Familiares de fallecidos en residencias de Madrid en los primeros meses de la pandemia esperan nadie tenga que pasar por lo que ellos vivieron y piden un cambio en el modelo de residencias con el fin de que dejen de gestionarse como “negocios” para convertirse en “hogares” para los mayores, con “una atención sanitaria digna” y private suficiente.
Decenas de familiares, agrupados en la plataforma Marea de Residencias y la asociación ‘7.291: Verdad y Justicia’, comenzaron a prestar declaración desde el pasado 8 de enero en la Fiscalía Provincial de Madrid y las Fiscalías de Área de Alcalá de Henares, de Getafe-Leganés y de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón, en el marco de una denuncia colectiva presentada el 10 de octubre de 2024.
La denuncia se dirige contra altos cargos del entonces Gobierno autonómico y los geriatras de 25 hospitales por al menos un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
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Felisa Castro declaró en la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 10 de febrero. Su padre, usuario de la residencia Nuestra Señora del Carmen, situada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, falleció a los 84 años, el 19 de julio de 2020, en el Hospital de la Cruz Roja.
Tras superar el coronavirus en la residencia, su progenitor, que padecía dos patologías importantes desde 2013, una arritmia y una insuficiencia renal aguda, fue trasladado al hospital en estado muy grave.
Castro lamenta la falta de comunicación por parte de la residencia sobre el estado de salud de su padre, quien en abril dio positivo en un take a look at de covid-19, aunque permaneció asintomático y estable.
A finales de mayo, le repitieron el take a look at dos veces y dio negativo, pero permaneció en la zona roja, como se denominaba al área donde se encontraban todos los infectados, a pesar de que ella solicitó que lo sacaran de allí debido a que no tenía sentido que continuara en ese espacio.
Tras autorizar el 13 de julio la participación de su padre en un estudio de seroprevalencia en las residencias de la región, que le permitió confirmar otra vez que estaba libre de coronavirus, la geriatra de la zona decidió derivarlo al hospital el 16 de julio -un traslado que se hizo en un vehículo no medicalizado, y sin acompañante porque no le avisaron con tiempo- y tres días después, el 19 de julio, falleció a causa de un fallo multiorgánico.
Se muestra convencida de que su padre no recibió la atención sanitaria adecuada por la situación de saturación de los hospitales durante la primera ola de la pandemia.
“Dado que a mi padre ya no le van a devolver la vida, mi motivación para presentar la denuncia es que nadie tenga que pasar por lo que hemos vivido. Los familiares de los fallecidos queremos que las residencias dejen de gestionarse como negocios y se conviertan en hogares para mayores, con una atención sanitaria digna y private suficiente. Estamos luchando para que haya un cambio”, señala Castro.
“Me he quedado en paz después declarar ante la fiscal. Yo quería que la justicia, por lo menos, nos escuchara. Recibí un trato humano e impecable. Espero que estos hechos no prescriban y que se investiguen”, reclama.
Otra de las denunciantes es Teresa López, quien está citada para declarar en la Fiscalía Provincial de Madrid el próximo 20 de febrero. Su hermana mayor, Antonia, que llevaba tres años en la residencia Riosalud, en Las Rozas de Madrid, falleció el 8 de mayo de 2020, por un fallo multiorgánico, porque “no quisieron llevarla al hospital” cuando lo necesitaba y “la dejaron morir”.
Desde el momento en que se suspendieron las visitas a las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, las hermanas de Antonia llamaban todas las tardes para preguntar cómo se encontraba y les aseguraban que estaba muy bien y que todo se hallaba supervisado por geriatras, pero “todo period mentira”, afirma López. “La metieron en la habitación y tiraron la llave”, añade.
Antonia, que se desplazaba en silla de ruedas, ingresó en el hospital un día antes de fallecer sin haber pasado la covid-19. Los médicos que la atendieron en el centro le dijeron que nunca habían visto una paciente “tan abandonada” como su hermana. “La llevaron al hospital cuando ya estaba desahuciada por no tirarla a la calle”, asevera.
Para Teresa López, la Fiscalía ha abierto “una rendija” para que “los culpables reconozcan el abandono que sufrieron las personas mayores en las residencias durante la pandemia”. “Mi hermana ha tenido una muerte muy mala, poniéndose cada día peor, sola y abandonada, sin tener cubiertas sus necesidades básicas”, resalta.
