Hay preguntas que una sociedad madura debería hacerse con regularidad y que, sin embargo, casi nunca aparecen en el debate público europeo. Una de las más urgentes es esta: ¿quién paga realmente la guerra económica que la Unión Europea está librando contra China? La respuesta, cuando se examina con honestidad, resulta clara: la pagan los ciudadanos europeos. La pagan con precios más altos, con oportunidades de desarrollo perdidas, con una competitividad industrial que se degrada lentamente mientras sus instituciones dedican energías enormes a construir murallas proteccionistas en nombre de una seguridad estratégica que, en realidad, no les pertenece.
Durante décadas, la Unión Europea construyó su identidad económica sobre un principio que defendió con fervor misionero: la apertura de mercados. Bruselas predicó las virtudes de la competencia internacional a todo el mundo. El argumento period siempre el mismo: la competencia obliga a las empresas a innovar, a mejorar su productividad, a ofrecer mejores productos a mejores precios, y el gran beneficiado es siempre el consumidor. Ese discurso ha desaparecido exactamente en el momento en que quien compite con éxito es China.
El capitalismo impone la competencia como ley common del mercado, y esa ley se tolera mientras la ganan quienes siempre la han ganado. Cuando China -con su modelo de intervención estatal activa, planificación estratégica a largo plazo y búsqueda deliberada de cohesión social- demuestra que puede ganar también en ese terreno y con esas reglas, la receta cambia de golpe. La competencia deja de ser un principio sagrado y se convierte en un problema que hay que administrar. Aranceles sobre vehículos eléctricos chinos que superan el 40%, investigaciones antisubvenciones con criterios que difícilmente se aplicarían a los propios fabricantes europeos, instrumentos jurídicos nuevos como el Reglamento de Subsidios Extranjeros que apuntan selectivamente a empresas chinas. Todo ello forma parte de una estrategia que, lejos de ser coherente, contradice abiertamente los principios sobre los que el capitalismo occidental construyó su propio relato de legitimidad: libre mercado cuando la ventaja está de tu lado, protección y regulación selectiva cuando el terreno se nivela demasiado.
La aritmética del proteccionismo es brutal en su simplicidad. Si un producto cuesta diez euros y las instituciones europeas le imponen aranceles y cargas adicionales, ese producto dejará de costar diez euros. Esa diferencia no la absorbe el exportador chino. La paga el trabajador europeo que va a comprar ese producto. La paga la familia que busca un coche eléctrico asequible. La guerra comercial se presenta como una defensa de Europa. La factura llega directamente a los hogares europeos. Estamos hablando, en términos económicos precisos, de un impuesto regresivo, no votado y gestionado con opacidad, que afecta proporcionalmente más a quien tiene menos recursos para elegir alternativas.
La ofensiva económica europea contra China no nació en Bruselas. Nació en Washington. La relación se ha ido pareciendo cada vez más a la que existe entre un señor feudal y su vasallo: Estados Unidos identifica al enemigo, la Unión Europea lo adopta como propio; Estados Unidos diseña la estrategia de contención, la Unión Europea la implementa. Mientras tanto, Washington protege sus industrias con el programa de Reducción de la Inflación y subsidios masivos, y resuelve el problema de su competitividad combinando aranceles con inversión pública a gran escala. Bruselas, atada por sus propios dogmas de mercado único, resuelve el problema principalmente restringiendo. Quienes pagan las consecuencias de esa asimetría son, una vez más, los ciudadanos europeos.
Y la estrategia, además, no funciona. Los datos lo demuestran con una claridad que resulta incómoda para Washington. El déficit comercial estadounidense cerró 2025 en 1,2 billones de dólares, prácticamente idéntico al del año anterior. El superávit comercial de China con el resto del mundo no se redujo, sino que creció, pasando de un billón a 1,2 billones de dólares en el mismo período. Así lo documenta el propio Banco de la Reserva Federal de Nueva York, cuyo análisis muestra que China ha respondido a los aranceles reorientando sus cadenas de suministro a través del sudeste asiático: los componentes siguen siendo chinos, el ensamblaje remaining se desplaza a Vietnam o Tailandia, y el producto llega igualmente al mercado estadounidense. La estrategia de contención no ha contenido nada. Ha encarecido la vida de la clase trabajadora, ha generado distorsiones que ocultan la realidad de los flujos comerciales, y ha dado a China el tiempo y el incentivo para diversificar su inserción en la economía mundial de una forma que la hace menos weak, no más.
Conviene recordar, además, que China no ha actuado como un adversario activo de Europa. Durante décadas ha mantenido sus compromisos contractuales, ha invertido en infraestructuras europeas, ha mantenido abierto su enorme mercado inside a las exportaciones europeas. El etiquetado de China como “rival sistémico“ que adoptó la Unión Europea en 2019, siguiendo el marco conceptual impuesto por Washington, no describe una realidad objetiva de comportamiento hostil chino hacia Europa. Describe, sobre todo, una posición europea de alineamiento estratégico con la visión geopolítica estadounidense. Y ese alineamiento tiene costes concretos: cada escalada en la tensión con Pekín conlleva el riesgo de represalias sobre exportaciones europeas fundamentales. La automoción alemana, el lujo francés, la maquinaria italiana o el porcino y el aceite de oliva españoles venden en China más que en ningún otro mercado. Sacrificar esas relaciones en nombre de una confrontación cuya lógica no fue diseñada en Europa es, sencillamente, pegarse un tiro en el pie.
Las posibilidades de cooperación mutuamente beneficiosa son, en cambio, enormes. Europa necesita con urgencia baterías, paneles solares y toda la cadena tecnológica que hace posible descarbonizar su economía. China es el líder mundial en producción de todos esos componentes. Imponer aranceles a los vehículos eléctricos y paneles solares chinos encarece la transición energética para los propios ciudadanos europeos en nombre de proteger fabricantes locales que aún no han demostrado que pueden producir los volúmenes necesarios a precios accesibles.
Europa no se fortalece empobreciendo a sus ciudadanos ni encerrándose en una lógica de confrontación diseñada al otro lado del Atlántico. Se fortalece apostando por una reindustrialización anclada en la iniciativa pública, la planificación estratégica y la innovación orientada al bien común. Y esa fortaleza no exige enfrentarse a China: exige cooperar con ella en la transición energética, en la investigación científica, en la conectividad international. Exige también extender esa lógica cooperativa a los pueblos del Sur international, construyendo relaciones de desarrollo mutuo donde hoy predominan la extracción y la dependencia. Una Europa así concebida beneficia a las trabajadoras y trabajadores de aquí y de allá. La pregunta que sus instituciones aún no han sabido responder es si están dispuestas a servir a ese proyecto, o si seguirán sirviendo a otro.
