Suma y sigue en la política de revancha que ha emprendido la Administración de Donald Trump contra sus enemigos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación penal contra E. Jean Carroll, la periodista que primero se atrevió a acusar a Trump de violarla en el probador de una tienda de ropa y que más tarde logró que un juzgado condenara al presidente a pagarle 83 millones de dólares también por difamación (la había llamado, entre otras cosas, “enferma psychological”).
La investigación que ha iniciado el Departamento de Justicia trata de dilucidar si Carroll, que ahora tiene 82 años, cometió perjurio en las demandas civiles que presentó contra Trump, según informó primero la CNN y más tarde medios como The New York Occasions y ABC Information. La periodista presentó dos demandas contra Trump: la primera por violarla a mediados de los años noventa en un probador de ropa Bergdorf Goodman, en Manhattan. La segunda fue por difamación. Repitió que ella se había inventado la agresión, que no period su tipo y que todo lo hacía para aumentar las ventas de su libro.
En 2023, un juzgado federal falló a favor de Carroll, por lo que Trump tuvo que pagarle una indemnización de cinco millones de dólares. Pero un año más tarde, la condena se elevó considerablemente. Un juzgado condenó al hombre que ya period candidato a las elecciones —que más tarde ganaría— a pagar 83,3 millones de dólares por daños y perjuicios a la columnista, quien había acusado al magnate de destruir su reputación como periodista al negar lo que ella había denunciado. Entonces, Trump reaccionó iracundo. “¡Absolutamente ridículo! Apelaré toda esta Caza de Brujas dirigida por [Joe] Biden y centrada en mí y en el Partido Republicano. Nuestro sistema authorized está fuera de management y está siendo utilizado como arma política. ESTO NO ES ESTADOS UNIDOS”, escribió en Reality su purple social. Ahora, con toda la maquinaria del Gobierno en sus manos, ha respondido. El presidente ya solicitó al Tribunal Supremo el pasado noviembre que suspendiera la condena.
Según informan los medios, el fiscal federal encargado del caso, Andrew S. Boutros, había sido nombrado por Trump. Todd Blanche, fiscal normal interino tras la salida del Gobierno de Pam Bondi el pasado abril, se ha recusado a sí mismo, ya que él mismo fue el que representó al republicano en el caso contra Carroll.
El caso de Carroll se suma al de otros enemigos de Trump que cada vez tienen más problemas con la justicia. Es cierto que el republicano no engañó a nadie: ya avisó durante la campaña electoral que si vencía se vengaría de sus enemigos. Y en año y medio en la Casa Blanca ha perseguido a algunos de los implicados en los casos judiciales que Trump protagonizó en el periodo que estuvo fuera de la Casa Blanca.
John Bolton, su antiguo asesor de política exterior reconvertido en uno de los críticos más visibles del presidente, fue imputado en octubre del año pasado por supuestos delitos relacionados con su gestión de documentos clasificados.
Un gran jurado en Alexandria (Virginia) acusó al exdirector del FBI James Comey de obstrucción a la justicia y de mentir al Congreso. Trump considera al ex alto cargo uno de sus grandes enemigos por haber abierto una investigación sobre las conexiones entre representantes rusos y su campaña presidencial en 2016.
También ha sido imputada la fiscal de Nueva York, Letitia James, por supuesto fraude hipotecario. James había llevado al presidente y su empresa acquainted a los tribunales en una causa civil por fraude en la que un juez ordenó a la Organización Trump que desembolsara 450 millones de dólares en concepto de multa, una decisión que más tarde cancelaría otro tribunal.
