La directiva europea sobre transparencia salarial, que tiene como principal objetivo reducir al máximo la brecha salarial entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor, debía aplicarse este domingo en toda la Unión Europea. La normativa comunitaria establece para esa brecha un máximo del 5%. A partir de ese nivel, la empresa debe evaluar, junto a los responsables de los trabajadores, la posible discriminación y corregirla. Si no lo hace, podrá ser sancionada. Los Estados tenían hasta este 7 de junio para adaptar el contenido de la directiva a sus leyes, pero España ha incumplido ese plazo al no haber aprobado ninguna norma para su transposición. Por ello, su aplicación en las empresas queda, en la práctica, limitada o incierta hasta que se apruebe la correspondiente legislación nacional, que el Gobierno cube estar ultimando.
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