«Demostrar la violencia vicaria o la económica es casi imposible»

Una tiene en su cuerpo las marcas que el padre de sus hijos, cuando aún period su marido, le dejó en el cuerpo. La segunda no olvida los insultos y burlas diarias que el padre de sus hijas, cuando aún period su marido, le dejó en su memoria. La tercera vive cada día angustiada por los equilibrios económicos que debe hacer para mantener a sus hijos, porque desde hace cinco años, cuando se convirtió en su ex, el progenitor de sus hijos no les pasa la pensión de alimentos. Como si al dejar de ser marido hubiera dejado, también, de ser padre.

Son tres mujeres cuya historia ha sido verificada, pero cuyos datos personales han sido distorsionados. Son tres mujeres que tienen como nexo de unión, además de ser asturianas, ser víctimas de violencia machista. No sólo de la más conocida, la física, la que rompe huesos y deja marcas en el cuerpo, sino también de las otras, que, no por ser menos conocidas o sus víctimas ayudadas, son menos abundantes: la violencia vicaria y la violencia económica.

Dos violencias que tienen, como la física, el objetivo de reducir a la víctima a mero objeto dependiente de su agresor, pero el recorrido jurídico y social para evitarlo está lleno de obstáculos.

«Demostrar la violencia vicaria o la económica es casi imposible». Las tres víctimas no están juntas en el momento de hacer este reportaje, pero la frase sale una y otra vez de la boca de las tres. Y aunque tampoco está con ellas María Martín, la presidenta de Abogadas para la Igualdad también la pronuncia: «Es la realidad, es muy difícil probar esas denuncias. Esperemos que con el nuevo Pacto de Estado la situación mejore».

¿Y qué cube el nuevo Pacto de Estado? Continúa la senda del primero, el firmado por unanimidad en 2017, aunque el de 2025 no ha logrado el apoyo de Vox. Además de incrementar la financiación tanto para la lucha contra la violencia como para la formación en igualdad y la sensibilización de la sociedad, pone sobre la mesa 460 nuevas medidas.

Mientras llega el Congreso, el foco está puesto ya en dos de ellas: la relativa a la violencia vicaria y la de la violencia económica. Para la primera, la que ejerce el maltratador sobre los hijos de su víctima, con el ánimo de causarle el mayor daño posible, se propone reformar la Ley Integral, la de 2004, para incluir como víctimas a los menores que sufren violencia vicaria durante los regímenes de visitas.

Maltratador sin visitas

La pregunta nace sola: ¿es que esos menores no están protegidos ya? «Sobre el papel, sí, pero la realidad nos demuestra que no». Pese a ser víctimas de violencia machista, ninguna de las tres asturianas ha logrado que su ex no tenga derecho a visitar a los hijos en común. «Es cierto que tras la última reforma se cube que un condenado por violencia machista no tiene derecho a visitas, pero estamos viendo sentencias contrarias», explica Martín.

«Hasta maltratadores que logran la custodia completa. Porque la ley impide que tengan opción a custodia compartida, pero no cube nada de la complete».

Y en esa situación están las tres asturianas. Pese a que su ex es un maltratador confeso, tiene derecho a visitar a sus hijos. «Tengo informes psicológicos que demuestran que mis hijos sufren violencia cuando están con su padre y que no quieren ir con él», asegura una.

Incluso en el caso de la segunda, en que el sistema funcionó «fue el colegio el que me advirtió que algo pasaba con mis hijos, que cuando volvían de estar con su padre eran violentos», la rueda que debería estar engrasada pronto se atascó: «el colegio pasó el informe a servicios sociales. Allí hicieron averiguaciones y descubrieron que mi exmarido les pegaba. Me llamaron para contármelo y me dijeron ‘O denuncias o te quitamos la custodia’. En un minuto me enteré de que mi ex les pegaba y de que podía perderlos. Me sentí sola».

Un sentimiento de soledad común en los tres casos y que confirma María Martín. «El sistema falla. Si servicios sociales detectó que el padre maltrataba a los hijos tenía que denunciar de oficio. El problema está en que la formación sobre igualdad y sobre violencia machista no llega a todas las partes implicadas».

No llegó, tampoco, al agente que atendió la apresurada denuncia. «Me dijo que esa denuncia, de que mi ex pegaba a mis hijos, no la podía hacer allí. Que fuera al juzgado». Ni llegó, igualmente, al colegio de los hijos de una de las protagonistas. «Pese a que tenían la orden de no dejar que mi ex se los llevara, cuando fui a buscarlos ya no estaban. El padre los había recogido. El director dijo que no se quería meter en líos».

El caso de Ángela González

Muy grave es, también, la situación de la tercera. Su ex tiene derecho a visitas, pero bajo supervisión, y cuenta ella «con informes médicos que señalan que mis hijos, de menos de cuatro años, están iniciando conductas autolíticas». Han dejado de comer, se arrancan el pelo, no sonríen… «Porque no quieren ir a esas visitas». Uno de los expertos en Psiquiatría consultados por ella le dijo «en diez años, nos echaremos las manos a la cabeza al ver lo poco que hemos protegido a estos menores».

Una frase que hace suya María Martín: «Coincido plenamente. Es más, en diez años igual lo que vemos son demandas contra el Estado, como la que ganó Ángela González Carreño». Se trata de la mujer que logró una sentencia pionera del Tribunal Supremo: condenó al Estado por no proteger a la hija de Ángela, asesinada por el padre de la niña de 7 años y ex de González. Ella había presentado hasta 51 denuncias sin que nadie le hiciera caso.

«Las víctimas deberían empezar a demandar al Estado», plantea María Martín, porque estamos viendo que la protección a los menores falla. Ni se atienden los informes psicológicos ni, tan siquiera, los realizados por parte de ‘supuestos’ profesionales se ajustan a lo que cube la ley».

Como tampoco lo hacen con la violencia económica. El nuevo pacto prevé reformar el artículo 227 del Código Penal sobre el impago de pensiones para ampliar el tipo penal. «Mi ex lleva cinco años sin pagarla». «El mío paga cuando se acuerda». Impago que las obliga a vivir, pese a tener trabajo, «siempre en números rojos». Sin que a ninguno de los culpables se les ponga la cara de ese colour.