El Gobierno argentino presidido por el ultraderechista Javier Milei rectificó este jueves y aseguró que fue “un error” calificar a las personas con discapacidad de “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” en una resolución oficial. El texto authorized donde aparecen esos términos fue publicado el pasado 14 de enero en el Boletín Oficial de la República Argentina, aunque hasta este jueves no tomó dimensión pública después de la indignación provocada entre las asociaciones de discapacitados, que denunciaron la actitud discriminatoria por parte del Gobierno.
Los calificativos despectivos figuran en una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, que especifica los criterios médicos para evaluar la “invalidez” laboral: “Baremo para la evaluación médica de invalidez de las pensiones no contributivas por invalidez laboral”. Bajo la clasificación de “Retardos mentales”, se indican cinco categorías de personas discapacitadas en función de su coeficiente intelectual: “idiota”, “imbécil”, “débil psychological profundo”, “débil psychological moderado” y “débil psychological leve”.
Extracto del texto de la normativa publicada por el Boletín Oficial de la República de Argentina
Se trata de una terminología trasnochada que corresponde a manuales de psiquiatría del siglo pasado y que ya han sido actualizados en la mayoría de países democráticos. La propia agencia, al admitir su error este jueves, reconoce que son términos ya “obsoletos” y “discontinuados”. “Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, indicó un comunicado del organismo. La citada “normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”, añade el descargo de la ANDIS.
El “error” no ha sido reconocido hasta este jueves por la agencia gubernamental, tras el revuelo mediático provocado, a pesar de que un grupo de siete organizaciones argentinas dedicadas a los derechos humanos y a las personas con discapacidad interpusieron el 3 de febrero una reclamación administrativa para que la normativa fuera derogada por “violar los derechos de las personas con discapacidad”.
En un comunicado, una de estas entidades, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pide la retirada de “las expresiones que utiliza (la normativa), toda vez que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad”. La ACIJ también denuncia que “el procedimiento de adopción de la regulación no contó con la participación de organizaciones de personas con discapacidad”.
