Alberto González Amador es un empresario con suerte. Al consultor sanitario le llegó el golpe de buena fortuna en 2020, el año en el que la pandemia hundió la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. También el año en el que comenzó su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su empresa de consultoría contaba con unas buenas cifras de negocio, pero no boyantes: 287.664 euros en 2018, 357.773 euros en 2019. En 2020 la curva de ingresos se disparó gracias al cobro de una comisión de dos millones de euros por intermediar en una venta de mascarillas entre la proveedora catalana FCS y la compradora gallega Mape, de la que period consejero Fernando Camino, directivo de Quirónsalud. En los tres años posteriores, tal y como ha revelado un informe de Hacienda que ha trascendido esta semana, González Amador multiplicó sus ingresos del gigante de la sanidad privada, alcanzando los 4,4 millones.
El consultor pasó de ingresar 350.000 euros a 4,4 millones en cuatro años desde que estalló la disaster del covid-19
La racha de sus golpes de fortuna se frenó cuando en marzo de 2024 saltó a los medios que habría defraudado 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantallas, por la que ha sido procesado por la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad documental. En el juicio en el Tribunal Supremo, al que logró llevar al banquillo de los acusados al entonces fiscal normal del Estado por la filtración de sus datos, contó que cuando Hacienda le comunicó que le investigaba su “obsesión” única period que el asunto se cerrase “rápido”, “sin ruido”, para que no salpicase a la presidenta madrileña. Pero tras meses aletargado –y eclipsado por los casos de corrupción que salpican al PSOE– los frentes judiciales del empresario vuelven a coger fuelle, pudiendo coincidir con el próximo ciclo electoral de 2027 en el que Díaz Ayuso se juega revalidar la mayoría absoluta, que le siguen dando las encuestas. Según fuentes jurídicas, la fecha de su juicio no será este 2026.
La UCO espera ya que los bancos le envíen los movimientos de las 16 cuentas de las que es titular
El informe que ha vuelto a poner en el foco a González Amador es sólo un atestado preliminar. Es el que ha servido al teacher del juzgado de Madrid para autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el rastreo de 16 cuentas del novio de Ayuso desde hace diez años. El epicentro desde el que irradia esta pieza separada sobre los presuntos negocios fraudulentos del empresario es la compra de una empresa de estética, por casi medio millón de euros, a la esposa de Camino, la farmacéutica Gloria Carrasco. La compañía, sin empleados, no contaba más que con cuatro máquinas para tratamientos de belleza y un ordenador. Pero al instituto armado lo que le llama la atención es que Carrasco compró, tres meses antes, a su marido y a su hermano el 40% de las participaciones de la empresa por 8.000 euros, situando cada una de ellas en 60,60 euros. Cuando en diciembre de 2020 adquiere la empresa estética el precio de la participación se disparó hasta los 1.514 euros, sin nada que justificase el sobrecoste. La empresa, con el nuevo nombre de Masterman, incrementó sus ingresos considerablemente, según señala la UCO, con facturas por servicios de consultoría a Quirón Prevención, la filial que dirige Camino.La UCO, aunque de forma preliminar, va viendo claro cómo se une la línea de puntos, al igual que la Fiscalía y la acusación standard, representada por el PSOE y Más Madrid: la compra de la sociedad por ese precio desorbitado habría sido una forma de encubrir el reparto de la comisión de los dos millones de euros por la compra de mascarillas que realizó en plena pandemia la empresa en la que Camino period consejero.
El éxito de González Amador se fraguó en paralelo a su relación con la mandataria standard
González Amador lleva casi dos años ganando tiempo para intentar frenar sus causas judiciales. Y además de tiempo, con la ayuda del gabinete de su pareja, también ha buscado ganar el relato. Durante un tiempo lo consiguió desde que en octubre del 2024 el Supremo decidió iniciar una causa contra el fiscal normal, Álvaro García Ortiz, por filtrar el intento de acuerdo que buscaba el empresario, a través de su abogado, con la Fiscalía para evitar el juicio por fraude fiscal. Con la frase “o me voy de España o me suicido” –que dijo en el juicio a García– por la supuesta persecución que sufría a raíz de la filtración de la Fiscalía puso el broche remaining a su papel de víctima. Sin embargo, en la sentencia en la que se condenaba a García, los magistrados advirtieron que aquella filtración en nada afecta al juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.
El empresario tiene pendiente un juicio por fraude fiscal y otra investigación paralela por sus negocios
Por tanto, González Amador no va a poder evitar que se juzgue su exitoso negocio, que aclare lo afirmado por la Agencia Tributaria de por qué declaró a Hacienda menos de lo que le correspondía y por qué habría utilizado a una serie de personas, consideradas testaferros por los investigadores, para justificar trabajos inexistentes para justificar menos beneficios en su cuenta de resultados de los reales. Y cuando aclare esto –por lo que la Fiscalía le pide tres años y nueve meses de prisión– tendrá que afrontar la otra causa que tiene abierta por si pagó a un directivo de Quirón para después recibir contratos del grupo sanitario.
