Ayer, a la hora de más calor de un día tórrido, pillé de milagro un taxi en una desierta calle madrileña a trasmano de todo y dije de carrerilla: “Buenas tardes, vamos a EL PAÍS, calle Miguel Yuste, 40, perpendicular a Julián Camarillo”. Al oírlo, el conductor, un tipo más o menos de mi quinta que me había hecho la autopsia en vida por el retrovisor mientras me subía a bordo, se giró cual íncubo y me espetó a la jeta como si le hubiera mentado a sus muertos: “Qué, ¿se ha fugado ya a Dubai vuestro amigo Zapatero?“. Impresionante, el nota. En un microsegundo, me había identificado, hecho la ficha, colgado el correspondiente sambenito y creído con derecho a imputarme el delito de pensar al dictado de parte. Nada del otro jueves. A los periodistas nos va en el sueldo, y en la firma, defender nuestra honestidad profesional con nuestro trabajo. El problema es que esa desfachatez y ese desahogo de meter a todas las manzanas en el mismo saco donde puede haber una podrida está ahora mismo envenenando a muchas familias, amigos y trabajos. Así, estos días, personas honradas, socialistas de buena fe con o sin carné que tenían al expresidente como referente ético y que, a la vista del sumario del juez Calama y los joyones de Sonsoles expuestos al escarnio público, se debaten entre la prudencia, el cabreo, la vergüenza, el desánimo, la decepción y la desconfianza, tienen además que justificarse como si los presuntos delincuentes fueran ellos. Y no. Entre poner la mano en el fuego y dictar sentencia sin juicio caben todos esos sentimientos. Y, por el momento, todos son legítimos.
