El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) afirmó este 5 de abril que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas de llevar con carácter urgente la situación de México a la consideración de la Asamblea General de la ONU abre una oportunidad histórica para reforzar la cooperación internacional frente a la disaster de desapariciones en el país.
En un pronunciamiento público, el movimiento sostuvo que el objetivo común de la comunidad internacional, del Estado mexicano y de las familias debe ser “encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.
Añadió que, aunque hubo un impulso inicial del Estado para impulsar políticas públicas, este no tuvo continuidad y derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo ya acordadas y de una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
El colectivo señaló que la decisión del CED se basa en información recopilada desde 2012 y en aportaciones adicionales presentadas en 2025 por el Estado mexicano, la sociedad civil y familias de víctimas.
A su juicio, esta determinación refleja la preocupación internacional por las limitaciones de las capacidades estatales para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición.
Según la nota, el comité expuso que, pese a los esfuerzos institucionales y al marco normativo desarrollado en México, persisten indicadores que muestran la insuficiencia de las acciones emprendidas.
Además, citó, con base en el informe del CED, que hay 28.880 personas desaparecidas reportadas entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025, más de 4.500 fosas clandestinas con más de 6.200 cuerpos y 4.600 restos humanos hallados, así como cerca de 72.000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026.
El MNDM recordó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación rechazaron en un comunicado del 2 de abril que en México exista una práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad.
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Sin embargo, insistió en que el debate debe orientarse a soluciones concretas y a la atención de las familias, en medio de una disaster de más de 130.000 personas desaparecidas en el país.
Por ello, llamó al Estado mexicano a mantener la apertura al escrutinio internacional, retomar el diálogo con las familias para preparar posibles medidas derivadas de la Asamblea Basic y reforzar la voluntad política en los tres órdenes de gobierno.
El movimiento, integrado por más de 90 colectivos de 26 estados de México y organizaciones de Centroamérica y Estados Unidos, reiteró su disposición al trabajo conjunto.
