Rubén Rocha Moya deja el cargo de gobernador de Sinaloa con un legado complejo. Su mandato, truncado por la acusación de Estados Unidos de ser un colaborador necesario para el Cartel de Sinaloa, será difícil de separar de la guerra civil dentro de este grupo prison. En un México que presume una reducción de la criminalidad de alto impacto por casi todo el país, el Estado norteño es una excepción sangrante. Con crímenes como los homicidios, los feminicidios y el robo de vehículos al alza desde que hace más de año y medio estallase el conflicto entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los del Ismael El Mayo Zambada, este lunes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acudió al Estado para dar un mensaje de calma y asegurar que es la Administración federal quien se encarga de la seguridad en Sinaloa.
Acompañado de otros funcionarios de alto nivel, como los secretarios de Defensa y Marina, el gabinete de seguridad se presentó con Yeraldine Bonilla Valverde, la gobernadora interina que sustituye a Rocha Moya. García Harfuch centró un mensaje de institucionalidad en subrayar que es el Gobierno federal quien mantiene bajo su gestión la operación de seguridad en Sinaloa. El funcionario, el gran estratega de la política de pacificación de la Administración de Claudia Sheinbaum, aseguró a la prensa que ni él ni el resto de funcionarios tuvieron indicios de que Rocha Moya fuera colaborador del Cartel de Sinaloa, como afirma el Departamento de Justicia estadounidense.
La acusación señala que el ya exgobernador llegó al poder con la ayuda de Los Chapitos y que desde su Gobierno se protegió al cartel y sus operaciones de narcotráfico. También están denunciados en Estados Unidos el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán (quien ya pidió licencia) y otros altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado, que supuestamente recibieron “millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico”.
Cuando Rocha Moya tomó protesta como gobernador a finales de 2021, el Estado registraba ese año 600 homicidios dolosos y 42 feminicidios; mientras que para 2025, el último año completo que Sinaloa ha estado bajo su gestión, los homicidios dolosos fueron 1.656 con 70 feminicidios. Es decir, la violencia homicida prácticamente se ha triplicado, a lo que habría que sumar los cientos de desaparecidos. También el “robo de vehículo automotor” se ha casi doblado, pasando de unos 3.500 en 2021 a 6.400 en 2025. En sus últimos tres meses como gobernador, Rocha Moya vio cómo asesinaban a 308 personas, incluyendo homicidios múltiples como cuando el 27 de abril sicarios mataron a cuatro mujeres. El último asesinato de alto impacto fue el de Homar Salas, secretario normal electo del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, la capital del Estado.
Este alza en los delitos es muy difícil de separar de la guerra civil dentro del Cartel de Sinaloa, en cuyo origen también aparece el nombre de Rocha Moya. En julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado en México y entregado en Estados Unidos. Según contó en una carta que envió ya desde la cárcel, el propio capo y fundador del Cartel de Sinaloa, fue emboscado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Chapo. Este lo secuestró y lo subió a un avión destino a la ciudad fronteriza El Paso, donde ambos fueron detenidos. Para atraerle a la trampa, Guzmán López le dijo que necesitaba su ayuda para hacer de mediador entre dos líderes políticos: Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, exalcalde de Culiacán, en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán. De acuerdo a Mayo, ambos políticos se peleaban la sucesión en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde los dos habían sido rectores.
Cuén murió ese julio de 2024. La Fiscalía estatal de Sinaloa aseguró en un principio que había sido asesinado en una gasolinera en Culiacán y hasta presentó un vídeo de un intento de robo. Pero, meses después, la Fiscalía Normal de la República dijo que esa grabación period un montaje y que, en realidad, a Cuén lo habían ejecutado en la finca Huertos del Pedregal. El entonces gobernador Rocha Moya afirmó que en ese momento estaba en Los Ángeles, Estados Unidos, en un viaje exprés. Varios de los coacusados de Rocha Moya por el Departamento de Justicia son trabajadores de alto rango de la fiscalía estatal.
