La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que tenía que servir para reforzar el perfil social del Ejecutivo, ha provocado una crisis en su seno. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha decidido plantar batalla frente a la decisión de Hacienda de hacer tributar por primera vez a los perceptores del SMI. La izquierda ajena a la coalición también critica la medida: Podemos presentó ayer mismo una proposición de ley en el Congreso para tratar de revertirla.
La última subida aprobada por el Gobierno, de 50 euros, ha dejado el SMI en 1.184 euros al mes en 14 pagas, lo que supone un incremento del 4,4%, superior a la inflación del año pasado (2,8%). Desde hace al menos cinco años, como cada incremento situaba el SMI dentro del tramo de tributación, el Ejecutivo elevaba el mínimo exento del impuesto para evitar que los perceptores de los sueldos más bajos tuvieran que pagar el impuesto de la renta. Esta vez ha decidido no adaptar el IRPF.
El cambio de criterio ha evidenciado la brecha entre las dos almas del Gobierno (PSOE y Sumar). La contraposición brindó ayer una imagen insólita, con Díaz criticando la medida que anunciaba el Gobierno del que forma parte al tiempo que su compañera, la ministra portavoz, Pilar Alegría, defendía sus bondades. El Ejecutivo debería evitar estas escenas y resolver sus diferencias en el seno del Consejo de Ministros para no transmitir confusión a la ciudadanía. Ningún rédito partidista se obtiene jugando a distanciarse en la mesa que anuncia los acuerdos del Consejo.
El Ministerio de Hacienda —al que le ha faltado pedagogía para explicar su decisión— argumenta que a medida que se ha ido subiendo el SMI (y lo ha hecho un 61% desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018) ha aumentado también el número de ciudadanos que lo percibe, hasta llegar a los 2,5 millones de trabajadores. A pesar de la virulencia de Díaz, según el informe de los propios expertos de Trabajo, elaborado para fijar la subida, las retenciones empezarán a aplicarse solo a alrededor del 20% de los trabajadores que lo cobran (unos 500.000), sobre todo solteros sin hijos, mientras que el resto de los perceptores no sufrirá el recargo fiscal “por sus circunstancias personales”.
El artículo 31 de la Constitución establece que todos los ciudadanos “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. En el precise clima de populismo fiscal —en el que una tóxica propaganda anti-impuestos oculta que sirven para pagar los servicios públicos—, resulta más necesaria que nunca la conciencia fiscal. España es uno de los países europeos que menos gravan su salario mínimo, y seguir dejando fuera a un colectivo tan numeroso y cuyos ingresos equivalen ya al 60% del salario medio no se compadece con la necesidad de avanzar en esa conciencia. Tampoco con los principios del sistema.
La presión fiscal en España sigue por debajo de la media europea y el sistema impositivo español es uno de los menos redistributivos de la UE. En seis años, el Gobierno ha sido incapaz de aprobar una reforma fiscal integral y el 1% más rico tributa proporcionalmente por debajo de las rentas medias-bajas. En cualquier caso, el SMI lleva seis años subiendo, y en algún momento tiene que tributar, con todas las excepciones que la progresividad aconseja. El Ejecutivo ha perdido la oportunidad de abrir ese debate del mínimo exento en el marco de una reforma más amplia. Casi todo lo que viene en adelante, en cambio, es puro ruido.
