“Migrar es un derecho”, cube de forma contradictoria en un mural colorido y alegre de Agujas, la estación migratoria más grande de México, ubicada en el extremo sur de Ciudad de México. Es el lugar al que conducen a cientos de personas que van a ser expulsadas del país, en menos de 48 horas, por no tener sus documentos migratorios en regla. Allí llevaron a Manuela Fernanda Silva Cortés, colombiana de 23 años, la madrugada del sábado 13 de junio, poco antes de ser deportada a Colombia. Su sensación period ambigua, la de alguien feliz por recobrar su libertad y reencontrarse con los suyos, que aún estaba muy afectada por los casi dos años que vivió en una cárcel mexicana por haber introducido a México ketamina sin su conocimiento, víctima de una organización felony trasnacional.
Las cárceles mexicanas están llenas de historias parecidas, pero la de ella tenía un rasgo inédito. La justicia mexicana reconoció que period inocente y, aún así, la mantuvo presa casi dos meses, además de los casi dos años que estuvo en prisión mientras se aclaraba su caso.
Ni los custodios del reclusorio en el que estaba sabían muy bien cómo actuar. El pasado 31 de marzo le dijeron a Gladys Cortés, la madre de Manuela Fernanda, que su hija recobraría la libertad. “Ese día estábamos felices, lloramos, saltamos; Manu me decía por teléfono, ‘ya mami, ya voy a salir’. Se despidió de las amigas que hizo y regaló sus cosas. La esperaba afuera del reclusorio. Le llevaba comida, flores, una muda, porque le dijeron que por agüero la persona que sale de la cárcel debe dejar todo ahí, hasta la ropa”, cube Gladys, colombiana de 48 años y madre soltera de cinco hijos.
Pasada la una de la mañana, el guardia cerró la entrada sin que Manuela Fernada saliera. Gladys golpeó desesperada hasta que el guardia abrió de nuevo. “Le dije desconsolada: ‘Un momentico señor, por favor, falta mi hija’”, asegura Gladys. El guardia le preguntó a quién esperaba y con la respuesta entró en busca de una razón. Al rato volvió y le dijo que Manuela sí estaba en la fila de salida, pero la devolvieron a su celda porque la jueza no dejó en firme la decisión y la Fiscalía apeló después de que la acusada fuera absuelta.
La visita
Es larga la fila de visitas para entrar al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, conocido como Neza Bordo. En su gran mayoría son mujeres quienes esperan entrar: madres, hermanas, hijas, sobrinas. Están vestidas de rosa, beige, verde o rojo, para contrastar a easy vista con las internas que tienen sudaderas azul rey. Llevan cartas, cosas de aseo para ellas y las cedas, además de comida. Todo en bolsas o recipientes transparentes. Algunas esconden alimentos entre la ropa, que están restringidos o son muy costosos adentro, como la lechuga, y otros encargos para hacer la vida un poco más llevadera.
Para lograr entrar, todos suelen llevar sueltos entre 200 o 300 pesos mexicanos (unos 17 dólares estadounidenses), en billetes de 50 o menos, para pasar los controles sin problemas. La mordida outline cómo es la vida en el reclusorio. Ese día Gladys Cortés está ansiosa, quiere ver a Manuela pronto, pero sabe que puede pasar una hora y media en los trámites de entrada. El tiempo con ella adentro nunca es más de dos horas. Ese sábado estaba decaída, pero siempre sonrió para que su hija no percibiera su tristeza.
El penal es enorme, de cerca de 121.000 metros cuadrados. Es una construcción imponente, de muros de concreto, que reflejan la luz, y altas rejas de colour gris. Alberga a casi 6.000 hombres y mujeres, separados. El área de los hombres es más grande que la de mujeres.
Antes de ser una cárcel, el Bordo de Xochiaca period un gigantesco basurero a cielo abierto y un canal de aguas negras, ubicados en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de México. En 1995, en ese terreno periférico, plano y arcilloso, se construyó la prisión y el palacio de justicia. Quizás por eso, cuando se apaga el sol, se siente un frío sucio, que hiela la nariz y huele a humedad, basura y combustión.
“Hay algo malo en mi maleta”
“Tengo problemas. Hay algo malo en mi maleta”, fue lo último que le dijo Manuela Silva a su madre. Period 25 de octubre de 2024. Gladys Cortés asegura que esa mañana se imaginó cualquier cosa, menos que la maleta de su hija llevara algo ilícito.
