Paula Giménez, que publica junto con Matías Caciabue semanalmente artículos originales para El Destape, se encuentra secuestrada en Libia oriental por formar parte del Convoy Terrestre World Sumud Mahgreb que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
El 18 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, a quien señala como uno de los presuntos responsables del derribo de las aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996. El hecho ocurrió luego de reiteradas incursiones de esa organización sobre el espacio aéreo cubano con fines de propaganda política y acciones que las instituciones de la isla habían tipificado como terroristas. La trama de las organizaciones anticastristas radicadas en Miami y sus operaciones contra Cuba fue posteriormente desenmascarada por la llamada “Pink Avispa”, cuya historia fue llevada al cine en 2019 con la película La Pink Avispa (Wasp Community), protagonizada, entre otros, por Penélope Cruz.
El precise ataque de Washington contra una de las principales referencias históricas de la Revolución Cubana se suma al impacto de un bloqueo económico, financiero y energético que mantiene a amplios sectores de la isla en condiciones extremadamente adversas. Esta nueva ofensiva constituye un capítulo más de una larga secuencia de medidas coercitivas unilaterales que han convertido a Cuba en el país sometido a la guerra económica más prolongada de la historia contemporánea. Por sus efectos sistemáticos sobre la población civil, estas políticas pueden interpretarse como formas de castigo colectivo, una práctica expresamente condenada por el derecho internacional humanitario.
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La escalada no se limita a las sanciones económicas ni a las acciones judiciales contra dirigentes históricos de la Revolución. En las últimas semanas, el propio secretario de Estado estadounidense elevó el tono de las amenazas al insinuar la posibilidad de una intervención militar directa contra la isla, reeditando una retórica de fuerza que remite a los momentos más tensos de la relación bilateral. En ese contexto, las autoridades cubanas advierten que ya no enfrentan únicamente una guerra económica prolongada, sino también un escenario de creciente presión política, diplomática y militar por parte de Washington.
La criminalización como arma en la guerra psicológica
El miércoles 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública un acta de imputación contra Raúl Castro. Según el comunicado oficial, la acusación alcanza a “Raúl Modesto Castro Ruz, de 94 años, de Holguín, Cuba”, junto a otros cinco ciudadanos cubanos, por su presunta participación en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves de “Hermanos al Rescate”.
El episodio, que desde la perspectiva cubana se inscribe en el ejercicio del derecho soberano a la defensa de su integridad territorial, fue el desenlace de una prolongada secuencia de violaciones ilegales del espacio aéreo y de las aguas jurisdiccionales de la isla. Durante meses, el gobierno cubano denunció estas incursiones ante las autoridades estadounidenses y diversos organismos internacionales, advirtiendo sobre los riesgos que implicaba la continuidad de esas operaciones.
El gobierno cubano rechazó categóricamente la acusación, calificándola como una provocación política carente de legitimidad y jurisdicción. “La inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y el pueblo cubanos”, afirmó La Habana. En el mismo documento, las autoridades cubanas acusaron además de cinismo a Washington al recordar que EEUU “ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos de su territorio, mediante el uso desproporcionado de la fuerza militar bajo acusaciones no probadas de narcotráfico”, hechos que calificaron como ejecuciones extrajudiciales y asesinatos tanto desde la perspectiva del derecho internacional como de la propia legislación estadounidense.
La judicialización de dirigentes políticos extranjeros ha sido utilizada en otras oportunidades por Washington como herramienta de presión y como fundamento político para operaciones de mayor alcance. El antecedente de las acusaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro ilustra una lógica en la que las causas judiciales exceden el plano estrictamente authorized para transformarse en instrumentos de confrontación militar.
El 8 de mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), uno de los principales conglomerados económicos de Cuba. Las consecuencias de esta política se reflejan con crudeza en la disaster energética que atraviesa Cuba. El 13 de mayo, el Sistema Electroenergético Nacional registró un déficit superior a los 2.000 megavatios, agravando los cortes de suministro que afectan a buena parte de la población. El presidente Miguel Díaz-Canel atribuyó directamente esta situación al endurecimiento de las sanciones estadounidenses y denunció, a través de su cuenta en X, que el país enfrenta “el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de flamable”.
Díaz-Canel precisó que, solo durante esa jornada, dejaron de generarse más de 1.100 megavatios debido a la falta de flamable. La diferencia entre un alivio temporal y una nueva profundización de la disaster energética se mide en la llegada de buques petroleros: durante abril, el arribo de apenas uno de los ocho barcos que Cuba necesita mensualmente permitió otorgar cierto respiro al sistema eléctrico. Sin embargo, las nuevas medidas adoptadas por Washington han restringido aún más esa posibilidad. “Es un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno”, denunció el mandatario cubano.
