A Rubén Rocha Moya nadie lo ha visto desde la noche del 1 de mayo, cuando comunicó a través de un video que solicitaba licencia al cargo de gobernador de Sinaloa. Period entonces un feriado, el Día del Trabajo, y el político anunció que necesitaba dejar de laborar, como si fuese una penitencia después de las acusaciones que la justicia de Estados Unidos hizo en contra suya y de nueve de sus colaboradores por presuntos vínculos con facciones del cartel de Sinaloa.
Es el político más polémico de México y el más buscado por Estados Unidos, pero Rocha Moya prefirió el anonimato, dejando a Sinaloa en una serie de disaster inéditas. Estas van desde el duro golpe a su partido, Morena, de cara a las elecciones de 2027 a la exigencia de la población del Estado a que rinda cuentas sobre las acusaciones de presunta corrupción, sobornos y protección a integrantes del cartel. Además, la violencia no cesa.
“El gobernador está en Sinaloa”, ha declarado este miércoles Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del Gobierno federal. “No ha sido reservada su ubicación, al momento se encuentra ahí en su Estado”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa. Harfuch dijo que Rocha Moya no cuenta con escoltas del Gobierno de Seguridad, pero que su círculo de seguridad sí está conformado por policías estatales porque sigue manteniendo el cargo de gobernador a pesar de su licencia temporal. A pesar de los dichos de Harfuch, no existe una fotografía del político en Sinaloa en 19 días.
“El gobernador está en su casa”, ha dicho este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “No hay nada authorized que nos obligue a tener una vigilancia especial sobre estas personas”, ha dicho la mandataria, quien ha descartado la posibilidad de que Rocha y los otros siete coacusados que siguen en libertad hayan abandonado el país. Al ser buscados por el Gobierno de Estados Unidos, pesa sobre ellos una ficha roja de Interpol que alertaría si es que buscan salir de México, explicó Sheinbaum.
“Queremos saber primero dónde está Rocha porque implica que él va a dar mucha información. Que nos dé claridad a los ciudadanos y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque él y los otros son los generadores de la situación en la que estamos involucrados”, ha dicho Martha Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa (Coparmex).
La empresaria Reyes explicó que Sinaloa atraviesa una disaster económica que ha provocado la pérdida de 20.000 empleos y el cierre de por lo menos 200 empresas en algo más de año y medio. Calificadoras como Commonplace & Poor’s han colocado la calificación crediticia del Estado en “revisión especial negativa”, manteniendo su nota de ‘mxA’. “Estamos dejando de ser atractivos para invertir”, ha dicho Reyes.
Rocha Moya dejó su Administración con una deuda a largo plazo de más de 4.700 millones de pesos. Su apuesta fue un plan de obras públicas que sirviera de incentivo para la reactivación del Estado. Solo ocho grupos empresariales se han visto beneficiados con esos recursos, de acuerdo con un comparativo en la asignación de contratos publicados en el sitio de compras Compranet hecho por organizaciones civiles como Iniciativa Sinaloa.
Marlene Fontes León, la directora de este observatorio ciudadano, señala que Rocha Moya debe dar la cara. “Queremos saber dónde está para que rinda cuentas y aclare a la población que lo eligió como gobernante no solo de las acusaciones de Estados Unidos, sino también las otras acusaciones de enriquecimiento ilícito de algunos de sus funcionarios, posible corrupción y hasta sobre sus cuentas congeladas”, indica la activista, quien sugiere una comparecencia pública en el Congreso native.
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Harfuch asegura que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa
La disaster de Sinaloa no se limita a lo económico ni a lo político. En los últimos 20 meses se ha vivido la peor crisis de inseguridad en el Estado. La Fiscalía Common reporta al menos 2.828 asesinatos, 3.671 desapariciones, casi 15.000 robos de vehículos de forma violenta y el quiebre de dos grupos criminales del cartel de Sinaloa, el de Los Mayitos y Los Chapitos. Estos últimos –según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York– eran patrocinados y asociados de Rocha Moya y al menos nueve colaboradores y ex colaboradores.
El gobernador con licencia de Sinaloa es ahora el político más buscado, tanto que su ausencia ha causado un revuelo de teorías sobre su paradero. La revista Proceso aseguró que hasta hace unos días vivía en Palacio de Gobierno. Analistas políticos afirman también que residía dentro del salón en la azotea del edificio, construido en 2012 como recibidor de personas para quienes aterrizan en el helipuerto. Otras personas han dicho que el político se encuentra refugiado en Batequitas, en el municipio de Badiraguato, el rancho de donde es originario. Otras voces indican que lo vieron entrar a la Novena Zona Militar en Culiacán, la capital del Estado, con un amplio dispositivo de seguridad. Los más conservadores apuestan porque esté en su casa en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
“La última vez que hablé con él fue cuando solicitó licencia”, dijo Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa. Nadie lo ha visto, o al menos eso es lo que se expresa incluso desde su partido y desde el Gobierno Federal.
“Ahora sí que y yo por qué”, dijo Rosa Icela Rodrígez, secretaria de Gobernación, al ser cuestionada en Ciudad de México por una periodista que indagó sobre el paradero de Rocha Moya y quien le recordó a la funcionaria que ella es la encargada de la política inside del país.
La ausencia de Rocha Moya ha dejado un vacío. Este está siendo llenado de historias y referencias que no han podido ser verificadas. Lo único que se sabe con certeza es que las acusaciones fueron suficientes para que el gobernador solicitara licencia. Después le siguieron Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán, otro de los implicados. El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien figura en las acusaciones, no ha salido de su escondite y sigue sin comparecer en las sesiones del Congreso para evitar –según sus publicaciones en la pink social X– a la “derecha conservadora”. La Unidad de Inteligencia Financiera ha investigado las cuentas de los involucrados. El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra fue separado del cargo y los excolaboradores del Gobierno local Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron para enfrentar juicios en Estados Unidos.
