El gobierno mexicano, principalmente a través del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría del Bienestar, ha contratado empresas que presentaron documentación falsa o incumplieron requisitos. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2025 se asignaron contratos por casi 4.000 millones de pesos a proveedores sancionados. Esto afecta la calidad de bienes y servicios entregados a los ciudadanos, incluyendo insumos médicos y servicios de limpieza. Las adjudicaciones directas representan el 40% del gasto, muchas veces sin justificación. Esta situación evidencia una falta de coherencia entre el discurso público y la implementación de políticas, poniendo en riesgo la operación de las instituciones y la vida de los ciudadanos.
El gobierno mexicano, principalmente a través del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría del Bienestar, ha contratado empresas que presentaron documentación falsa o incumplieron requisitos. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2025 se asignaron contratos por casi 4.000 millones de pesos a proveedores previamente sancionados. Esto afecta la calidad de bienes y servicios entregados a los ciudadanos, pudiendo impactar incluso en tratamientos médicos. Se destacan casos como el de la Secretaría del Bienestar contratando a una empresa recientemente inhabilitada, y el IMSS contratando servicios de limpieza a empresas sancionadas por mal desempeño. El problema se agrava con el alto uso de adjudicaciones directas, que representan 4 de cada 10 pesos gastados, muchas veces sin justificación adecuada.
El reporte es de Jesica Moguel.
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