La “nueva etapa” de “concordia” entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa permite a los socialistas presumir de colaboración y acuerdos bilaterales. Activar comisiones como la de Transferencias, que llevaba 14 años sin citarse, es un éxito; no obstante, la letra pequeña de los acuerdos desvela décadas de deslealtades de los sucesivos gobiernos. El traspaso de la gestión de las becas a la Generalitat acordado esta semana no aparece en los titulares. No se trata de una concesión a cambio de votos, sino de un incumplimiento flagrante de la Constitución y los estatutos catalanes desde hace más treinta y cinco años por parte de la Administración del Estado.
La pugna acumula sentencias del Tribunal Constitucional ordenando el traspaso desde 1999. Aquella resolución advertía la “anomalía” de la gestión de las becas en manos del ministerio de turno. En otra del 2015, el tribunal señala que el retraso en el traspaso “es difícilmente conciliable con las exigencias de un Estado descentralizado como el nuestro”. Una reclamación de 35 años se solventa ahora con voluntad política y dos millones de euros anuales. ¿El 1 de enero del 2026 será la vencida?
En la relación de los gobiernos con las comunidades hay gestos con historia política y coste mínimo, como el traspaso de las becas, y hay pataletas de consecuencias millonarias, como la oposición del PP al acuerdo de Hacienda con ERC para la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. El pacto requería de una escenificación republicana. Oriol Junqueras necesita sacar pecho de sus dotes negociadoras frente a Junts. En noviembre del 2023, fue Junqueras quien se hizo la foto en un resort de Barcelona con el ministro Félix Bolaños firmando un acuerdo con la ley de Amnistía, el traspaso de Rodalies y la quita de la deuda del FLA. Aunque en la batalla congresual republicana el relato de Junqueras decía que entonces negociaba Marta Rovira a sus espaldas.
Desde entonces, el PSOE ha impuesto sus tiempos y su relato. Ha convertido los logros de ERC en un café para todos servido por independentistas: ofreció descentralizar la gestión de las Cercanías –Valencia hacía cola para lograr esa transferencia– y extendió el plan de condonación de la deuda a todas las comunidades.
Isabel Díaz Ayuso
Un café para todos que amarga en Junts. Han criticado la solución de la empresa mixta para gestionar Rodalies, pero Carles Puigdemont ha cortado de raíz las dudas sobre el apoyo de su partido a la condonación de 17.104 millones de deuda catalana: “Una parte es mejor que nada”. El pragmatismo convergente del expresident choca con el boicot institucional del PP. Hasta Jordi Turull critica que los consejeros populares se levanten de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). “Es la antipolítica”, afirma el dirigente de Junts.
La merciless hemeroteca recuerda que, en julio del 2012, Andreu Mas-Colell abandonó el CPFF presidido por Cristóbal Montoro por la imposición de un objetivo de déficit que asfixiaba la tesorería de la Generalitat. El entonces consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, el fashionable Percival Manglano, denunció vehementemente el “error” de practicar la “política de la silla vacía”. Junto a él, la consejera de Castilla y León acusaba a la Generalitat de “deslealtad”.
Nadie en el PP se atreve a aventurar cuántos barones pueden atreverse a rechazar millones
Ahora es la dirección del PP quien escribe el guion que deben interpretar sus barones en contra de la condonación de la deuda, que pasa por sillas vacías, descalificaciones y amenazas. Isabel Díaz Ayuso anuncia que batallará en el Constitucional; como Castilla y León. Pero nadie en el PP se atreve a aventurar cuántos líderes autonómicos pueden rechazar millones para políticas sociales en lugar de pagar intereses. Ayuso mantiene que “no se puede tener más cara dura”, pero Jorge Azcón (Aragón) quiere leer la letra pequeña; Alfonso Rueda (Galicia) pide ir por partes, y Juan Manuel Moreno Bonilla esgrime el discurso del agravio por Catalunya. Habla de “ilusionismo contable”, pero no puede rechazar de plano la oferta envenenada de MªJesús Montero, contrincante en las elecciones andaluzas.
A la oposición del PP se suma la de Ángel de la Fuente, gurú de la financiación desde Fedea. Sostiene que la solución de Hacienda es una invitación a la indisciplina fiscal de las autonomías. Indisciplina es tardar 35 años en transferir la gestión de las becas; y llevar otros 15 sin reformar un sistema de financiación injusto y deficiente.