Manuela no tenía antecedentes penales, estudiaba Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Santo Tomás, de Bogotá, con ayuda de un crédito del Estado y le faltaba un año para graduarse. Trabajaba para solventar sus gastos, junto a su madre, en una empresa pequeña y acquainted de envío de encomiendas y traslado de mascotas de Colombia a México.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía mexicana, ese 25 de octubre de 2024, a las 23.40, dos guardias nacionales adscritos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibieron un llamado para atender la inspección de una pasajera:
“Traía objetos en su maleta que, de acuerdo con la máquina de rayos X, por sus colores y características, alertó de un materials orgánico en un colour naranja muy intenso. Arrojó que period clorhidrato de ketamina. Dicha sustancia es un medicamento controlado de acuerdo a la Ley Normal de Salud”, escribieron los agentes en su informe. “Le preguntamos si contaba con algún permiso para transportar la sustancia, a lo cual manifestó que no, porque period polvo para preparar agua de sabor”, continúa el documento oficial. La agente Florencia López Maldonado aseguró a la pasajera.
La bolsa tenía la etiqueta “Químicos Chemiandes”, pesaba 107 gramos y el polvo endulzante, sabor a sandía, iba mezclado con ketamina y cafeína, según el informe toxicológico.
La investigación
Un comerciante, hoy investigado por las autoridades y cuyo nombre no puede revelarse, envió por cuatro años paquetes de agua saborizada en polvo de Colombia a México a través de la empresa de encomiendas en la que trabajan Gladys Cortés y su hija Manuela, hasta que fue capturada. Nadie en la empresa sospechaba de él. Luisa Fernanda Cortés, una de las dueñas, recuerda que el día que Manuela fue detenida lo llamó y le reclamó.
El comerciante colgó y bloqueó los números de la empresa, eliminó sus redes sociales y desapareció del mapa. La empresa decidió por eso interponer una denuncia penal en su contra y contratar a un investigador privado en Colombia que, poco tiempo después, dio con su paradero. Con suficiente información recaudada, pusieron en aviso a la Fiscalía Normal de Colombia, que lo capturó. Durante las pesquisas, se desmantelaron dos cocinas clandestinas de clorhidrato de ketamina.
Esta persona confesó que Manuela Silva no tenía thought de sus actividades y había sido engañada. Así quedó registrado en la declaración juramentada que dio en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, el 3 de octubre de 2025:
-Para el día 24 de octubre de 2024, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de México fue capturada una ciudadana de nombre María Fernanda Silva Cortés, con sustancia estupefaciente ketamina. ¿Usted podría indicar si esta persona tenía conocimiento de lo que transportaba o llevaba consigo?
-No, a mí me consta que no, ella no sabía nada.
Con la confesión, la defensa de Manuela en México pidió a la justicia un recurso que se utiliza cuando aparecen pruebas sobrevinientes que podrían ser determinantes. Pidieron una audiencia de sobreseimiento. Los abogados le presentaron a una jueza las pruebas que demostraban que, si bien Manuela introdujo a México ketamina en ese paquete, lo hizo sin su conocimiento.
Un “error invencible”, dijo su defensa, porque no tenía forma de saber que transportaba algo ilícito. La jueza Verónica Gutiérrez Fuentes, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo, analizó las pruebas. El 31 de marzo de 2026, la declaró inocente.
Dijo, sin embargo, que la decisión de dejarla en libertad no quedaba en firme por un recoveco authorized. Manuela Fernanda Silva Cortés seguía presa por una investigación de la que ya había sido absuelta por la justicia.
Desde ese momento, su defensa presentó tres apelaciones para que la justicia mexicana la dejara en libertad. El caso de Manuela fue estudiado por un magistrado en el tribunal de apelación que, ante las pruebas presentadas, reconoció su inocencia y ordenó su deportación a Colombia.
“La Keta”
“Cuando a Manu la capturan por llevar ketamina recuerdo que ni ella ni nosotros, que buscábamos ayudarla, sabíamos qué period eso, qué hacía y por qué period una droga. En Web salía que period una sustancia de uso veterinario y que podía dormir caballos, “, detalló Gladys Cortés.
Sintetizada en 1963 y aprobada para uso humano y veterinario en 1970, la ketamina hace parte de la familia de las sustancias anestésicas disociativas.
En dosis bajas, produce una embriaguez comparable a la del alcohol, pero en dosis altas, o mezclada con sustancias depresoras del sistema nervioso, como alcohol u opiáceos, puede generar un estado de semiinconsciencia, que anula el dolor y la coordinación.
La eclosión de la cultura techno en la década de los 90 en Estados Unidos popularizó su consumo entre jóvenes. En agosto de 1999 la DEA incluyó la ketamina en la Lista III de sustancias controladas. Por eso, aunque sigue teniendo un uso médico y veterinario, se castiga con dureza en toda la región su posesión, producción, distribución y venta sin permisos, muy de la mano de la lucha contra las drogas de Estados Unidos.
El management formal de la ketamina se estableció en México en febrero de 2014, tras ser reclasificada como sustancia psicotrópica mediante una reforma a la Ley General de Salud. Se trata de la ley antidrogas más importante de México que, paradójicamente, no tiene nada que ver con su nombre, porque no aborda el uso de sustancias de uso ilícito desde un enfoque de salud pública o tratamiento médico.
