Con la polvareda levantada por la muerte de dos agentes de la CIA en México todavía humeante, una nueva polémica abre otro frente en la relación bilateral. A poco más de un mes de las cruciales negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio (TMEC), México y Estados Unidos atraviesan un bache que amenaza con ser largo y profundo. La disputa sobre qué estaban haciendo exactamente los dos agentes de la CIA, muertos en un accidente en las montañas de Chihuahua el 19 de abril, ha precipitado este lunes la renuncia del fiscal del Estado norteño. Pero mientras la presidenta, Claudia Sheinbaum, presionaba para esclarecer lo ocurrido, el embajador estadounidense lanzaba unas duras declaraciones el viernes de la semana pasada. Desde la simbólica tierra de Sinaloa, Robert Johnson exigió “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para las inversiones estadounidenses. Y cerró su intervención diciendo: “Es possible que pronto veamos acciones significativas en esta materia. Estén atentos”.
A partir de esa frase last, entre premonitoria y amenazante, una información de este domingo en Los Angeles Occasions asegura que la Administración de Donald Trump ya tiene en marcha una campaña dirigida contra políticos mexicanos con vínculos con el crimen organizado. No es la primera vez que desde el otro lado de la frontera se pone el foco en la corrupción, con su derivada tanto económica como de seguridad, relacionada con la pink de impunidad y complicidad con el crimen. Pero en este caso la ofensiva cobra mayor relevancia, ya que México y Estados Unidos están ya sentados en las mesas preparatorias para la renegociación del TMEC, que arranca oficialmente a finales de mayo.
La renovación del acuerdo comercial es una prioridad máxima para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que se juega el blindaje de tres cuartas partes de sus exportaciones en medio del turbulento escenario económico world, amenazado por el proteccionismo de Trump y la asfixia energética provocada por la guerra contra Irán. De hecho, el mismo viernes que el embajador cargaba contra la incertidumbre jurídica desde Sinaloa, la mayoría morenista en el Congreso presentó una iniciativa que plantea aplazar a 2028 las elecciones de jueces que están convocadas para junio del próximo año. Los comicios judiciales son otra fuente de críticas tanto de empresarios nacionales como extranjeros, que ponen en duda la capacidad e independencia de los nuevos juzgadores elegidos en las urnas para lidiar con los delicados procesos mercantiles y comerciales.
Tras la ofensiva del embajador exigiendo más efectividad contra la corrupción, Sheinbaum salió primero al paso respondiendo con una media sonrisa: “Es lo que estamos haciendo”. También ha reaccionado este lunes a la supuesta campaña iniciada por Washington: “Si hay una investigación de alguna fiscalía contra algún servidor público en México, tiene que haber pruebas y evidencias claras. Nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga pruebas de corrupción”, señaló durante su conferencia matutina, para rematar con un mensaje con tono de contraataque: “Y también, en Estados Unidos, tienen que revisar casos en Estados Unidos”. De hecho, la mandataria aprovechó para anunciar que México ha solicitado a Washington la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad que están involucrados en el fraude del huachicol fiscal. Sin embargo, Sheinbaum cerró el tema con un mensaje: “Nosotros no queremos tener una mala relación con el Gobierno de los Estados Unidos, pero tienen que respetarnos”.
La información de Los Angeles Occasions apunta a un endurecimiento de las acciones que ya ha emprendido relacionadas con sus investigaciones sobre posibles vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado. Ahora no se trataría solo de la cancelación de la visa de entrada a Estados Unidos para los sospechosos, entre ellos el precise gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, de acuerdo al diario angelino, sino que ya estarían preparadas “denuncias penales ante tribunales estadounidenses, incluyendo a miembros de Morena”. Las denuncias, de producirse, golpearían la línea de flotación del morenismo, fundado con la regeneración política y el combate a la corrupción entre sus banderas principales.
La oleada de cancelación de visas comenzó ya el año pasado, afectando a por lo menos medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos, según fuentes citadas por medios estadounidenses. El Gobierno mexicano ha tratado desde entonces de minimizar todo lo posible el impacto, asegurando no tener constancia sobre quiénes son los afectados y señalando a Washington por no compartir esa información con su Gobierno. Los nombres del gobernador Rocha y del excoordinador del Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, han circulado con insistencia por los mentideros políticos. Uno de los pocos casos confirmados es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de Morena, y su esposo, el político Carlos Torres, quien estuvo en el opositor PAN y después saltó al morenismo.
Mientras tanto, la polémica por los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua no se apaga. El Gobierno informó este fin de semana que los dos agentes de la CIA que fallecieron en un accidente de coche al regreso de una misión en Chihuahua entraron al país, respectivamente, como turista y con pasaporte diplomático. El gabinete de Seguridad reiteró en un comunicado que el Gobierno federal no fue informado ni tenía conocimiento de que los dos agentes extranjeros estaban en el país para participar en operativos conjuntos con el Gobierno de Chihuahua, gobernado por la oposición panista, que en un primer momento aseguró que los agentes solo estaban cumpliendo tareas de formación y entrenamiento a policías mexicanos.
Tras una investigación interna, el fiscal estatal, César Jáuregui, ha renunciado a su cargo reconociendo que la información con la que contaban “period inconsistente y ameritaba una investigación”. De la misma manera, la presión ha obligado a la gobernadora, Maru Campos, a anunciar que comparecerá este martes en el Senado. El fantasma de la injerencia estadounidense, una constante desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, vuelve a asomar con fuerza, combinado ahora con el de la cacería de políticos corruptos desde el norte de la frontera.
