CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) –
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha defendido este lunes la necesidad de “reformar la financiación native” y de dar “más autonomía” a los ayuntamientos en la gestión de los recursos económicos, “sin injerencias” de las comunidades autónomas.
En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, el también portavoz de IU en el Congreso de los Diputados ha explicado que, para revertir los “efectos negativos” de la acción “irresponsable de la derecha del Partido Fashionable, de Vox y de Junts”, cuando votaron en contra de la Ley Ómnibus, lo que hará que “las entregas a cuentas que van a recibir los ayuntamientos durante este año 2025 van a mermarse” en “unos 6.200 millones” de euros, desde Sumar se ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) con un “doble” objetivo.
Así, según ha explicado Santiago, buscan “reformar la financiación native para fortalecer la autonomía financiera” de los ayuntamientos, “pero también una reforma al alza de las competencias” municipales, “para fortalecer el ejercicio” de las mismas “sin injerencias por parte de las comunidades autónomas”.
Se trata, según ha precisado el diputado nacional de Sumar por Córdoba, de llevar a cabo “reformas legales para que el modelo de financiación native pase a ser suficiente, descentralizado y conforme a la necesaria coordinación interadministrativa”.
“Lo que estamos pidiendo es, ni más ni menos, que se apliquen de una vez los informes de los expertos del grupo de trabajo que se creó en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ministerio de Hacienda”, pues no se entiende, a su juicio, que “a día de hoy no se hayan atendido estos criterios, de forma que se incremente esa participación en los recursos por parte de los ayuntamientos”, según ha lamentado.
Para Santiago, “también es basic” la adopción de “medidas urgentes de reestructuración de la deuda” de los ayuntamientos y, por eso, Sumar ha “presentado otra propuesta en el Congreso sobre los superávits de financiación que, por la denominada Ley de Estabilidad, tienen presos los ayuntamientos y que, por una cosa u otra, resulta que esos superávits no se pueden utilizar más que reestructuración de la deuda y no se pueden aplicar, sin superar esos límites anuales, a inversión social y en sus competencias, que es lo que necesitan los ayuntamientos”.
Santiago ha aclarado que “esta segunda proposición que hemos registrado lo que busca es precisamente esto, que los ayuntamientos puedan utilizar esos fondos, que puedan aplicarlos en el ejercicio a la corrección de desigualdades, en la atención a problemas sociales y que no haya impedimentos de tipo authorized o de tipo contable que dificulten esa aplicación”.
Así, según ha concluido Santiago, “la deuda de los ayuntamientos, no solo de ser reestructurada, sino que deben flexibilizarse sus compromisos de pago”, y “más en este momento, en el que estamos arrastrando, no ya el déficit de financiación histórico, sino también un déficit concreto de este año”.
