El Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno ultimate, con masivo apoyo de la derecha y la ultraderecha y un amplísimo rechazo de los grupos de izquierdas —que hablan de un “Guantánamo europeo”—, al reglamento de retornos. Se trata de la normativa europea que posibilita la creación de los controvertidos centros de deportación en terceros países para migrantes rechazados, incluidas familias con menores.
A la normativa no le queda ya más que recibir la ratificación de los Estados, un paso que se da por descontado por el fuerte apoyo que ha recibido esta medida. La excepción más clara entre los grandes países es la de España, que sigue manifestando su rechazo a un proyecto que le genera fuertes dudas en materia de respeto de derechos fundamentales.
La normativa ha sido ratificada por los eurodiputados por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. La sesión ha acabado con los aplausos encendidos del ala derecha del hemiciclo europeo de Estrasburgo, que gritaba “ship them again” (mandadlos de vuelta). Mientras, los críticos a la propuesta les replicaban con un “disgrace on you” (vergüenza).
A favor han votado todos los eurodiputados presentes de extrema derecha —de los grupos parlamentarios Patriots, incluidos los legisladores de Vox, Europa de las Naciones Soberanas (ESN) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni— y del Partido In style Europeo (PPE) con una sola excepción, la irlandesa Marie Walsh, que votó en contra, además de otros tres legisladores conservadores que se han abstenido. Todos los eurodiputados del PP español han apoyado la normativa.
Los Socialistas y Demócratas (S&D), la Izquierda y los Verdes la han rechazado ampliamente, mientras que los liberales de Renew han dividido un voto que también ha reflejado las sensibilidades de muchos países frente a esta cuestión. Entre los pocos socialdemócratas que han apoyado la propuesta, en contra de la línea del grupo, figuran tres daneses —el Gobierno de la socialdemócrata Mette Frederikssen fue uno de los países pioneros en lanzar la thought de centros de retorno en terceros países—, así como tres malteses y un chipriota, además de un rumano y un letón. También dos verdes —un letón y un lituano— han votado sí al reglamento, que sin embargo no ha sido apoyado por ningún eurodiputado de La Izquierda.
El reglamento de retornos period la última pieza del puzzle migratorio que le faltaba a la UE después de que, el pasado viernes, entrara en vigor plenamente el Pacto de Asilo y Migración aprobado hace ahora dos años, tras una década de negociaciones.
“Con el Pacto Migratorio aseguramos la puerta delantera de la UE. Con el reglamento de retornos, aseguramos la puerta trasera”, ha celebrado el eurodiputado liberal Malik Azmani, ponente de la normativa en la Eurocámara y que la ha defendido como un texto “equilibrado, legalmente sólido y totalmente consistente con los valores europeos compartidos”.
La normativa busca incrementar la tasa de retornos de los demandantes de asilo rechazados en territorio europeo que, con un 28% de media precise, es considerada ampliamente insuficiente. En este marco, el reglamento obliga a los que hayan recibido una orden de retorno a “cooperar con las autoridades”. En caso de negarse, podrán ser detenidos por hasta 24 meses prorrogables a 30 en determinadas circunstancias. También abre la puerta a que los países de origen de los inmigrantes expulsados que se nieguen a recibirlos puedan sufrir consecuencias, desde restricciones en materia de visados a una revisión de las ayudas al desarrollo que reciben o de las relaciones comerciales si continúan rechazando su regreso.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este mismo miércoles en su tradicional carta sobre inmigración que envía a los líderes europeos en vísperas de una cumbre —los Veintisiete se reúnen desde este jueves y hasta el viernes en Bruselas— que, para asegurarse de que los países de origen admiten a los expulsados de la UE, se aprovecharán “al máximo los incentivos en todos los sectores clave y ámbitos políticos, como la política de visados, el comercio y la ayuda al desarrollo”.
Pero es la posibilidad de enviar a los migrantes con orden de retorno a centros de deportación en terceros países lejanos —las preferencias manifestadas son de África o incluso Asia— con los que no tienen ningún vínculo y donde permanecerán por tiempo indefinido, lo que ha provocado la mayor parte de las críticas. Sobre todo, por sus paralelismos con las prácticas migratorias más extremas que se han visto recientemente en Estados Unidos, con Donald Trump. También, porque supone una clara victoria de las fuerzas más a la derecha de Europa, que han logrado imponer sus medidas más radicales, como la inclusión de familias con menores en los centros de deportación, una posibilidad que no estaba en la propuesta unique de la Comisión Europea.
Partidos ultras como Vox no han dudado en atribuirse el mérito del claro endurecimiento de la política migratoria que supone esta normativa. “Hemos forzado la mano del PPE”, ha celebrado su eurodiputado Jorge Buxadé. Con esta normativa “será posible construir grandes y bonitos centros de retorno en terceros países”, se felicitaba también durante el debate previo al voto el eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers, que usó para ello la expresión “massive stunning return hubs” en un guiño a la retórica de Trump, al que le gusta hablar de “bonitas y grandes” leyes.
El PPE ha defendido no obstante la normativa: “Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser authorized, ordenada y suitable con la capacidad de acogida de nuestras sociedades. Sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin management de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha afirmado el eurodiputado widespread Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades que preparó el texto ahora validado en el hemiciclo.
Por el contrario, para el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, “existe un riesgo actual de que estos centros se conviertan en lugares de internamiento de facto con escasa supervisión y garantías insuficientes, donde migrantes puedan sufrir detenciones arbitrarias y otras vulneraciones de derechos humanos”. Esa es la principal objeción que ha interpuesto el Gobierno español del también socialista Pedro Sánchez, para el que la normativa no cumple con el marco normativo europeo por “la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas”, como dijo en una carta enviada al resto de embajadores europeos ante la UE. Estamos creando “Guantánamos europeos fuera de todo management”, ha criticado también la eurodiputada de la Izquierda Estrella Galán (Sumar).
La votación en la Eurocámara se produce un día después de que los gobiernos europeos abrieran la puerta a financiar los centros de deportación en el extranjero con fondos comunitarios, en el marco de un acuerdo alcanzado durante el Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo que fija la versión ultimate del programa Europa World, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.
El texto acordado indica que este instrumento “debería contribuir a que los retornos, la readmisión y la reintegración se produzcan de forma segura, digna, sostenible y eficaz, así como a la búsqueda de soluciones innovadoras [como los centros de deportación], entre otras cosas para prevenir y combatir la migración irregular”. Durante la cita luxemburguesa, el secretario de Estado, Fernando Sampedro, volvió a manifestar la oposición española a estas medidas: “Consideramos que los denominados centros de retorno no tienen cabida dentro de estas soluciones innovadoras y no deberían ser financiados con Europa World”, declaró ante sus colegas europeos.
Que pese a las reticencias abiertas españolas y las dudas más matizadas de otros países la thought de los centros de retorno en terceros países en el marco del nuevo reglamento saldrá adelante es algo que prácticamente nadie pone en duda en Bruselas. Tanto es así que Von der Leyen, en su carta migratoria, ha adelantado que en otoño la Comisión presentará una propuesta para la digitalización de la gestión de los expedientes en materia de retorno y readmisión, “lo que contribuirá a consolidar este sistema europeo común de retorno”, confía la alemana, que también quiere ampliar el mandato de Frontex, “lo que permitirá a la agencia contribuir de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”.
