha limitado a anunciar el refuerzo de 65 a 75 inspectores, una cantidad del todo insuficiente. En su día, la oposición madrileña criticó duramente la política de Almeida sobre las viviendas turísticas: dijo que el plan del Ayuntamiento supone más facilidades para que los edificios sean comprados enteros por fondos de inversión y cambien de su uso residencial a ser apartamentos turísticos. Una crítica aplicable a la modificación de la LPH, pues si una sola persona posee más del 60% de un edificio, puede abrir los pisos turísticos que desee sin preguntar a nadie.

Fue lo que ocurrió con la Casa Orsola de Barcelona, que el miércoles ocupaba gran parte de la primera página de la edición internacional del The New York Times. En 2021, el fondo Lioness Inversiones SL compró el edificio y decidió no renovar los contratos de alquiler de las viviendas. Su objetivo period sacarlas al mercado del alquiler de corta duración. Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Habitat 3 compraron el edificio, paralizaron los desahucios que estaban en marcha y harán contratos de alquiler público.

Gran parte de la presión para que se paralizaran los desahucios en ese inmueble fue hecha por el Sindicato de Inquilinas, que ha convocado manifestaciones por el derecho a la vivienda este sábado en cerca de 40 ciudades. La convocatoria está siendo animada por colectivos como Redretro, que ha publicado en su perfil de Instagram su última acción en el metro de Madrid, consistente en sustituir los nombres de algunas estaciones: Embajadores por “Embargadores” o Estrecho por “Derecho a Techo”, por ejemplo. Quizá la protesta sea la forma de conseguir el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible.