El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al acatamiento de la sentencia contra Airbnb, para subrayar que su equipo es el que ha logra una “reducción significativa” de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la ciudad.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que realizó Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos.
De esta forma, la plataforma on-line tendrá que pagar dicha multa, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha precisado que, tras esta decisión del TSJM, la empresa puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
Postura de la empresa
De hecho, Airbnb ha anunciado que presentará recurso de reposición ante la multa de 64 millones. En un comunicado, la plataforma ‘on-line’ considera que esta multa es “contraria al marco authorized español y europeo”, señalando que la decisión judicial es “puramente procedimental” y no entra sobre el fondo del caso, que “sigue su curso”.
Además, a juicio de Airbnb, ha cumplido “en todo momento” con la normativa aplicable en España, al mismo tiempo que ha defendido que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación.
Por su parte, Almeida ha declarado que “cuando no se cumple la normativa pues lógicamente la Justicia tiene que adoptar las medidas y, por tanto, respeto a la resolución judicial en el sentido de la multa que se le ha impuesto a Airbnb. Yo creo que cuando los tribunales hablan lo que hay que hacer es acatar las sentencias”.
Ordenanza de movilidad sostenible
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprobará este martes en el Pleno previsiblemente sin problema alguno la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible gracias a su mayoría absoluta, cuando se cumple un año y medio desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021.
Se trata así de una nueva ordenanza que, entre las novedades, autorizará de manera temporal la circulación de vehículos A empadronados en la ciudad mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno (NO2).
El texto de 2021 fue uno de los más complicados de sacar adelante por el equipo de Almeida, entonces gobernando en coalición con los Ciudadanos de Begoña Villacís. Los números no le daban, con el ‘no’ en bloque de Más Madrid, PSOE y Vox. Los cuatro ediles de Recupera Madrid, concejales escindidos de Más Madrid, fueron la tabla de salvación para el equipo de Gobierno, un grupo que se constituyó como Mixto a días de pasar por el Pleno extraordinario que buscaba la aprobación de la ordenanza de Movilidad.
Fue una luz verde a contrarreloj: la ordenanza salió adelante el 13 de septiembre con el ‘sí’ de PP, CS y Grupo Mixto –recurrido en tribunales tanto por Más Madrid como por Vox– y el rechazo de los de Rita Maestre, los de Javier Ortega Smith y el PSOE, a sólo dos días de que la zona de bajas emisiones de Madrid Central quedara anulada, con las repercusiones económicas que podía haber tenido para el Ayuntamiento en forma de devolución de multas si no estuviera sustentada por ordenanza alguna.
Todo ello después de haber sido llevada a tribunales la firmada por el Gobierno de Manuela Carmena. Fue precisamente el alcalde cuando period jefe de la oposición quien judicializó Madrid Central.
La rocambolesca vida de la ordenanza de Movilidad Sostenible firmó un nuevo capítulo en septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital a partir de un recurso de Vox al considerar, entre otras razones, que se daba una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” en las medidas adoptadas.
La sentencia anulaba aquellas partes de la ordenanza por las que se definía el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones en todo el municipio de Madrid y las que establecían las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica, manteniendo el resto del articulado.
Al no ser firme –el fallo del TSJM podía escalarse hasta el Supremo, como hizo el Gobierno municipal– las ZBE anuladas siguieron vigentes, igual que no se anularon las multas impuestas. El alcalde ya anunció tras conocerse la decisión del TSJM que el Gobierno municipal empezaba a trabajar en la tramitación de otra ordenanza de Movilidad. Un año y medio después llegará al Pleno de Cibeles.
Esto le ha dado pie a Almeida a remarcar que su equipo de Gobierno “por primera vez ha conseguido una reducción significativa del número de viviendas turísticas ilegales” cuando el anterior, con Manuela Carmena al frente, “lo que consiguió es multiplicar las VUT ilegales”.
Lo ha logrado “con una normativa clara, con una normativa exigente, con una normativa que otras ciudades en estos momentos también están adoptando y que ha permitido poner coto a esta realidad”. “Yo sé que esto a la izquierda le molesta profundamente”, ha concluido.
