La Junta de Fiscalización Internacional de Estupefacientes ha publicado este martes un nuevo informe en el que señala que la rápida propagación de las drogas sintéticas ilícitas es un problema mortal que representa una grave amenaza para la salud pública.
La Junta pide que se adopte una estrategia integral y coordinada para combatir la fabricación, el tráfico y el consumo de drogas sintéticas ilícitas.
Este tipo de drogas tienden a ser más potentes que las de origen vegetal y se han convertido en un problema, con una demanda cada vez mayor y cientos de miles de muertes por sobredosis cada año.
Drogas “enmascaradas”
Las restricciones impuestas impulsan a los fabricantes a crear compuestos nuevos, alterando las estructuras moleculares, o a recurrir a aditivos químicos con diseños no fiscalizados o “enmascarados”, los cuales no figuran en los sistemas de fiscalización nacional o internacional.
Por ejemplo, la seudoefedrina, presente en medicamentos para el resfriado común, es de doble uso, puesto que también tiene una finalidad médica lícita, lo cual supone una dificultad para reglamentar sin afectar a los mercados lícitos.
Consecuencias mortales
“El consumo no médico de drogas sintéticas y los trastornos conexos por consumo de drogas se han convertido en un problema de consecuencias mortales, que provoca cientos de miles de muertes y daños personales y a la comunidad incalculables”, explicó el presidente de la Junta, Jallal Toufiq, debido a que algunas de esas sustancias sintéticas ponen en riesgo la salud cardiovascular y pueden causar dependencia psicológica y física y trastornos por consumo de sustancias.
En Estados Unidos se producen a diario 150 muertes relacionadas con sobredosis de opioides sintéticos, y el fentanilo es la sustancia responsable en más de dos tercios de esas muertes.
Mientras tanto, en Oriente Medio y África se están acelerando la fabricación, el tráfico y el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico. Sin embargo, los recursos para los programas de tratamiento del consumo de drogas y rehabilitación en esas regiones son limitados, por lo que podrían producirse daños graves y a largo plazo para las personas, además de problemas considerables para los sectores sanitarios, que no están lo suficientemente preparados.
Desigualdad de acceso a medicamentos
Muchos países de ingresos bajos y medios tienen capacidad insuficiente en lo que respecta a los laboratorios de análisis de drogas, y carecen del private y de los recursos necesarios para llevar a cabo inspecciones rutinarias que podrían conducir a incautaciones y al desmantelamiento de redes de tráfico.
En muchos países, los servicios de reducción de la demanda y de tratamiento son limitados y apenas existen campañas de sensibilización para educar a las comunidades de riesgo acerca del consumo de drogas sintéticas.
Asimismo, persiste el problema de la desigualdad en el acceso y la disponibilidad a medicamentos asequibles, como la morfina, según datos de la Junta.
Los niveles de consumo de opioides para el tratamiento del dolor siguen siendo mucho más elevados en Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía que en el resto de regiones.
Los niveles de consumo en otras regiones no son suficientes para atender adecuadamente las necesidades médicas de las poblaciones. En 2023, ello resultó especialmente preocupante en Asia Oriental y Sudoriental, Centroamérica y el Caribe, Asia Meridional y África.
La Junta insta a los países fabricantes de opioides a que aumenten la fabricación de preparados de morfina para su uso en el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos, y también a que amplíen su disponibilidad y los hagan más asequibles, en explicit en los países de ingresos bajos y medios.
Además, garantizar el acceso a sustancias sometidas a fiscalización internacional para fines médicos durante emergencias humanitarias causadas por conflictos armados sigue siendo un problema que preocupa a la Junta.
Datos de América Latina
El tráfico de drogas está obstaculizando el desarrollo en América Central y el Caribe, mientras que la disaster de los opiáceos sigue siendo un grave problema para los países de América del Norte. Además, la violencia urbana relacionada con las drogas sigue afectando a América del Sur.
Mientras que en Perú se registró el primer descenso del cultivo ilícito de arbusto de coca en ocho años, el de Colombia alcanzó un nuevo récord histórico. La producción potencial de cocaína en el país aumentó un 53 % entre 2022 y 2023.
Las incautaciones de drogas en los estados amazónicos del Brasil aumentaron entre 2022 y 2023, de manera paralela a la disminución de la tasa de deforestación. Se cree que ello es el resultado de una mayor presencia de las instancias gubernamentales.
Las actividades ilícitas relacionadas con las drogas y los delitos conexos contra el medio ambiente siguen generando violencia y amenazando a las poblaciones vulnerables y a la biodiversidad en toda América del Sur, especialmente en la región del Amazonas.
Alerta y prevención
Mediante los tratados de fiscalización de drogas, que sustentan el sistema de fiscalización internacional de drogas, los organismos y los Estados Miembros de las Naciones Unidas han cooperado en sistemas de alerta temprana y prevención y en respuestas sanitarias fundamentadas en la ciencia, y han incrementado la capacidad de desbaratar el tráfico ilícito de drogas y precursores.
La Junta ha elaborado una serie de iniciativas para responder al aumento de la fabricación y el tráfico de precursores y preprecursores utilizados en la fabricación ilícita de drogas sintéticas.
“Además, es urgente redoblar los esfuerzos en la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reducción de daños, la recuperación y la reintegración social para proteger a la población de esas sustancias extremadamente nocivas”, dijo Toufiq.
Iniciativas
La Junta propone el INCB Studying, una iniciativa para aumentar la capacidad de los Gobiernos de prever sus necesidades de sustancias para fines médicos y científicos, en cumplimiento con tratados de fiscalización internacional de drogas.
La iniciativa espera promover la disponibilidad en cantidad suficiente de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con fines médicos y científicos y, al mismo tiempo, prevenir su uso indebido.
Los gobiernos están utilizando las diversas plataformas y herramientas en línea de la Junta para comprobar la legitimidad o no de las remesas sospechosas y compartir información de inteligencia procesable sobre el tráfico de opioides sintéticos no médicos y precursores químicos.
Esto facilita la adopción de medidas operacionales de apoyo a las investigaciones, y la desarticulación de grupos delictivos organizados que trafican con sustancias peligrosas.
