El Consejo de Ministros ha pasado en una semana de analizar medidas quirúrgicas contra los efectos económicos de la guerra en Irán a aprobar un amplio paquete de 80 actuaciones valoradas en 5.000 millones de euros y con alto impacto fiscal. Su alcance puede compararse con otras medidas de shock frente la disaster como la pandemia o la invasión de Ucrania, aunque hay empresas que siguen sin considerarlas suficientes.
¿En qué consiste el plan?
El Gobierno ha aprobado dos reales decretos-ley que entrarán en vigor mañana. El primero está pactado con grupos parlamentarios y tiene opción de salir adelante en el Congreso. El segundo, negociado a última hora con Sumar, atañe a la revisión de los alquileres y no cuenta con apoyo parlamentario suficiente.
¿A qué productos se le rebaja el IVA?
Este impuesto pasará del 21% al 10% en los casos de la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gasoline, la leña, las briquetas o los pellets.
¿Hay más medidas concretas en los carburantes?
Sí. Se retirará de forma temporal el impuesto especial a los hidrocarburos. Este gravamen equivale en la actualidad a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina.
Y eso, ¿qué efecto tendrá en los surtidores?
El Gobierno calcula que este recorte fiscal implicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio.
¿Servirá para que bajen los precios de la gasolina y el gasóleo a partir de mañana?
Debería ser así. Para controlarlo, el Gobierno dotará de nuevas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para controlar que las empresas cumplen con las rebajas.
¿Hay más?
Sí, para los profesionales del transporte, la pesca o la ganadería, habrá una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. También se les ayudará en la compra de fertilizantes.
¿Es suficiente?
Los cierto es que el plan del Gobierno no ha entusiasmado a los transportistas. La asociación Fenadismer considera que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel carecen de la ambición necesaria y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales.
¿Y qué pasará con la electricidad?
Además de la bajada del IVA, se reducirá al 0,5% el impuesto especial a la electricidad, del 5,11% en la actualidad, y se suspenderá de forma temporal durante 2,5 meses el impuesto al valor de la producción eléctrica, del 7%. El Gobierno asegura que los impuestos sobre la electricidad se reducirán un 60%.
¿También hay medidas para los grandes consumidores de electricidad?
En el caso concreto de las industrias electrointensivas, se bonificarán en un 80% los peajes que pagan, lo que supondrá un ahorro de 200 millones de euros. También se aplicarán medidas de flexibilidad en sus contratos de compra de electricidad.
¿Y los consumidores vulnerables?
Se extenderán hasta finales de este año los descuentos extraordinarios del bono social de la luz y se reforzará el bono social térmico, hasta un máximo de 50 euros. Se mantiene la prohibición de suspender el suministro a los hogares vulnerables.
¿Aumentarán los descuentos del bono social?
Sí. Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico, con descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.
¿Hay otras medidas fiscales?
El Gobierno hará bonificaciones en el IRPF para la instalación de panales solares, sistemas de autoconsumo y almacenamiento de electricidad. Hay medidas específicas para seguir potenciando las renovables.
¿Qué medidas laborales se adoptarán?
Se prohibirá el despido en las empresas que reciban ayudas públicas si está relacionado con los efectos económicos de la guerra. Además, todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible.
¿Qué pasa con los alquileres?
El Gobierno reconoce que estas medidas reclamadas por Sumar no cuentan por ahora con apoyo parlamentario suficiente. Incluyen la congelación temporal de los precios del alquiler comparable a la aplicada en la disaster de Ucrania.
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