El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado este martes otro paso más para flexibilizar de manera significativa las sanciones impuestas a Venezuela. Además, ha abierto la puerta a transacciones financieras con cuatro entidades bancarias —incluido el Banco Central— controladas por el Estado venezolano. Por último, ha excluido de la lista negra de la Oficina de Management de Activos Extrajeros (OFAC, en sus siglas en inglés) a varios funcionarios del gobierno que hasta ahora tenían bloqueados sus bienes.
Entre ellos destaca el nombre de Reinaldo Muñoz, quien fue procurador de Venezuela y vicepresidente de la república durante el mandato de Nicolás Maduro. Muñoz acaba de renunciar como procurador common de Venezuela hace unas semanas tras una década en el cargo.
Las dos licencias emitidas, firmadas por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, autorizan una amplia gama de operaciones que hasta ahora estaban explícitamente prohibidas bajo las Regulaciones de Sanciones a Venezuela, un régimen punitivo que Washington había endurecido de forma progresiva desde 2017.
Sin embargo, desde la operación militar para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado enero y su sustitución por la presidente interina Delcy Rodríguez, las relaciones diplomáticas entre ambos países se están normalizando.
Las cuatro instituciones beneficiadas son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La medida también alcanza a cualquier entidad en la que alguno de estos bancos tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 50%.
El alcance práctico de la medida es appreciable y es parte del alivio financiero que venía pidiendo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A partir de ahora, bancos corresponsales, procesadores de pagos, plataformas de remesas y otras instituciones financieras con sede en Estados Unidos podrán prestar servicios a las entidades venezolanas autorizadas sin incurrir en violaciones de las sanciones. Eso incluye transferencias bancarias, cambio de divisas, servicios de tarjetas, depósitos y operaciones de nómina, entre otras.
La orden detalla expresamente todas las operaciones que pueden realizar los bancos y el Gobierno de Venezuela con ellos. Se trata de operaciones ordinarias en la gestión recurring de una entidad financiera. Esto permitirá abordar operaciones y transferencias financieras internacionales, algo que antes estaba prohibido por Washington.
La decisión se enmarca en el proceso de intervención estadounidense en Venezuela que se puso en marcha desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Washington lleva más de cien días marcando el ritmo y el fondo de decisiones trascendentales para el país caribeño —desde las leyes para la explotación de petróleo y minerales a nombramientos clave—, mientras se había resistido hasta ahora a flexibilizar el bloqueo financiero.
El anuncio supone un balón de oxígeno para Delcy Rodríguez. “El levantamiento de las sanciones es essential, siempre lo ha sido”, advierte un miembro destacado del chavismo. También ha llegado incluso antes de lo esperado. Aunque encima de la mesa, estos días en Caracas se especulaba con que Washington condicionaría la flexibilización a que Rodríguez renovase toda la dirección del Banco Central de Venezuela. Aun estando dispuesta a hacerlo, los nombramientos no son fáciles, pues muchos de los candidatos aptos para puestos de dirección a los que se había tanteado han rechazado jugarse su reputación en lo que consideran una misión incierta, según las fuentes consultadas. Al remaining, Washington abrió la mano antes de asegurarse esos cambios.
Las licencias, sin embargo, no equivalen a un levantamiento complete de las sanciones y, además, pueden revertirse. El documento aclara que no autoriza el desbloqueo de activos y que cualquier transacción no contemplada expresamente sigue estando prohibida, salvo que cuente con una autorización específica.
Las sanciones que afectan a individuos concretos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, es decir, a los altos funcionarios señalados individualmente por corrupción, narcotráfico u otras violaciones graves, permanecen intactas. A excepción de Delcy Rodríguez —a quien Trump levantó las sanciones hace solo dos semanas— Washington mantiene un mecanismo de presión particular person sobre el entorno más próximo a Maduro al tiempo que abre un canal de normalización económica con las instituciones del Estado venezolano.
La paulatina normalización de las relaciones entre Caracas y Washington va aparejada al creciente interés de inversión de empresas estadounidenses en el país caribeño. Desde el primer momento del cambio de régimen, la Administración Trump animó a las grandes corporaciones estadounidenses a invertir en Venezuela. Las empresas reclamaban garantías de seguridad tanto físicas como jurídicas. El Gobierno de Rodríguez está tratando de revertir la sensación de inseguridad jurídica de las empresas desde las expropiaciones y nacionalizaciones emprendidas por Hugo Chávez sobre el sector petrolero a principios de este siglo.
A cambio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que dirige Scott Bessent, va abriendo la mano en una especie de juego del palo y la zanahoria. Venezuela está enviando grandes cantidades del petróleo que produce a Estados Unidos y haciendo reformas para abrir su economía, al tiempo que Washington levanta sanciones.