GAESA en la mira de Washington
Una de las piezas centrales de la nueva ofensiva estadounidense es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado estatal con participación en sectores estratégicos de la economía cubana. A través de su pink de empresas, GAESA interviene en actividades vinculadas al turismo, la construcción, el comercio exterior, los servicios y la logística, áreas que generan buena parte de las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía nacional.
El argumento de Washington sostiene que los recursos administrados por esta estructura benefician a los sectores dirigentes del país y no llegan a la población. Desde La Habana, en cambio, se denuncia que las sanciones contra GAESA constituyen una nueva excusa para profundizar una política de castigo económico que termina afectando al conjunto de la sociedad cubana. En una economía altamente interconectada y sometida a restricciones externas permanentes, la presión sobre uno de sus principales nodos productivos inevitablemente repercute sobre múltiples actividades económicas y sociales.
Aun bajo estas condiciones, el gobierno cubano ha mantenido inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la generación eléctrica, la producción de alimentos, la infraestructura hidráulica, las telecomunicaciones y el sistema de salud pública. Asimismo, impulsa proyectos destinados a ampliar la generación de energías renovables y reducir la dependencia de combustibles importados. La discusión, por lo tanto, no gira únicamente en torno a las limitaciones internas de la economía cubana, sino también alrededor del impacto acumulado de un régimen de sanciones que se extiende desde hace décadas.
“No existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto para que una superpotencia como EE.UU. agreda militarmente a una pequeña isla por la pretensión de unos pocos de cambiar su sistema político”, afirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez.
China como socio estratégico
En medio de la disaster energética y de las crecientes dificultades para garantizar el abastecimiento de flamable, el gobierno cubano ha definido su estrategia no en términos de resignación, sino de “resistencia creativa”. Uno de los pilares de esa política es el impulso a la denominada “Revolución Photo voltaic”, un ambicioso programa destinado a transformar progresivamente la matriz energética de la isla. El objetivo es instalar parques solares fotovoltaicos capaces de aportar alrededor de 2.000 megavatios de potencia hacia 2028, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles importados y fortaleciendo la soberanía energética nacional.
En este proceso, China se ha convertido en un aliado basic. El gigante asiático no solo ha aportado equipamiento para sistemas solares en zonas rurales, sino que también participa mediante financiamiento, transferencia tecnológica y cooperación en infraestructura energética. En un contexto de creciente disputa entre Estados Unidos y China por la conducción de la economía mundial, la cooperación chino-cubana representa una alternativa concreta frente a las limitaciones impuestas por la guerra económica. Al mismo tiempo, permite sostener la operatividad de sectores críticos como la salud pública, la industria y los servicios esenciales.
Mientras la isla enfrentaba nuevos cortes de electricidad, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla participaba en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS celebrada en India. Allí denunció lo que definió como un intento de Washington por restaurar un orden unipolar mediante una estrategia basada en la coerción económica, la presión militar y la imposición de sanciones extraterritoriales.
La solidaridad latinoamericana
Las declaraciones de funcionarios estadounidenses y la posibilidad de una intervención militar directa contra Cuba despertaron preocupación en distintos gobiernos, organizaciones sociales e intelectuales de América Latina. Entre el 3 y el 4 de mayo se multiplicaron los pronunciamientos de solidaridad con la isla.
El presidente colombiano Gustavo Petro fue uno de los más contundentes al afirmar que “una agresión militar contra Cuba sería una agresión contra toda América Latina”. En México, dirigentes y referentes de Morena expresaron públicamente su respaldo al gobierno cubano, gesto que fue agradecido por Díaz-Canel.
La preocupación regional trasciende la situación de la isla. Para numerosos actores políticos latinoamericanos, cada incremento de la tensión entre Washington y La Habana reactiva viejas dinámicas de alineamiento hemisférico y reabre debates sobre soberanía, autodeterminación y no intervención.
El prolongado asedio contra Cuba no puede entenderse únicamente como un diferendo bilateral. Constituye, en muchos sentidos, una expresión concreta de la disputa entre proyectos políticos antagónicos. Por un lado, la utilización de medidas coercitivas unilaterales, mecanismos de presión diplomática y amenazas del uso de la fuerza militar como instrumentos para condicionar el rumbo político de un país soberano. Por otro, la persistencia de un proyecto nacional que, con contradicciones, limitaciones y enormes dificultades materiales, continúa reivindicando su autonomía frente a la potencia que históricamente ha ejercido mayor influencia sobre el continente.
