Cada mañana, al amanecer, se repite la misma escena en las cárceles iraníes. Desde el lunes 20 de abril, se ahorca al menos a un hombre cada día. Un ritmo escalofriante que, según las ONG y los expertos, pone de manifiesto una aceleración vertiginosa del recurso a la pena de muerte por parte de la República Islámica desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el 28 de febrero.
Irán ejecutó este jueves 23 de abril, a Soltanali Shirzadi Fakhr, condenado por colaborar con el Mosad y pertenecer al grupo opositor MEK, en el quinto ahorcamiento de la semana por supuestos lazos con Israel.
El miércoles 22 de abril, las autoridades anunciaron la ejecución de Mehdi Farid, de 55 años, declarado culpable de tener vínculos con el Mossad. Antiguo empleado de la Organización Iraní de Energía Atómica, había sido detenido en 2023.
El día anterior, otro hombre, Amirali Mirjafari, había sido ahorcado, acusado de colaborar con Israel y Estados Unidos, y de intentar incendiar una mezquita en Teherán durante las manifestaciones de enero. El lunes, otros dos condenados, presentados como miembros de una pink de espionaje, habían sido ejecutados al amanecer.
“Se observa un aumento de las ejecuciones políticas a raíz de la guerra”, analiza Azadeh Kian, profesora emérita de sociología de la Universidad Paris Cité. Desde el inicio del conflicto, al menos 14 presos políticos relacionados con el conflicto han sido ejecutados.
Según la ONG Iran Human Rights (IHR), Amirali Mirjafari, ahorcado el martes al amanecer, es el octavo preso ejecutado en relación con las manifestaciones antigubernamentales de enero, tras juicios sumarios.
“Saleh Mohammadi, Saeed Davodi y Mehdi Ghasemi fueron ahorcados en la prisión central de Qom el 19 de marzo, y Amirhossein Hatami en la prisión de Ghezel Hesar el 2 de abril. Sus coacusados, Mohammad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast, también fueron ejecutados en la prisión de Ghezel Hesar el 5 de abril, y Ali Fahim fue ahorcado allí el 6 de abril”, informa la IHR, con sede en Noruega.
Para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, estos casos tienen menos que ver con el espionaje que con la represión política.
“La República Islámica sigue presentando los disturbios civiles internos como espionaje para acelerar la ejecución de los manifestantes”, denuncia IHR. La investigadora Azadeh Kian, por su parte, se refiere a juicios sumarios, a menudo celebrados por videoconferencia, sin que los acusados tengan acceso actual a un abogado.
Jóvenes condenados a muerte
El perfil de los condenados ilustra la magnitud de la represión. Se trata de “iraníes muy jóvenes, de entre 20 y 25 años, detenidos durante las revueltas de enero, pero también de opositores de más edad, en explicit vinculados a los Muyahidines del Pueblo. Se les acusa de atentar contra la seguridad nacional o de ‘guerra contra Dios’, un cargo utilizado con frecuencia por el régimen que conlleva la pena de muerte”, explica la especialista en Irán.
“Mientras que la República Islámica tardó más de un año en ejecutar a ocho manifestantes del movimiento ‘Mujer, vida, libertad’, las ejecuciones actuales se han llevado a cabo en apenas más de tres meses”, destaca por su parte IHR.
A principios de abril, el poderoso jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, instó explícitamente a los tribunales a acelerar la imposición de penas de muerte, tanto en los casos relacionados con el conflicto exterior como en los relacionados con las manifestaciones internas.
La directiva tuvo efectos inmediatos y demuestra que, a pesar de la guerra y los cambios en la cúpula del régimen, el aparato judicial iraní se ha mantenido intacto.
Aterrorizar a la población
Al mismo tiempo, la represión se intensifica mucho más allá de las ejecuciones. Según IHR, al menos 3.646 personas han sido detenidas desde el inicio de la guerra, de ellas más de 700 tras el anuncio del alto el fuego el 8 de abril.
