Cuando más crecen en toda Europa las recetas ultraderechistas para afrontar los flujos migratorios, más necesario resulta explorar soluciones que no se limiten a lo securitario y represivo y que cuenten con la colaboración de los países de origen o de tránsito. España está extendiendo en África los programas de contratación en origen y de migración round que llevan dos décadas funcionando con las temporeras marroquíes que trabajan en la recogida de frutos rojos. A Senegal —donde se retomaron estos programas en 2022, tras la pandemia— se han sumado por primera vez Gambia y Mauritania. La respuesta ha sido masiva: más de 30.000 personas (unas 24.000 solo en Senegal) se han presentado en las últimas semanas para conseguir alguna de las 350 plazas de jornaleros del campo que se ofertan.
Con la migración round, los extranjeros reciben autorizaciones de cuatro años para trabajar como máximo nueve meses en un único sector, especialmente el agrícola. A cambio, se comprometen a regresar a su país una vez terminado el trabajo y a no permanecer irregularmente en el territorio nacional. En los dos últimos años, unas 40.000 personas han llegado a trabajar de forma temporal a España. Pedro Sánchez defendió la extensión de esos programas a nuevos sectores y la inclusión de planes de capacitación profesional cuando visitó en agosto esos tres países africanos.
La respuesta masiva muestra que nadie quiere pagar a una mafia y jugarse la vida en una patera para lograr un futuro mejor. Por sí solas, medidas de este tipo no van a acabar con la inmigración irregular, pero se debe impulsar cualquier iniciativa que contribuya a una migración ordenada y segura para quienes se ven obligados a abandonar su país. Precisamente por eso, España tiene que mejorar de manera sustancial la política de gestión de visados, entre ellos los de reagrupación acquainted, hoy con serios problemas de citas y colapsos en su tramitación consular.
La política migratoria no se agota en las necesidades laborales y demográficas del país. También hay que ofrecer soluciones a quienes entraron irregularmente y desarrollan su vida en condiciones difíciles. Es lo que acaba de hacer el Gobierno con la regularización extraordinaria por un año de los extranjeros afectados por la dana de octubre en Valencia y de sus familiares más directos, medida que beneficiará a unas 25.000 personas. Frente a los discursos del miedo y la xenofobia, la realidad de la inmigración que aflora en circunstancias como esta es la de miles de ciudadanos con los mismos problemas e inquietudes que sus convecinos españoles. Convendría por ello que el Ejecutivo se muestre receptivo a las críticas de asociaciones vinculadas a la migración, que alertan del limbo en que pueden quedar cientos de personas que carecen de certificado de empadronamiento.
En mayo entra en vigor la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que el Consejo de Ministros aprobó a mediados de noviembre. Su ambicioso objetivo es facilitar en tres años la regularización de unas 900.000 personas que ya viven en España. A la vez, sigue atascada en el Congreso la iniciativa legislativa popular para regularizar a cientos de miles de inmigrantes, a cuya tramitación dio luz verde la Cámara hace 10 meses. Sobre la mesa hay instrumentos legales suficientes para armar una política duradera que aborde uno de los grandes retos del futuro, que es económico y demográfico, pero, sobre todo, de derechos y de humanidad.
