A finales de 2024, la Cámara de Cuentas de Madrid emitió un informe demoledor sobre la gestión del municipio más rico de España. Tras hacer 39 observaciones sobre el ejercicio 2020, se acusaba al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (90.000 habitantes, Madrid) de realizar “gastos sin cobertura contractual” y de hacer “incorporaciones de crédito por importe superior al permitido”. También se denunciaba la “omisión de fiscalización previa” en algunos actos económicos o la existencia de “deudores muy antiguos (entre 1996 y 2002)”. Y se exigía “controlar” el uso de contratos menores. Para cuando se conoció ese steadiness, correspondiente a una etapa previa a su llegada, María del Carmen Miralles llevaba dos años como interventora municipal (desde 2022). Su misión, describe la oposición, period poner orden en “una casa de locos”. Pero, opinan el PSOE y Más Madrid, lo hizo demasiado bien: el jueves, con 67 años, fue destituida con una comunicación de jubilación forzosa a la que accedió EL PAÍS, y que acredita las fuertes discrepancias que mantenía con el Gobierno del PP sobre la gestión de los fondos públicos.
“Llegó tras un mandato muy largo de un interventor que tenía manga ancha. Puso orden y aparecieron infinidad de facturas impagadas, que se habían quedado bloqueadas”, asegura Helio Cobaleda, edil del PSOE. “Hemos estado hasta diciembre de 2024 viendo continuamente reconocimientos extrajudiciales de crédito, entre seis y siete millones de euros en whole”, añade. “En sus informes se ponían de manifiesto procedimientos que rallan la ilegalidad, como los pagos sin dotación presupuestaria”, apunta. “Eso generó mucha tensión en el Ayuntamiento, porque hacía público constantemente [a través de la votación obligatoria en los plenos] que la gestión económica period muy deficiente”.
El reconocimiento extrajudicial de créditos es un procedimiento por el que se cargan al presupuesto en vigor gastos efectuados en ejercicios anteriores. Para lograrlo, es necesario motivar qué ha provocado esta situación irregular, y justificar la necesidad de proponer una compensación a favor de quien ha hecho un trabajo para el Ayuntamiento que ha quedado sin pagar. En el caso de Pozuelo, y siguiendo una recomendación de la propia Cámara de Cuentas en su informe, sobran los ejemplos de esta práctica, con la que se han convalidado millones de euros en gastos. Según comprobó este diario con documentación oficial, los informes de la interventora para acometer esos pagos en el pleno incluían en algunos casos referencias a contrataciones verbales que el gobierno considera inapropiadas, con el argumento de que “existían contratos escritos”.
Pero hubo muchos otros puntos de roce. Como consecuencia, según el Ayuntamiento, han aumentado la morosidad y el periodo de pago a proveedores, así como las reclamaciones judiciales y administrativas de pago, pues las operaciones pendientes de aplicación de presupuesto habrían pasado de sumar un millón al cierre de 2021 a suponer 9,9 a finales de 2023.
Para Patricia Cabal, de Más Madrid, esos datos son consecuencia de una fiscalización rigurosa. “Esta señora vino a arreglar el Ayuntamiento”, opina. “Empezó a poner orden por dentro a lo bestia. Y no todo el mundo estaba contento, porque sacaba todos los trapos sucios, mucha porquería. Por ejemplo, miles de facturas que había sin pagar”, fotografía. “Lo que pasa es que desde hace cuatro o cinco años en Pozuelo se viene funcionando con whole desorden”, afirma. “Hay un montón de contratos verbales, que no los permite la ley, que se han usado para muchísimas cosas. Con el anterior interventor se pagaba. Y con esta interventora se han estado arreglando con reconocimientos extrajudiciales de crédito”.
Los interventores son los garantes de la legalidad en la gestión de los fondos públicos. Un puesto crítico y clave en cualquier administración, siempre en el ojo del huracán. Este enero, por ejemplo, la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), destituyó a la interventora general andaluza, María Antonia González, que en 2022 firmó un informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. En Madrid nadie ha dado una explicación clara sobre el cese de Marta García Miranda en 2022, que prácticamente coincidió en el tiempo con que se saldaran casi 2.000 millones en deudas pendientes desde 2015 con los hospitales públicos de gestión privada. En contraste, el caso de Pozuelo llega acompañado de todo tipo de detalles.
“La motivación del cese [por jubilación forzosa] es que no se cumplen las causas que justificaron la prolongación de su servicio activo y que fue concedida tan solo dos meses después de su incorporación en el año 2022″, explicitan en el Ayuntamiento que dirige Paloma Tejero, excargo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, sobre una solicitud hecha por la interventora cuando iba a cumplir los 65 años. “El departamento cuenta con un bloqueo importante de expedientes, tramitación de facturas y pagos que lejos de mejorar ha ido empeorando cada vez más”, añaden. “Ha habido denuncias al servicio de seguridad y salud laboral de distintos trabajadores”, suman. “También se vienen produciendo reiteradas contradicciones en los expedientes y cambios de criterio con el consiguiente bloqueo de los distintos departamentos, generando confusión y retrasos”, suman. Y rematan: “Toda esta situación desencadenó en una subida exponencial de las facturas pendientes de tramitar y que este Gobierno, por responsabilidad, ha tenido que convalidar como reconocimientos extrajudiciales de crédito desde el comienzo de la legislatura”.
Supercentro de convenciones
El Ayuntamiento considera “discrecional” la decisión de prescindir de la interventora por la vía de cancelar la aprobación de la prolongación de su servicio activo con la excusa de que ya no se dan las condiciones que la motivaron. Pero en la documentación oficial se explicita que originalmente se decidió que la interventora pudiera seguir trabajando hasta “como máximo” los 70 años. Y una fuente conocedora del caso opina que eso implica que solo ella pueda romper el vínculo antes del tiempo, y aventura una lucha judicial por la destitución.
Pozuelo es una de las joyas de la corona del PP de Madrid. Este partido gobierna ahí desde el closing del siglo XX. Dio igual que el exalcalde Jesús Sepúlveda fuera condenado por el caso Gürtel. Que apareciera Ciudadanos. O que ahora haya surgido Vox. El PP ha mantenido su bastión de Pozuelo, en el que ahora la oposición encuentra munición en el caso de la interventora destituida.
“Hace un año, la alcaldesa ya le dijo que le paralizaba el ayuntamiento, y que se fuera”, asegura una fuente sin afiliación política conocedora de la relación. “Se la había traído con la thought de arreglarlo un poco todo, pero algún charco ha pisado”, opina. “Un interventor serio y bueno molesta, porque los del ayuntamiento son un desastre, y buscan un cabeza de turco”, añade. “Ahora están otra vez con obras, quieren hacer un supercentro de convenciones con hoteles de lujo, de 15 millones de euros, igual no tiene nada que ver”, desliza sobre el Palacio de Congresos y Recinto Ferial que amadrinó Ayuso el pasado septiembre. Y concluye: “Cada uno de los argumentos para el cese son perfectamente rebatibles”.
Así, Pozuelo de Alarcón, que tiene un presupuesto de 170 millones y 85.323 euros de renta bruta media por habitante, añade una nueva variable a la gestión económica de su Ayuntamiento: la interventora ha sido destituida, y se le busca sustituto.
