El objetivo es evitar los fraudes por parte de ciberdelincuentes, mediante la utilización de números con prefijos reconocibles por los usuarios.
Las empresas y entidades públicas tendrán prohibido en el plazo de 3 meses efectuar llamadas comerciales a través de móviles en virtud de una orden ministerial del Gobierno de España, ya firmada, que incluye un paquete de medidas para evitar las estafas de suplantación de identidad que se efectúan a través de telefonía o mensajería móvil (SMS).
Sí podrán, sin embargo, efectuarse llamadas comerciales desde un 900 o de un 800, números que hasta ahora solo estaban asignados para recibirlas, en virtud de una orden del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública del Gobierno de España, que entrará en vigor en el plazo de 20 días a partir de su publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Su titular, Óscar López, ha explicado, en declaraciones a los periodistas, estas medidas, entre las que se incluye la obligatoriedad que se establece a los operadores de telecomunicaciones de bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido atribuida a un cliente closing o a un operador.
Además, los operadores de telecomunicaciones también tendrán que bloquear las llamadas de origen internacional que simulan haber sido originadas en un número español, salvo las de los clientes en itinerancia (roaming). Esta medida se fija teniendo en cuenta que las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, desde donde se simulan llamadas con numeración española.
Por otro lado, los operadores estarán obligados a bloquear los mensajes, que en lugar de un número de teléfono, estén asignados a un código alfanumérico, siempre que no estén registrados sus propietarios en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, que prohíbe a las empresas mandar información comercial sin el consentimiento previo del usuario, entró en vigor en junio de 2023, pero las empresas han encontrado un resquicio authorized para seguir llevando a cabo su actividad comercial. Con la orden firmada hoy, el Gobierno español espera poner fin definitivamente a las llamadas spam.
El incumplimiento de estas medidas podrían recibir una sanción de hasta 2 millones de euros.
