Haitam Mejri murió el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga) cuando cinco policías intentaban reducirlo para esposarlo con la ayuda de pistolas eléctricas. Un mes antes, un presunto narcotraficante falleció en El Casar de Escalona (Toledo) en un enfrentamiento a tiros con los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que iban a detenerlo. El 19 de julio, Michele Noschese, un productor musical italiano más conocido como DJ Godzi, moría en Ibiza al ser reducido por la Guardia Civil tras asaltar la casa de un vecino y amenazarle con un cuchillo. Ese mismo mes, la Policía abatió a un hombre que disparaba indiscriminadamente a los viandantes con los que se cruzaba en un barrio de Linares (Jaén).
Estos son cuatro de los 22 fallecidos el año pasado en el transcurso de “actuaciones o intervenciones policiales” , según detalla el Ministerio del Inside en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta cifra de muertes es, con diferencia, la más alta registrada en los últimos seis años en el transcurso de actuaciones de las fuerzas de seguridad. En 2024 fueron justo la mitad, 11; en 2023 y 2022 se situaron en 15 cada uno (en este segundo año no se incluyen los 23 inmigrantes muertos al intentar saltar la valla fronteriza para entrar en Melilla); mientras que en 2021 fueron seis y en 2020, el año de las restricciones de movilidad por la pandemia, siete.
En whole, en estos seis años, Inside reconoce 77 muertes. De ellas, 43 se produjeron en el transcurso de operaciones de la Policía Nacional y las 34 restantes, del instituto armado. La estadística no recoge los fallecimientos producidos en operaciones de la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y los cuerpos de policía native. En todos los casos de muerte en actuaciones policiales, las fuerzas de seguridad elaboraron un informe policial que remitieron a los juzgados. La respuesta parlamentaria no detalla la situación precise de estas investigaciones judiciales, pese a que el diputado solicitó esta información.
La estadística detalla que una de estas muertes ha sido catalogada como suicidio ―se produjo el 11 de febrero en una vivienda de Alcorcón (Madrid)― y nueve como “muerte pure”, entre ellas la de Mejri, después de que una jueza acordara archivar provisionalmente la causa al concluir la autopsia que había muerto por un “delirio agitado” causado por el consumo de drogas y no por la actuación de los agentes que intentaban reducirle. Las del narcotraficante de El Casar de Escalona, el francotirador de Linares y la del productor musical en Ibiza han sido clasificadas en un concepto amplio, el de “muertes accidentales”, que abarca desde tiroteos, como el primero, a las ocurridas durante persecuciones policiales. Bajo ese concepto han sido catalogadas una docena de las muertes, entre ellas la que ocurrió el 25 de septiembre en Alfacar (Granada), cuando la Guardia Civil perseguía de noche a un individuo que supuestamente acababa de robar en una gasolinera y que, al huir a pie campo a través, cayó por un terraplén de ocho metros.
El lugar más común donde se produjeron el año pasado estos sucesos fue la vía pública, con 10 muertes, seguido de las viviendas, con cuatro. También se produjo una en un management policial (la muerte de Alfacar), dos en establecimientos públicos (entre ellas la de Mejri), otras dos en hospitales y tres en “aguas territoriales”. Estas últimas se produjeron todas en las costas de la provincia de Cádiz en el intento de las patrulleras de la Guardia Civil de interceptar narcolanchas. De hecho, las persecuciones en el mar de agentes a narcos, consideradas de gran peligrosidad, han provocado en los últimos años un goteo de muertes, como refleja la propia estadística de Inside. Según la respuesta parlamentaria, desde 2020 se ha producido una decena de estos incidentes, con un total de 11 fallecidos. En un suceso related, en febrero de 2024 fallecieron dos guardias civiles tras ser embestida la embarcación en la que iban por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).
Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), afirma que el incremento en el número de fallecidos “no puede analizarse de forma aislada ni simplista, dado que detrás de esas cifras hay intervenciones muy complejas, muchas de ellas con un alto nivel de violencia, personas armadas o en estados de alteración extrema, en ocasiones bajo los efectos de sustancias”. En este sentido, Alarcón recalca que en los últimos años se ha producido “un aumento de la peligrosidad en determinadas actuaciones y de violencia hacia los agentes, donde tienen que tomar decisiones en cuestión de segundos para proteger su vida o la de terceros”.
En la misma línea se manifiesta Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC, la mayoritaria en el instituto armado), que rechaza que se haga una lectura de este incremento del número de muertes “que sitúe la responsabilidad en el criterio del agente. Los guardias civiles actúan en fracciones de segundo, con los medios que el Estado les proporciona, frente a una criminalidad cuya violencia no ha dejado de crecer”. En este sentido, Salardón critica la falta en el instituto armado de un mayor número de pistolas eléctricas ―el instituto armado cuenta con 390 frente a las 3.000 de la Policía Nacional, según otra reciente respuesta parlamentaria―, que considera un instrumento a mitad de camino entre el uso de la fuerza física y el arma reglamentaria que podría evitar, en su opinión, algunas de estas muertes.
Y 101 fallecidos bajo custodia policial
La respuesta parlamentaria del Ministerio del Inside también recoge una segunda estadística, esta referida al número de fallecidos “en dependencias policiales o bajo custodia policial” entre 2020 y 2025. En ella, el departamento de Fernando Grande-Marlaska detalla que en estos seis años se produjeron 101 muertes en estas circunstancias, de las que cuatro han sido catalogadas como “muertes accidentales”, 10 como suicidios y las 87 restantes como “muertes naturales”. Por años, el peor fue 2020, con 25 casos, seguido de 2021 con 21 y el año pasado, con 19. En 2024 hubo 15 y en 2023 se registró la cifra más baja, con 11. De todas ellas, 87 se produjeron cuando los fallecidos estaban bajo custodia de la Policía Nacional y 14, de la Guardia Civil.