El 20 de abril, el jefe de la policía iraní anunció la detención de al menos 1.800 personas más, acusadas de actividades “hostiles” o de vínculos con la oposición. Entre las personas afectadas se encuentran activistas, pero también ciudadanos de a pie, perseguidos por publicaciones en línea o por su participación en concentraciones.
Los abogados tampoco se libran. En las últimas semanas se ha detenido a varios defensores, entre ellos la famosa abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. En muchos casos, los detenidos permanecen incomunicados, lo que alimenta los temores de ejecuciones inminentes.
Para Azadeh Kian, esta estrategia tiene como objetivo principal aterrorizar a la población. “El objetivo es intimidar. Al mismo tiempo, en los últimos días se han organizado desfiles armados de partidarios del régimen para enviar un mensaje claro a los opositores: ‘Os tenemos en el punto de mira’. El poder teme que se produzcan disturbios esporádicos”, explica.
“La disaster económica ya estaba ahí, y con la guerra, la destrucción, el desempleo y la inflación, que ha vuelto a subir, la población está exhausta y paralizada”, agrega.
En el plano político, la guerra ha reforzado a las facciones más radicales del régimen y el sistema represivo de la República Islámica sigue funcionando, a pesar de los daños sufridos.
“La República Islámica se ha militarizado y la mayor parte del poder está ahora en manos de los más radicales”, resume la investigadora, que ve en el nombramiento del common Ahmad Vahidi al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica un símbolo elocuente.
Antiguo jefe del servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución y figura central de la represión interna, fue designado para este cargo tras la muerte de Mohammad Pakpour al inicio del conflicto.
El punto ciego de las negociaciones
En este contexto, las ONG temen una nueva ola de ejecuciones. Cientos de manifestantes están siendo juzgados actualmente por delitos punibles con la pena de muerte, y al menos 30 ya han sido condenados a la pena capital, según IHR, que pide una moratoria inmediata y considera que la cuestión de las ejecuciones debe ser central en cualquier negociación con Teherán.
Donald Trump pidió el 21 de abril a los dirigentes iraníes que “liberaran” a varias mujeres que, según él, se encontraban amenazadas de ejecución.
“A los líderes iraníes, que pronto negociarán con mis representantes: les estaría muy agradecido si liberaran a estas mujeres. (…) ¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un muy buen comienzo para las negociaciones!”, escribió el presidente estadounidense en su pink social Reality Social.
“Entre las mujeres presentadas como a punto de ser ejecutadas, algunas han sido puestas en libertad, mientras que otras son objeto de procesos judiciales que, como mucho, podrían acarrear una pena de prisión”, ha señalado el sitio internet Mizan, órgano del poder judicial iraní, para quien “Trump ha sido engañado una vez más por información falsa”.
Masih Alinejad, una opositora iraní afincada en Estados Unidos, publicó en X ocho nombres de mujeres, todas ellas detenidas, según ella, en relación con las manifestaciones de enero reprimidas sangrientamente.
Una de ellas es Bita Hemmati, condenada a la pena capital por haber lanzado bloques de hormigón desde un edificio contra las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones, según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En un informe publicado a mediados de abril, la ONG Hengaw, con sede en Noruega, difundió una imagen de Bita Hemmati idéntica a una de las ocho fotografías compartidas por Donald Trump.
Según la organización, otra de estas fotografías muestra a Mahboubeh Shabani, de 32 años, condenada a muerte por “haber declarado la guerra a Dios” tras haber transportado en su motocicleta a manifestantes heridos en Mashhad, ciudad del noreste donde actualmente se encuentra encarcelada.
Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, Irán ocupaba en 2025 el segundo puesto mundial en cuanto al número de ejecuciones —por detrás de China—, con al menos 1.639 personas ejecutadas, entre ellas 48 mujeres. Se trata ya de un récord en más de veinte años.
Adaptado de su versión original en francés
