En una rueda de prensa el lunes, Trump amenazó con destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán, una acción de tal alcance que, según algunos expertos en derecho militar, podría constituir un crimen de guerra.
La cuestión dependería de si esas instalaciones pueden considerarse objetivos militares legítimos, si los ataques serían proporcionales en relación con las acciones de Irán y si se minimizarían las víctimas civiles.
La amenaza de Trump fue tan amplia que no parecía tener en cuenta el daño a la población civil, lo que llevó a demócratas en el Congreso, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y especialistas en derecho militar a señalar que tales ataques violarían el derecho internacional.
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Aunque las acciones del presidente a menudo no llegan al nivel de su retórica, sus advertencias sobre centrales eléctricas y puentes han sido claras tanto el domingo como el lunes, al fijar como plazo la noche del martes para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz.
Advertencias de la ONU sobre el derecho internacional
Un portavoz del secretario normal de la ONU, António Guterres, advirtió que atacar este tipo de infraestructuras está prohibido por el derecho internacional.
“Incluso si una infraestructura civil específica pudiera considerarse un objetivo militar, un ataque seguiría estando prohibido si conlleva daños civiles excesivos”, afirmó Stéphane Dujarric.
La profesora de derecho Rachel VanLandingham, exasesora jurídica de la Fuerza Aérea de EE. UU., advirtió que es possible que mueran civiles si se corta el suministro eléctrico a hospitales y plantas de tratamiento de agua.
“Lo que Trump está diciendo es: ‘No nos importa la precisión ni el impacto sobre los civiles; vamos a eliminar toda la capacidad de generación eléctrica de Irán’”, señaló la teniente coronel retirada.
El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita el 20 % del petróleo mundial, se ha visto prácticamente paralizado, lo que ha disparado los precios del petróleo y sacudido los mercados financieros.
Trump reiteró que “no le preocupa en absoluto” cometer crímenes de guerra y advirtió que todas las centrales eléctricas estarán “ardiendo, explotando y nunca volverán a utilizarse”. “Espero no tener que hacerlo”, añadió.
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Consultada posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que “el pueblo iraní recibe con agrado el sonido de las bombas porque significa que sus opresores están perdiendo”.
También acusó al Gobierno iraní de graves violaciones de derechos humanos y de atacar indiscriminadamente a civiles en la región.
A medida que el conflicto entra en su segundo mes, Trump ha intensificado sus amenazas, incluyendo ataques contra la isla de Kharg —clave para la industria petrolera iraní— y plantas de desalinización que proporcionan agua potable.
¿Quién resolve si es un crimen de guerra?
El profesor Michael Schmitt, experto en derecho internacional, afirmó que estas amenazas parecen “claramente ilegales”.
Señaló que, aunque una instalación energética podría ser un objetivo legítimo si abastece a una base militar, cualquier ataque debe evitar causar daños desproporcionados a la población civil.
Por su parte, la senadora republicana Joni Ernst defendió que Trump “no está amenazando con un crimen de guerra”, mientras que el senador demócrata Chris Van Hollen calificó esa posibilidad como un “crimen de guerra de handbook”.
Desde la ONU, se indicó que determinar si tales ataques constituyen crímenes de guerra correspondería a un tribunal.
Expertos advierten que, incluso si tales acciones pudieran justificarse legalmente, el daño a civiles podría perjudicar a Estados Unidos a largo plazo, alimentando el resentimiento, fortaleciendo la propaganda del régimen iraní y prolongando el conflicto.
Este artículo es una adaptación de su original en inglés
