El Ayuntamiento se personará como acusación en los casos más graves de multirreincidencia

Uno de los plenos municipales más cortos del presente mandato ha dejado este viernes por parte del gobierno de Jaume Collboni dos titulares que no estaban previstos en el orden del día. Uno sobre vivienda y otro sobre seguridad; casualidades de la vida, o no tanto, las dos principales preocupaciones de los barceloneses. Sobre la disaster habitacional, el teniente de alcalde Jordi Valls ha anunciado la compra por tanteo y retracto de otro edificio en el corazón del Eixample. Y en la cartera de orden y ley, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento empezará a personarse como acusación en los casos más graves de delitos de hurto perpetrados en Barcelona por criminales multirreincidentes.

Tras celebrar que este tipo de casos juzgados en la capital catalana hayan crecido un 40%, el líder del PSC ha recordado que la nueva ley que reforma el tratamiento penal de la reiteración delictiva habilita a los gobiernos locales a intervenir de manera directa en los procedimientos de hurto con el agravante de multirreincidencia. 

Lo ha expuesto el alcalde al responder a una dura intervención del presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, que ha dicho que la seguridad en los barrios “es un despropósito” y ha recordado que en la última semana se han registrado dos homicidios. “Usted –le ha reprendido Collboni– sigue con el raca raca de la sensación de inseguridad, y yo le doy datos y resultados. ¿Es suficiente? No. ¿Estamos satisfechos? No. Pero vamos en la buena dirección”.

El alcalde ha hecho referencia a la prueba piloto iniciada hace dos años centrada en el apoyo jurídico a las víctimas de este tipo de fechorías. Son multitud las personas que deciden no denunciar, pero en la mitad de los 10 casos en los que el Consistorio acompañó a los afectados y puso su ejército authorized a su disposición, el apandador terminó entre rejas. “Eso nos animó a seguir adelante y ahora daremos el paso siendo nosotros mismos parte de la acusación”. 

En materia de vivienda, BComú ha intentado sacar los colores al PSC sobre la promoción de pisos sociales. Según los comunes, el gobierno socialista se está apoyando en empresas que solo buscan el beneficio private, mientras que en otros países brillan con luz propia cooperativas sin ánimo de lucro o que se contentan con ganancias por debajo del 10%. Se respira, en los últimos tiempos, una enconada batalla por el relato sobre la disaster habitacional, con el PSC y ERC alineados y los comunes tratando de poner volquetes de tierra de por medio. 

Ha respondido Valls con su ordinary parsimonia que el Ayuntamiento piensa contar “con el máximo número posible de actores” para promover pisos asequibles. Esto incluye, además del propio músculo municipal, el promotor metropolitano público-privado HMB, el Institut Català del Sòl y los concursos para que cooperativas gestionen durante 75 años pisos de alquiler a precio asequible. 

En esta paleta de opciones también juega un papel importante el tanteo y retracto que acaba de brindar por 4,6 millones de euros (un 21% por debajo de la media del precio de mercado, según el Ayuntamiento) un nuevo edificio, en este caso el número 161 de la calle Diputació. Son 14 pisos (13 de ellos están vacíos) que una vez rehabilitados por valor de 1,5 millones de euros pasarán a ser ocupados por personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda oficial protegida. Según cálculos municipales, el mandato terminará con cerca de 5.500 pisos públicos promovidos (terminados o en ejecución). ¿Suficientes? No tiene pinta? Satisfechos? Eso va por barrios.