Después de un trabajo de tres días, en los que delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reunieron con representantes de los medios de comunicación, agremiaciones periodísticas, la academia y funcionarios del gobierno, la organización manifestó que la situación de la libertad de prensa y expresión en Perú es aún más grave que la que ya conocían.
“Realmente la situación que vivimos es aún preocupante de la que teníamos en el radar nuestro”, debido a que percibieron un “escenario de estigmatización, hostigamiento, acoso judicial, un asesinato recientemente… Una situación que hacía tiempo que no se producía en en Perú, y que permanece impune”, dijo a la Voz de América Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Un escenario, agregó Jornet, en medio de un “ambiente de quiebre político muy fuerte”, una “sociedad tan fragmentada” y un Congreso “donde no hay mayorías claras, donde las distintas fuerzas se van reagrupando en función de cada tema” intentando “poner trabas aún mayores al trabajo de prensa”.
Según Jornet, desde hace dos años, la SIP viene notando “una degradación que se va acentuando con el tiempo”.
Libertad de prensa deteriorada
Resultados del Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2024 -la cual mide los factores que influyen, tanto positiva como negativamente, en la libertad de prensa en 22 naciones- alertaron de cómo la libertad de expresión en la región vive un retroceso y enfatizaron en el caso peruano, país que se ubica en la sección de países con ‘alta restricción’ y sufrió un descenso de cuatro posiciones con relación al período previo.
El informe de la SIP de octubre del año pasado sobre la situación de la libertad de prensa en este país señaló que “los principales mecanismos para agredir a la prensa en este período han sido las iniciativas legislativas, demandas y querellas por difamación, allanamientos, impedimento de coberturas de interés público y ataques verbales contra periodistas”.
Rodrigo Salazar Zimmerman, periodista y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, contó al a VOA que “el Estado peruano en su conjunto ha tomado como decisión atacar a la prensa independiente del Perú. Es un ataque por todos los frentes”, desde todos los poderes, a nivel nacional y regional.
Para el periodista, es una situación que se presenta desde la disaster política peruana que comenzó en el 2016, pero con el tiempo se ha generado “un discurso anti medios de comunicación de una manera contenida”.
“A partir del año 2021, cuando entra como presidente Pedro Castillo, la situación se sale de management y es peor aún ahora el gobierno de Dina Boluarte… La presidenta todas las semanas o nos llama golpistas o insulta a la prensa, no recibe a la prensa”, dijo el presidente del Consejo.
Incluso, dijo el periodista a la VOA, “han pasado en algún momento más de 100 días sin que la presidenta responda una sola pregunta de la prensa. Sufrimos allanamientos a nuestras casas los periodistas por parte del Ministerio Público, se ha sentenciado a periodistas por difamación que, en el Perú, acarrea cárcel”.
Además, agregó Salazar, una inseguridad constante y ningún sistema de protección para los profesionales, salvo las asociaciones que se encargan de defender el trabajo periodístico, además de una impunidad complete y un estado “tomado por delincuentes”.
Sin embargo, el periodista dejó claro que no existe la censura, sino que “los medios de comunicación funcionan con complete libertad… No tenemos un ambiente de persecución o cancelación de licencias o periodistas que hayan ido presos. Eso no sucede en el Perú”.
Pero se refirió a un golpe blando a la prensa: “Cuando se presentan proyectos de ley, cuando se persigue judicialmente a un periodista, cuando se le allana, cuando se levanta el secreto a las comunicaciones, cuando se lo matan”.
En Perú, se está promoviendo un proyecto de ley que sugiere imponer sanciones de entre 90 y 120 días por usar indebidamente medios de comunicación, redes sociales y sitios net para atacar a funcionarios públicos.
¿Qué cube el gobierno?
La SIP mantuvo reuniones con funcionarios de las tres ramas del poder, excepto la presidenta Dina Boluarte, que según la sociedad, no atendió a la invitación.
Tras la reunión con la misión de la SIP, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, se pronunció a través de un comunicado, en el que enfatizó en el respeto a la libertad de prensa por parte del gobierno: “Desde el Ejecutivo, creemos en la libertad de prensa”.
El jefe del Gabinete Ministerial también señaló que la administración Boluarte mantiene “un diálogo abierto” con los medios y que, cada semana, al finalizar el Consejo de Ministros, mantienen encuentros con la prensa.
“Los reporteros pueden preguntar libremente sobre cualquier tema. Jamás hemos impedido el ingreso de periodista alguno ni hemos puesto limitaciones a sus consultas”, cube el texto.
Sin embargo, Jornet manifestó que la mirada del gobierno “no dejaba de lado la responsabilidad institucional que tiene el poder ejecutivo de intentar calmar las aguas, apalancar los ánimos, de no hacer una permanente confrontación con los medios, con palabras degrinatorias, con utilizar a la presidenta Dina Boluarte o acusando a los medios de la precise inconvivencia con la justicia”.
Por su parte, el jueves, la presidenta del Foro Judicial del Perú, Janet Tello, suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II, documentos que alertan sobre los problemas que enfrenta la libertad de prensa y de expresión en el país.
La SIP contó a la VOA que, tras la reunión con la rama judicial, vieron “un grado de apertura y de comprensión de la gravedad del momento”. Pero, por parte del ejecutivo y el congreso, notaron “una minimización de la situación. Una acusación muy fuerte a los medios de comunicación de estar hostigando del gobierno de que todos los días hay críticas”.
El lunes, la presidenta peruana criticó el lunes a parte de la prensa local por los cuestionamientos a su gestión. Boluarte ya había criticado a la fiscalía de estar “jugando en pared con esta mala prensa para dar un ‘golpe de estado blanco’” y de “buscar la desestabilización del gobierno”.
Conclusiones y recomendaciones
Tras la visita, la SIP hizo una serie de recomendaciones. En el caso del poder judicial, se entabló la posibilidad de organizar seminarios conjuntos sobre la relación entre medios de comunicación y justicia, “para que los jueces y fiscales puedan también profundizar en los estándares interamericanos en materia de sentencias con orientación a derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa”, dijo el vocero de la SIP.
Así mismo, la Sociedad afirmó que continuará insistiendo, a nivel de distintos bloques parlamentarios, la responsabilidad del poder legislativo, como representante de la sociedad en basic y de esas comunidades, no solo en la ciudades, sino en el sector rural donde están creciendo los desiertos informativos, debido a cierres y amenazas del crimen organizado.
El caso del Poder Ejecutivo, Jornet indicó a la VOA que harán llegar recomendaciones puntuales e insistirán en que se eviten las “imputaciones” a la prensa por parte de la presidenta, como de sus ministros, puesto que el lenguaje “confrontativo” exhiben los funcionarios “no es exclusivo de Perú”, pero la”tensa” situación que vive Perú “es un aliciente más para incentivar la violencia contra medios de comunicación y, sobre todo, para generar un descrédito que termina alentando la posibilidad de diseminar desinformación en la sociedad”.
Salazar calificó la visita de la SIP como “nutrida”, pues contó con la presencia de diversos actores del país y manifestó que e una manera de que el Estado peruano sepa que la prensa no está está sola y que la comunidad internacional “va a estar al tanto de todos los ataques, persecusiones y hostigamientos de parte del Estado a una prensa que no hace nada más que investigar”.
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