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La Unión Europea llegó a un acuerdo, que debe aprobarse en febrero, llamado ‘Diligencia sobre sostenibilidad corporativa’. Una norma por las que las grandes empresas tendrán que respetar una serie de obligaciones en materia de medioambiente y derechos humanos. Las ONG denuncian la presión de los ‘lobbies’ que han hecho que se haya quedado fuera de esta normativa el sector financiero.
“Esta directiva va a imponer obligaciones a las grandes empresas, principalmente las empresas transnacionales, para identificar y prevenir los riesgos de violación a los derechos humanos y al medio ambiente en sus actividades, pero también en las actividades de sus subcontratistas”, explica Juliette Renaud, responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia.
Esta normativa afecta a las grandes empresas que tienen un volumen de negocio superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados y también a las que facturan 40 millones de euros y tienen 250 empleados, a condición de que la mitad de los beneficios se generen en sectores sensibles como el textil o la minería.
Si no cumplen con los estándares, se les podrá imponer una multa del 5% del volumen de negocio. “Es importante porque abre la posibilidad para las personas afectadas, las víctimas incluso que están fuera de Europa, de pedir tener acceso a la justicia ante las cortes europeas”, aclara Renaud.
Ha habido alrededor del mundo muchas tragedias que tienen que ver con el accionar de empresas internacionales que subcontratan servicios en países terceros. Por ejemplo, la tragedia del Rana Plaza, en Bangladesh en abril del 2013, donde un edificio de nueve pisos, en el que había cinco talleres textiles que trabajaban para empresas como Benetton, Mango o El Corte Inglés se derrumbó. Un complete de 1.138 personas murieron y 2.000 resultaron heridas. Pero también hay otros casos en Colombia con las minas o el asesinato de Berta Cáceres en 2016, la activista hondureña que se oponía a una presa donde había empresas europeas.
Sobre si estas nuevas normas permitirán evitar este tipo de dramas, Juliette Renaud se muestra expectante y un poco dubitativa. “Una cosa es la ley y otra es la práctica”, explica. “Todavía se están definiendo algunos detalles técnicos para las últimas negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que son los Estados miembros, y el Parlamento Europeo. Lo que vimos en los últimos meses de negociaciones es que se fue debilitando la norma y entonces lo que nosotros tememos es que haya brechas de las que se aprovechen las empresas para seguir actuando con impunidad.
El rol de los lobbies en el debilitamiento de la normativa
Algunas ONG se quejan de que se ha dejado fuera de esta normativa el sector financiero porque habrían ejercido presión en Bruselas, según una investigación del medio francés Mediapart.
“Siempre es muy opaco lo que hacen los lobbies, los grupos de presión, pero hay investigaciones que mostraron el accionar del fondo de inversión, BlackRock, por ejemplo. Pero sabemos que hay otros bancos que también hicieron presión y lo que fuimos denunciando es el rol de Francia, del Gobierno francés, para realmente ser el portavoz de esos lobbies. Fue muy activo para que el sector financiero sea excluido de la norma. Y eso es sorprendente porque en realidad la ley francesa que ya existe cubre los bancos y el sector financiero”, afirma Renaud.
Insuficiente para luchar contra el cambio climático
Las organizaciones no gubernamentales deploran que la defensa del medio ambiente ha quedado muy limitada y eso por dos razones: la falta de responsabilidad jurídica para las empresas que no cumplan y la falta de definición de daño ambiental.
“El problema es la definición de lo que es un daño ambiental que es muy acotada. Aquí lo que simplemente hacen es una lista de normas internacionales que son muy limitadas. Nosotros queríamos que se adoptara una definición como en el derecho francés, en el que se cube que el daño ambiental es lo que daña al agua, al cielo, al aire, etcétera. Y lo que quedó fuera por la presión de Francia es la responsabilidad jurídica”, lamenta y pone como ejemplo el juicio que tienen contra TotalEnergies por un megaproyecto en Uganda y Tanzania por los daños ambientales.
“Nosotros tenemos la ley francesa, pero en otros países de Europa la contaminación del suelo va a quedar fuera. Incluso el Acuerdo de París sobre el cambio climático quedó afuera de la lista de normas internacionales que se han incluido”, denuncia la experta.
Para Juliette Renaud, esta normativa es un primer paso, pero también “una oportunidad perdida”, una ley que “se debilitó mucho por la presión de los lobbies.”. “Ahora hay que pelear para ponerla en práctica y también para que ese nivel de ambición, que no es suficiente, no sea un ejemplo para el resto de los países y que se puedan adoptar leyes más ambiciosas, por ejemplo, a nivel de la ONU, donde se está negociando un tratado”, concluye la responsable de campaña de Amigos de la Tierra Francia.
