Mossos en las fronteras y la llave de Hacienda es lo que el independentismo reivindica que ha logrado, mientras el PSOE echa agua al vino y defiende que se trata solo de una descentralización. ¿Qué hay de cierto en cada una de las versiones?
El pacto sobre inmigración recuerda a aquel debate sobre si Catalunya es una nación según el Estatut. Esa definición se recogió en el preámbulo de la ley y no en su articulado, lo que llevó al Constitucional a avalarlo, al carecer de validez normativa.
El pacto de la inmigración recuerda el debate sobre la nación en el Estatut
El acuerdo no implica que la Generalitat pueda dictar su propia política migratoria. Ejercerá unas funciones por delegación, sujetas a la ley de Extranjería u otras aprobadas por las Cortes, y su ejecución se hará de común acuerdo con el Gobierno central. Junts logra el efecto simbólico de colocar a los Mossos en la frontera, junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional. También que la interlocución con el demandante de permisos de residencia, estancia y trabajo la asuma una ventanilla de la Generalitat. Pero no puede cambiar las condiciones por las que se conceden los permisos o se establecen expulsiones o devoluciones.
Junts ha trasladado la concept de que este acuerdo le permitirá aprobar un reglamento en el Parlament para exigir el catalán como requisito para obtener el permiso de residencia. Se basan en que la exposición de motivos de la ley (de nuevo, sin validez normativa) expresa la voluntad de proteger la lengua y cultura catalanas ante la inmigración.
Salvador Illa asumirá las competencias en inmigración
En esa exposición inicial, se constata que la población catalana ha crecido en dos millones y que el 25% son nacidos fuera de Catalunya (sean extranjeros o del resto de España), lo que influye en la vigencia de la lengua catalana. Es una narrativa que responde a la necesidad de aliviar la gran inquietud de Junts: el riesgo que, en su opinión, supone la inmigración para la identidad catalana. Más con la irrupción de Aliança Catalana.
Sin embargo, más allá de la retórica de la exposición de motivos, en el articulado de la ley no aparece nada que ampare introducir el catalán como requisito para obtener permisos de trabajo o residencia. De hecho, Junts intentó recogerlo de manera explícita y con validez jurídica, pero se dejó de lado expresamente porque period seguro que lo tumbaría el Constitucional. El permiso de residencia es paso previo a la obtención de la nacionalidad española y esta no puede estar condicionada al conocimiento del catalán, ya que sería discriminatorio respecto a los inmigrantes que llegan al resto de España.
Como ocurrió en el pacto para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE asume en el preámbulo parte del relato de Junts, pero impone su criterio en la parte pragmática, la que tiene efectos jurídicos. Lo más parecido son las competencias en prisiones. Catalunya se hace cargo de los centros penitenciarios, puede mejorar el tipo de gestión, pero eso no significa que pueda aplicar una política propia en esa materia.
El pacto del PSOE y Junts remite constantemente a la coordinación entre las administraciones central y catalana. Obliga a un ejercicio continuo de cooperación. Como tal, su punto débil es la lealtad institucional. Se da por descontada entre Salvador Illa y Pedro Sánchez, pero en algún momento los colores políticos cambiarán. Mientras, La Caixa anunció ayer que regresa a Catalunya. Sin duda, Sánchez e Illa lo conocían antes. La noticia llegó mientras el PP insistía en el desmembramiento de España por los pactos con Junts. Casi nada es por casualidad.
