Una ministra portavoz contradice en rueda de prensa a una vicepresidenta en su presencia. La escena, desde luego, es fuera de lo común. Desde que Pedro Sánchez inauguró el primer gobierno de coalición no se había visto nada igual. Y, sin embargo, la sangre no llegará al río. Incluso resulta menos escandaloso de lo que habría sido hace seis años, cuando se estrenó. Aun así, el episodio refleja no solo diferencias ideológicas, que serían lógicas, sino también falta de coordinación, de engrase de los engranajes, de escaso debate interno. Vamos, revela un ir cada uno a su bola que un gobierno con una mayoría tan exigua no se puede permitir. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Todo se aceleró el domingo pasado. Pero rebobinemos un poco… A raíz de la anterior subida del salario mínimo (SMI) ya afloró tímidamente el debate sobre si los beneficiarios debían tributar a Hacienda, pero no se llegó a discutir a fondo entre los dos socios. Hacienda optó por mantener la práctica de ajustar los mínimos exentos del IRPF. En esta ocasión los mensajes que provenían de ese ministerio eran más insistentes. Empezaron en enero, cuando ya quedó claro que María Jesús Montero era partidaria esta vez de no modificar nada. Pero la semana pasada la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda lo dejó bien claro al pedir que se evitaran los “discursos populistas”, en clara respuesta a Yolanda Díaz.
En Sumar, sin embargo, se pensó que el debate quedaría aparcado para su discusión después de aprobar la subida del SMI en el Consejo de Ministros de esta semana. Las alarmas se desataron en el departamento de Trabajo el domingo, a primera hora de la tarde, cuando a Díaz le comunicaron que no saldría en la rueda de prensa del martes posterior a la reunión del gabinete para explicar la subida del SMI aprobada. El argumento period comunicativo: Díaz ya había presentado la subida salarial con los sindicatos y había que dar prioridad a otras dos medidas: la reforma de la ley de dependencia, que explicaría el ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, y la iniciativa para derribar El Algarrobico en Almería, que la propia Montero ya había anunciado frente al lodge afectado en un acto pensado para la candidata socialista a la Junta andaluza.
En la rueda de prensa iba a comparecer Montero para explicar la iniciativa de derribo de El Algarrobico
La ministra de Trabajo se plantó y, finalmente, fue Montero quien no compareció después del Consejo de Ministros. No salió en persona, pero mientras se desarrollaba la rueda de prensa, su ministerio sí confirmó a los medios que Hacienda aplicaría el IRPF a la subida salarial. Y Díaz no se mordió la lengua, arremetió en contra, lo que provocó que la ministra portavoz, Pilar Alegría, que en principio está por debajo en el escalafón ministerial, le enmendara algunas afirmaciones. Todo ello en vivo y en directo. El resto de los ministros debieron quedarse boquiabiertos, puesto que nada en la reunión que había mantenido todo el gabinete indicaba que saltaría el conflicto. Ni Montero ni Díaz se refirieron allí a la tributación del SMI.
Si la decisión de la titular de Hacienda fue exclusivamente suya o respaldada por la Moncloa tiene relativamente poca relevancia. Lo curioso es que nadie fue capaz de plantear la cuestión de fondo y discutirla antes de dar un espectáculo que no ha hecho más que opacar lo que tenía que ser un logro del Gobierno en su conjunto. No es que en Sumar no supieran que en algún momento tendría que aplicarse el IRPF al salario mínimo, que ya asciende a 16.576 euros anuales. Cada vez se estaba excluyendo a más asalariados de hacer la declaración de la renta. Hacienda, además calcula que se habrían perdido más de mil millones en recaudación. Pero la discusión period cuándo aplicarlo, si ahora o en la próxima subida del SMI.
El acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar indica que el salario mínimo deberá subir durante todo el mandato acompasándolo al 60% del salario medio. En el ministerio de Trabajo aspiraban a llegar a los 1.500 euros mensuales (ahora ha quedado en 1.184). Algunos consideran que el impacto de esperar a la siguiente subida para que esos sueldos tributaran el IRPF period peor, ya que se estará más cerca de las elecciones generales. Si se atiende a razones electorales también hay que tener en cuenta las andaluzas, en principio previstas para el verano del 2026. Andalucía es la comunidad con más receptores del SMI, alrededor de medio millón (en España son 2,5 millones).
Sánchez admitió ayer que “hay un debate”, lo dejó abierto y no escatimó gestos de cercanía con Yolanda Díaz
La chispa entre el PSOE y Sumar en el Gobierno saltó el martes, pero el ambiente ya estaba caldeado desde la discusión sobre la jornada laboral por el choque entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El pacto entre el PSOE y Sumar establecía que en 2024 tenía que aprobarse una reducción de la jornada hasta las 38 horas y media (no se ha cumplido) y hasta las 37 horas y media en 2024, que es lo que se acaba de aprobar y ahora necesita validarse en el Congreso. Precisamente, la parte socialista no consideraba conveniente llevar el asunto a las Cortes ahora sin convencer a los aliados parlamentarios, sobre todo a Junts. Finalmente, los socialistas cedieron, pero por el camino Díaz llegó a calificar de “mala persona” a Cuerpo, lo que provocó mucha indignación en la Moncloa.
¿Cómo acabará en esta ocasión el pulso sobre la tributación del salario mínimo? Para Sumar, si existen dos elementos claves de la legislatura son la jornada laboral y el salario mínimo. De ahí la contundencia de Díaz. Pero tampoco conviene a Pedro Sánchez desautorizar a la vicepresidenta primera y candidata en Andalucía. Todo ha sido un tiro en el pie del Gobierno. El presidente admitió ayer que si “hay un debate” en el seno del gobierno es porque se ha subido mucho el SMI. En efecto, las coaliciones suscitan debates. Pero el problema en este caso ha sido precisamente de falta de debate interno. Lo que está claro es que Sánchez quiso enviar ayer un mensaje de no agresión a Sumar. En medio de la andanada en favor de un SMI exento del IRPF defendido desde el PP hasta Podemos, Sánchez no escatimó gestos de cercanía con Yolanda Díaz. Veremos cómo desenreda la madeja.
Punto y aparte
Diálogo Sumar-Junts
La negociación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media está en manos de Yolanda Díaz, que ya ha mantenido varios contactos con Carles Puigdemont. También los ha habido entre los grupos parlamentarios y los dos partidos, aunque no se ha entrado a negociar. La votación de la reducción de jornada se calcula para abril o mayo, por lo que hay tiempo, pero Díaz también tendrá que convencer al resto de aliados parlamentarios, desde el PNV a Podemos, por ejemplo. Habrá que hacer concesiones a todos ellos, que inevitablemente pasarán por ayudas a las empresas para aplicar la medida, lo que supone que Hacienda esté de acuerdo con ese gasto. Y todo ello sin que los sindicatos pongan en cuestión el resultado, puesto que se parte de un acuerdo con ellos. La vicepresidenta no tendrá fácil culminar su medida estrella de la legislatura.
