La UE acelera en su camino para, en contradicción con los valores que asegura defender, convertirse en tierra un poco más hostil para migrantes y refugiados. La Comisión Europea avaló ayer la posibilidad de que los Estados miembros envíen a campos de internamiento de terceros países a los demandantes de asilo que hayan visto denegada su solicitud, además de a su país de origen. Las familias y los menores no acompañados no podrán ser enviados a dichos campos. La normativa, que pretende aumentar las deportaciones —las expulsiones efectivas de quienes tienen una orden de repatriación se quedan en el 20%—, endurece además las condiciones de quienes se queden en territorio comunitario pese a haber sido rechazada su petición. Bruselas consagra así su giro en materia migratoria y acepta el marco impuesto por los partidos ultras patente en el ya restrictivo pacto aprobado hace casi un año y que debe entrar en vigor a mediados de 2026.
Uno de sus pilares será fijar “un sistema europeo eficaz y común para el retorno”, según la propuesta de reglamento presentada ayer. Pero es de lamentar que la opción para sustituir una directiva de principios de siglo que ha quedado desfasada pase por seguir la estela de la fracasada política de campos de deportación extracomunitarios que abandera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Su pretensión de confinar en Albania a los demandantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones —diferencia importante con la iniciativa de Bruselas, que busca deportar a aquellos cuya solicitud se haya denegado— ya ha sido rechazada tres veces por la justicia de su país.
El verdadero problema migratorio de Europa no está en cuántas personas llegan a su territorio buscando una vida mejor —y en muchos casos, sencillamente, seguir vivos—. En 2024, entraron de forma irregular en la UE unas 239.000, el nivel más bajo desde 2021 y muy lejos de quienes optan por las vías legales de migración (más de 3,7 millones en 2023). También en 2024, alrededor de un millón de personas solicitaron asilo en el espacio Schengen, un 11% menos que el año anterior. Solo el 42% de las solicitudes fueron aceptadas. El verdadero problema radica en haber dejado que sean los populistas quienes marquen el debate y propongan soluciones que nunca han sido tales.
El texto deberá ahora ser consensuado con el Consejo y la Eurocámara, pero el peso en ambos de una derecha cada vez más volcada en las recetas securitarias de los ultras antinmigración permite albergar pocas esperanzas de una marcha atrás. La UE afronta uno de los momentos más críticos de su historia, una de esas situaciones en las que una comunidad política se juega no tanto su futuro, sino cómo quiere que sea. Cuando aboga por la unidad para defenderse de quienes cuestionan las libertades y derechos que ejemplifica, no puede ceder a una agenda reaccionaria que quebranta esos mismos valores.
