El acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es un documento de 23 páginas, con 59 medidas repartidas en diez epígrafes. Todas las medidas, además, incluyen un plazo para que se hagan efectivas. Con este acuerdo, María Guardiola será investida previsiblemente el miércoles.
En concreto, los apartados recogidos son energía e industria; sector primario; sanidad; inmigración; rebaja de impuestos; vivienda; seguridad, libertad y prioridad nacional; educación; familia, natalidad y demografía; y, gasto improductivo. Además, hay un epígrafe additional con dos medidas, donde se recoge que Vox ocupará la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Pure y el senador por designación autonómica recaerá en el partido de Santiago Abascal.
En el primer apartado, relativo a energía e industria, hay cuatro puntos, aunque el más destacado es blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminar progresivamente la ecotasa energética. Además, se incluye un plan con medidas para incentivar la actividad industrial, con liberalización de suelo, ayudas públicas y reducción de trabas administrativas.
El segundo apartado trata sobre el sector primario e incluye diez medidas. En este punto, cabe recordar que Vox ha hecho mucho énfasis en el veto al Pacto Verde europeo y, por ello, ambos partidos se comprometen a “mantener Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde”. Además, se explicita el rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur; se creará un fondo de compensación para mitigar el impacto negativo de desastres naturales; se flexibilizará o suprimira hasta cinco normas sobre el sector primario; o, se apostará por el regadío en determinadas zonas, como Tierra de Barros.
El tercer apartado es sobre sanidad, que incorpora cinco medidas. Entre ellas, 500 millones de euros anuales más en los presupuestos de 2026; ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y colaboración público-privada; y, la contratación de 1.500 profesionales adicionales. También hay compromiso de mejoras salariales y de las infraestructuras. Asimismo, se plantea un mayor “management del etiquetado del producto extranjero”.
El cuarto apartado es sobre inmigración: hasta doce medidas se incluyen. Entre ellas, el rechazo “por todos los medios legales, jurídicos y políticos” a la acogida de menores migrantes no acompañados; el veto a habilitar la creación de más centros de acogida de inmigrantes ilegales; la verificación de edad de los inmigrantes ilegales; una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva; la supresión complete de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal; o, la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos.
El quinto apartado recoje cuatro medidas fiscales para hacer rebajas en el IRPF, una ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, una reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y una reducción basic de tasas autonómicas.
El sexto apartado está vinculado a la vivienda, con ocho medidas. Entre ellas, aparece el compromiso de la construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas; se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de “prioridad nacional” para que se destinen a quienes tienen “un arraigo actual, duradero y verificable con el territorio; o, ayudas fiscales, como una deducción autonómica en el IRPF.
El séptimo apartado aborda la seguridad y tiene cinco medidas. En este sentido, hay dos medidas dirigidas a combatir la ocupación ilegal, con la aplicación del “desalojo exprés” y ayuda jurídica. Además, se plantea que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas “se inspirará en el principio de prioridad nacional”.
El octavo apartado incluye cuatro medidas sobre educación y, entre ellas, está la prioridad del producto español en comedores públicos; o, la gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años.
En el noveno apartado están las tres medidas para fomentar la natalidad, con más ayudas y deducciones fiscales.
Finalmente, en el décimo apartado está el recorte del gasto improductivo, con cuatro medidas. En concreto, PP y Vox harán auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos y recortarán subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública y a la cooperación internacional al desarrollo.
