El Banco Sabadell afronta en las próximas semanas un momento clave en la opa hostil lanzada por el BBVA. Será cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dé cuenta de las condiciones y compromisos que impone para dar luz verde a la transacción, tras haber llevado su análisis a una segunda fase antes de fin de año. Tanto el Sabadell como el BBVA ya cuentan con sus primeras conclusiones, recogidas en el llamado pliego de concreción de hechos, sobre la que los catalanes ultiman sus alegaciones. Según explica el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, en una entrevista con EL PAÍS/CincoDías, celebrada este viernes, considera que para superar los problemas de competencia que la transacción puede entrañar para el negocio de pymes, no son suficientes los compromisos planteados por el BBVA, que son todos en materia de comportamiento, si no que se requieren cuestiones estructurales. Es decir, ventas de partes del negocio combinado entre ambas entidades. Algo que la cúpula del BBVA ha dejado claro que no está sobre la mesa, dejando la puerta abierta a que supusiese la retirada de la oferta.
El banco que pilota Carlos Torres ha propuesto a la CNMC para que desbloquee la transacción una batería de compromisos (lo que en la jerga bursátil se conoce como treatments) que se basaba en los que planteó CaixaBank cuando hace cuatro años absorbió Bankia, ampliados en algunas cuestiones. En esencia, basa su análisis en los códigos postales en los que la unión de ambos bancos provocaría una situación de monopolio, de modo que se compromete a mantener las condiciones comerciales en los 69 códigos postales en los que se da esta situación. También, con respecto al negocio de pymes —donde el Sabadell es más fuerte y donde la propia CNMC considera que hay más dudas por su efecto en la competencia— promete mantener las líneas de circulante a estas empresas durante 18 meses y la aplicación de precios medios nacionales a las pequeñas y medianas empresas, para evitar efectos indeseados en Cataluña y Comunidad Valenciana, las dos zonas donde el menoscabo de la competencia sería mayor.
González-Bueno rechaza de plano este planteamiento y apunta a que “no es eficaz”. “Las propuestas que ha publicado el BBVA y que son de carácter de comportamiento no resuelven adecuadamente el problema de competencia en el mundo de las pymes”, afirma y en su lugar apunta a “medidas estructurales”, que “son de desinversión”. Sin entrar a desvelar el contenido exacto de las alegaciones que presentarán en pocos días a Competencia, sí reconoce que “es lógico” que recojan este planteamiento.
Niega que para la unión con el BBVA se pueda aplicar la misma metodología que para la fusión entre CaixaBank y Bankia. Considera que estas medidas, que solo vinculan el comportamiento del comprador durante un tiempo limitado tras ejecutar la operación, funcionan para la banca de particulares, pero no para el caso de las pymes, así como asegura que no son las que se aplican en Europa para este tipo de transacciones “La obligación es restituir la competencia en la situación equivalente a la que había antes de la transacción. No puedes permitir que para reducir costes y hacer más eficiente un banco esto perjudique a la competencia. Un bien specific no puede perjudicar un bien social. Para eso solo funcionan medidas estructurales”, explica.
Con respecto al mantenimiento de las líneas de crédito durante 18 meses, el Sabadell considera que no es posible comprobar su cumplimiento, dado que el BBVA puede alegar razones macroeconómicas, como la evolución del PIB de una región, para justificar que se haya reducido el crédito empresarial. Sobre la introducción de un precio medio critica que, a diferencia de las hipotecas, es imposible su compararlo por la complejidad del mercado, así como apunta a que el horizonte temporal de 18 meses no es suficiente para que el mercado reabsorba la competencia de manera pure en pequeñas empresas como sí lo es en particulares. Con respecto a la metodología de los códigos postales, también rechaza que sea una fórmula válida para las pymes, puesto que en su opinión el 80% de este tipo de empresas no trabajan con oficinas bancarias del código postal donde está su sede social.
El consejero delegado del Sabadell afirma que la CNMC “tiene un dilema importante y complicado”. Explica que una de las grandes diferencias entre el negocio de banca para particulares y para empresas está en que en el primer caso el cliente tiene de media 1,9 relaciones bancarias y existen nueve bancos en España que ofrecen productos de particulares; en el caso de las pymes, hay cuatro o cinco bancos y las empresas de hasta 100 millones de facturación trabajan de media con 3,8 entidades y las de más de 50 millones, la media es de cinco. “Hay un problema de competencia evidente”, asevera y recuerda que la CNMC también lo apunta en la nota sucinta en la que comunicó el traslado de la operación a la segunda fase. Para ejemplificar el menoscabo en la competencia que supondría la unión del BBVA y el Sabadell en pymes, pide visualizar lo que supondría que se uniesen el Santander con el BBVA, dado que afirma que en pequeñas empresas en España tienen un tamaño comparable al de los dos colosos bancarios españoles. “En pymes en España la opa no sería distinta a una fusión entre el Santander y el BBVA”, asevera.
González-Bueno se muestra optimista con respecto a la decisión del regulador que preside Cani Fernández, dado que realizará próximamente “una investigación de mercado”. En este sentido, reclama que se haga “con la pregunta adecuada y preguntando a la gente adecuada”. Es decir, que confronte los dos modelos de remmedies (de comportamiento y estructurales) y se pregunte a los afectados en qué escenario la situación de competencia se asemeja más a la que había antes de la opa. En caso de que esto no ocurra, recuerda que aún queda la fase 3, en la que el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Economía puede ampliar estas condiciones o compromisos que introduzca la CNMC. Sobre el papel, Economía tiene 15 días para elevar su propuesta al Consejo de Ministros y este un mes para resolver, pero el CEO del Sabadell matiza que esos plazos se pueden prorrogar, “lo que añadiría complejidad a la operación”.
Con respecto a la posición del Gobierno con respecto a los problemas de competencia, afirma que “el Gobierno entiende y por eso hace las declaraciones que hace”. Además de poder ampliar los compromisos o condiciones que imponga la CNMC, en el caso de que la opa salga adelante, el Ejecutivo podrá vetar la fusión entre ambos bancos, una transacción que el BBVA ha declarado que quiere realizar después de la opa. González-Bueno considera que ese escenario, el de opa sin fusión, “tendría muy poco sentido”. Apunta a que tendría sinergias negativas, así como a que el comportamiento del Sabadell en solitario presentaría problemas de gestión.
Con respecto a una eventual subida en el precio de la opa (actualmente en una acción del BBVA y 0,29 euros del dividendo de octubre por cada 5,019 títulos del Sabadell), González-Bueno recuerda que es algo que el banco vasco puede hacer, pero recuerda la carta que envió en mayo al consejo de administración del Sabadell ya afirmó que no tenía margen para ello sin que sufriese el precio de su acción. Amparado en el alza del 700% desde 2020 y en las opiniones de los analistas, el Sabadell está actualmente correctamente valorado en Bolsa y que, además, le queda potencial de subida. ¿Hasta dónde? “Eso es lo que nadie sabe”, sostiene.
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