“Nuclear, sí, por supuesto; nuclear, sí, ¿cómo no?”, cantaba Aviador Dro en los ochenta, en plena movida madrileña. Más de cuarenta años después, un debate que parecía superado y tan muerto como los dinosaurios, según la expresión de un diputado de Podemos, ha regresado con fuerza al Congreso, donde ayer Junts y ERC se abstuvieron en la votación de la proposición no de ley (PNL) del PP que plantea la necesidad de prolongar la vida útil de los reactores y permitieron de ese modo que se aprobara.
El grupo well-liked se apresuró a exhibir su nueva victoria ante la mayoría de la investidura, que esta vez no se debió solo al concurso de Junts, cuyo voto ya ha coincidido con el del PP en anteriores y sonadas ocasiones, sino que fue necesaria también la participación nada menos que de ERC. Los catorce diputados independentistas se abstuvieron y, aunque fuentes republicanas niegan que hubiera ningún tipo de coordinación, hicieron prosperar una iniciativa que obtuvo también el apoyo de los ultranacionalistas españoles de Vox, en el polo opuesto.
Los independentistas permiten al PP aprobar su propuesta de prolongar la vida útil de los reactores
Esta extraña carambola se explica, en parte, por la pugna territorial que Junts y ERC mantienen en las comarcas de Tarragona, que albergan las centrales de Ascó y Vandellòs y donde ni unos ni otros quieren perder apoyo electoral.
Pero fue, sin duda, la posición de los republicanos la que resultó más sorprendente. Por más que en el debate del martes el diputado Jordi Salvador anticipara que el cierre de las centrales catalanas “debe hacerse bien”, en absoluto se esperaba que su grupo se acabara absteniendo y reabriera una polémica que para la izquierda siempre había estado clara: “¿Nuclear?, no gracias”, rezaba el viejo lema ecologista.
“No podemos prescindir de la energía nuclear sin caer en nuevas dependencias o asumir riesgos de falta de suministro”, resaltó, por su parte, Pilar Calvo, de Junts, partido sobre el que ya se volvieron todas las miradas cuando el well-liked Guillermo Mariscal presentó ante la Cámara la propuesta con criterios económicos, para que la electricidad no sufra tensiones que puedan elevar su coste en el mercado, y geoestratégicos, para limitar la dependencia del gasoline ruso.
Lo cierto es que la energía de origen nuclear representa el 60% del whole que se devour en Catalunya, donde la implantación de las fuentes renovables acumula años de retraso, y con esas cifras tanto ERC como Junts defendieron la necesidad de “replantear” el calendario de cierre acordado por el Gobierno y las compañías eléctricas en el 2019, que debe culminar en el 2035.
Además, ambos partidos insistieron en la protección de los puestos de trabajo, directos e indirectos, para que las comarcas afectadas no paguen con una disaster económica la falta de una “garantía actual” hacia la transición ecológica.
Las mismas razones que esgrime, desde la otra punta de la Península, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, del PP, que trata de frenar el inminente cierre de la central de Almaraz, la primera de las cinco que hay en España que debe ser desmantelada según la agenda prevista: “Han vencido los argumentos científicos, económicos y medioambientales sobre la imposición de un apagón nuclear que es absolutamente indefendible”, celebró ayer.