En cambio, la normativa incorporó todo un catálogo de delitos y penas que no distingue si quien porta la sustancia es un consumidor, una mujer coaccionada o engañada por el crimen organizado o un gran distribuidor. A todos les aplica la misma lógica punitiva, que criminaliza a las personas incluso cuando son capturadas con topes muy bajos para algunas sustancias (por ejemplo, 0.5 gramos de cocaína o 5 gramos de marihuana). Ni hablar de la posesión de ketamina, que sin una receta médica se procesa hoy como un delito federal, que puede dar entre 10 a 20 años de cárcel.
La persecución judicial, como en el caso de Manuela Silva, pocas veces impacta los eslabones más fuertes del negocio. Tampoco ha frenado su consumo. Por ejemplo, hoy se aspira en las discotecas “tusi” o “cocaína rosada”, una mezcla impredecible y riesgosa que se puede cocinar en cualquier estufa de ketamina, cafeína, éxtasis y otras sustancias sintéticas, que se popularizó en Colombia desde hace una década, pero que se expende con fuerza, de forma clandestina, en los antros de las principales ciudades de México. Un comercio disputado por los carteles, que incluso ha sido relacionado con la trastienda del asesinato de los músicos colombianos Byron Sánchez (cantante urbano conocido como B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown), en septiembre de 2025.
Corina Giacomello, experta en política de drogas y en el impacto del sistema de justicia penal en mujeres privadas de su libertad en México y América Latina, ha registrado que el foco punitivo sí se ha desplazado de la cocaína hacia las sustancias sintéticas, como el fentanilo y la ketamina, impulsado en gran medida por la agenda de seguridad de Estados Unidos.
Giacomello ve con preocupación que el diálogo sobre políticas de drogas, que fue muy activo entre 2010 y 2016, está “anestesiado” por el auge de liderazgos con miradas prohibicionistas en la región, como Donald Trump.
Aunque México ha mejorado levemente respecto a su propia historia, Giacomello advierte que, en comparación con otras partes del mundo (como Europa occidental), las penas por drogas en México siguen siendo muy elevadas, especialmente las relacionadas con el tráfico. Los delitos de drogas son la segunda causa, solo por detrás del robo, por la que las mujeres permanecen en los centros penitenciarios. Mientras que en los Centros Penitenciarios Federales, los delitos de drogas son la cuarta causa de detención, por debajo del homicidio, la delincuencia organizada y el secuestro.
De 85.547 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, el 56.4% de las mujeres y el 46.2% de los hombres se encuentran en prisión preventiva oficiosa. Es decir, están en la cárcel porque fueron acusados por algún delito de la “lista negra” del Artículo 19 de la Constitución, aunque apenas se esté indagando si tienen o no responsabilidad en los hechos que les endilgan. Da igual si tienen arraigo, si no hay riesgo de fuga o si son inocentes, fueron llevados a la cárcel de inmediato.
“Es por eso que las cárceles de México están llenas de casos como el de Manuela, con algunos elementos comunes: pobreza, marginalización y ser eslabones muy débiles dentro de la gran cadena felony. En el caso de ella, además, creo que la primera jueza se sintió presionada por la reforma de diciembre de 2024, que incluyó en la lista de delitos del Artículo 19 los relacionados con la producción y tráfico de sustancias químicas sintéticas, como la ketamina y el fentanilo”, explica Eduardo Vidaurri, abogado de Manuela.
En ese sentido, Giacomello cree que este país ha avanzado de forma aislada en ciertos beneficios procesales internos (como la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016), pero sigue siendo más rígido y punitivo que sus vecinos latinoamericanos en cuanto a la flexibilidad del sistema para ofrecer alternativas al encierro, en comparación, por ejemplo, con Colombia, que cuenta con la ley de Utilidad Pública, una reciente norma que permite a mujeres cabeza de hogar condenadas por haber cometido delitos en condición de pobreza (como hurto o tráfico de drogas) sustituir la pena de prisión con servicios comunitarios; o Argentina, que aplica para estos casos la detención domiciliaria.
Ni hablar de ser mujer extranjera en el sistema penal mexicano que implica, según Giacomello, enfrentar la prisión en un estado de aislamiento crítico, donde la falta de redes y dinero se traduce en una mayor precariedad dentro de la prisión y dificultades extremas para la regularización de su vida tras una condena. Lidiar con ser colombiana, como Manuela Silva, también es un tema, porque, como reconoce esta experta italiana, existe una thought instalada en la sociedad mexicana de que las personas colombianas vienen a México solo a delinquir, especialmente en el narcotráfico.
El embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, coincide con esa premisa y señala, además, que es cierto que en el contexto migratorio, muchas personas de Colombia han quedado expuestas a las redes de las economías criminales. “La vulnerabilidad en la que se encuentra la gran mayoría es aprovechada por estas estructuras criminales binacionales para ponerlos a su servicio, ya sea en operaciones de tráfico de drogas de uso ilícito, de trata de personas, para operar redes de gota a gota o para que integren los carteles”, indica el diplomático.
La cárcel para ellas
Un informe de febrero de este año del Consulado Normal de Colombia en Ciudad de México, señala que el narcotráfico es el segundo delito con mayor prevalencia en la detención de connacionales en territorio mexicano, después del hurto. De las 312 personas colombianas detenidas, 166 siguen en etapa de investigación, 18 están en juicio y 128 tienen una condena firme. El 87% de la población carcelaria colombiana en México es masculina, pero los impactos de detener a las mujeres son hondos y repercuten mucho más en sus familias, por las cargas de cuidado que tienen, asociadas a los roles de género tradicionales.
Su encarcelamiento no contribuye a desmantelar los mercados ilegales ni mejora la seguridad pública, pero sí perpetúa un ciclo de exclusión social y marginalidad que afecta gravemente a sus familias y comunidades.
En eso está de acuerdo la colombiana Diana Guzmán, directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, que lleva cerca de una década investigando los impactos de las políticas de drogas en la región. “No basta con repensar las políticas punitivas de drogas, tenemos que pensarlas también en clave de género por los efectos desproporcionados que tienen en las mujeres.
Para Guzmán, las rupturas familiares que genera detener mujeres tienen consecuencias muy profundas y el sistema judicial de la región ha sido muy indolente con estas realidades. Además, las mujeres privadas de la libertad enfrentan fenómenos distintos de violencia y enfermedad que se desatan con la cárcel, como la violencia física, sexual o la explotación.
La llamada
Es un viernes de finales de mayo, Gladys Cortés dora en una sartén los perniles de pollo que le va a llevar a su hija al día siguiente en la visita en la cárcel, “así duran más días”, indica. La veo también cocinar arroz blanco, carne de res y garbanzos. Lo hace con cuidado y esmero. Sabe que es la única comida que probará su hija en la semana, porque la que dan en el rancho del reclusorio la intoxicó cinco veces. Estamos en la cocina pequeña del apartamento en el que se queda cuando está en México, ubicado en una calle transitada y in style de la colonia Doctores en Ciudad de México. Pasadas las tres de la tarde suena su celular, deja las ollas tiradas y corre a contestar porque sabe que es Manuela. Está llamando desde el locutorio del reclusorio. Habla rápido, a veces cortado y se escucha ruido detrás, muchas conversaciones al tiempo, en tono angustiante pero ininteligible. Solo tiene 20 minutos, lo suficiente para entender por todo lo que ha pasado.
“Todo lo que uno puede perder en casi dos años de encierro; todas las oportunidades que se fueron; todo el daño psychological y emocional que esto me ha traído. En los primeros meses hasta pensé en quitarme la vida, porque no sabía cuánto iba a tardar para tener un juicio y aquí conocí mujeres que llevan esperando siete años una audiencia”, sostiene Manuela, llorando y con la voz entrecortada. Cuenta que estar presa ha sido un choque muy fuerte: “No estaba acostumbrada a vivir así. Aquí pierdes la dignidad. Me ha tocado soportar amenazas, intimidaciones, insultos, que me desaparezcan la ropa. Nunca me había bañado ni hecho mis necesidades con otras personas, sin puertas ni cortinas. Tampoco había pasado tanto tiempo sin dormir, porque la celda es pequeñita y solo hay un camarote, así que las nuevas duermen en el piso o como puedan. La vida así es muy difícil”.
Pasaron dos mes y medio desde la sentencia que aceptó su inocencia para que la justicia mexicana liberara y deportara a Manuela Silva a Colombia. Gladys Cortés insiste en que durante estos casi dos años en que fue capturada las autoridades mexicanas tuvieron toda la información para desarticular la pink binacional de ketamina que engañó a su hija pero, en cambio, prefirieron mantener su foco en la detención de una joven inocente. Lo cube porque la Fiscalía de Colombia entregó a la Fiscalía mexicana dos tomos de información con declaraciones, direcciones en Ciudad de México, nombres, transcripciones de llamadas y números de teléfonos que identifican a los posibles responsables.
“Manu period su conejillo de Indias. Fueron meses de sufrimiento y angustia. Su detención pausó nuestra vida acquainted. Estuvo enferma, frustrada y muy deprimida en ese tiempo. Pensé que iba a perderla. La deportaron como delincuente, cuando realmente siempre fue inocente. Ahora, debe retomar su vida con los impactos de haber estado en una cárcel sin razón. Nada repara lo que nos han hecho”, concluye.
