El Gobierno regularizará a los extranjeros afectados por la dana que, a finales de octubre, mató a 218 personas y asoló casi 80 municipios, la mayoría en la Comunidad Valenciana. La medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros como parte de un paquete de medidas con las que también se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos de los inmigrantes que vivían o trabajaban en las zonas devastadas. La regularización, con la que se concederán autorizaciones de residencia y trabajo de un año a los afectados y sus familiares más directos, beneficiará a al menos 25.000 personas, según cálculos aproximados de la Administración. Se prevé que el conjunto de las medidas tendrá un impacto mucho mayor y que, potencialmente, puede facilitar trámites los 98.000 extranjeros no comunitarios ya empadronados en la zona.
Las prórrogas automáticas ya fueron una herramienta que sirvió de colchón a los extranjeros en la pandemia, pero encontrar referentes de regularizaciones en caso de catástrofe hay que retroceder hasta 2004. Pocas horas después de la masacre terrorista del 11M, en la que murieron casi 200 personas, el presidente José María Aznar anunció la regularización y la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas extranjeras y sus familiares.
El texto que se aprobará este martes es ahora mucho más ambicioso de lo que se esperaba hace poco más de un mes. La regularización period parte de ese paquete de medidas que debían haberse aprobado antes de que acabase el año, pero acabó cayéndose del último borrador. Había dudas jurídicas y fuertes reticencias de ministerios, como el de Inside. Migraciones decidió, entonces, sacar adelante, primero, las prórrogas para, después, decidir, si avanzaba o no con las medidas para los inmigrantes en situación irregular. Pero todo se retrasó —se han cumplido ya 100 días desde la dana—, y el proceso solo se ha desbloqueado gracias a la presión de los sindicatos, el dictamen favorable de la Abogacía del Estado y la visita de Pedro Sánchez a Valencia el pasado 23 de enero.
La forma con la que se regularizará a los inmigrantes sin papeles es una autorización de residencia “por circunstancias excepcionales sobrevenidas” que podrán solicitar aquellos extranjeros empadronados (o con cita para hacerlo) en alguno de los municipios afectados con anterioridad al 4 de noviembre de 2024. También podrán optar a ese permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana esta autorización tendrá una vigencia de cinco años.
Fabián Leal, migrante colombiano de 49 años, su esposa y su hijo de 14 años serán algunos de los candidatos a obtener ese permiso de residencia, que le devolverá la certidumbre que perdió al emigrar hace tres años y permanecer en España en situación irregular. Con una autorización de trabajo, y en consecuencia, una nómina, podría acceder a todas las ayudas desplegadas por los Ayuntamientos —en su caso el de Alfafar— para las familias afectadas por la dana. “Para muchos trámites en este municipio ni siquiera existimos. Nuestros nombres no están en las listas”, lamenta. Leal, que realiza pequeñas tareas de reparación eléctrica pagadas en “negro”, podrá darse de alta como autónomo o ser contratado por una empresa si logra sus papeles. “He recibido varias ofertas que no he podido firmar en mi situación”, recalca. También podría volar a Colombia para visitar a su familia. “Es la posibilidad de ser libres. Podemos movernos libremente por este país, pero siempre tenemos la sensación de intranquilidad a cuestas”.
La concesión automática de prórrogas y renovaciones beneficiará a estudiantes, voluntarios, pero sobre todo a los titulares de autorizaciones de larga duración cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025. La instrucción pretende evitar que los inmigrantes acaben en la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque, tras el temporal, ya no cumplen los requisitos para obtenerlos. Entre los miles de afectados por la dana, los extranjeros se han encontrado con situaciones específicas que han complicado su vida laboral y acquainted. Aquellos que perdieron el empleo porque su empresa se vio gravemente afectada por el temporal y están pendientes de renovar sus autorizaciones de residencia tiene un problema añadido porque han dejado de cumplir los requisitos. La flexibilidad se aplica también para aquellos que lograron su autorización gracias al alta en la Seguridad Social de un empleo que nunca se concretó por culpa del temporal. Todas las solicitudes tendrán tramitación preferente y solo se denegarán por razones de orden público, seguridad o salud pública.
Nilka Baena, también colombiana, se quedó sin empleo pocos días después del paso de la dana. Esta mujer de 46 años trabajó dos años en Massanasa cuidando a una persona mayor que fue trasladada a una residencia tras las riadas. Cuenta que un permiso de residencia no solo le facilitaría encontrar un piso en Valencia, “donde es imposible encontrar vivienda si no tienes una nómina que evidencie tus ingresos”. Obtener los papeles también le permitiría acceder a todo un abanico de servicios de los que se ha quedado fuera. Cuenta que podría abrir una cuenta bancaria o que se podría inscribir en los cursos de empleo que ofrecen los municipios. Está principalmente preocupada por la situación de su hija de 15 años. Teme que tras acabar el bachillerato no pueda continuar su formación en una universidad o realizar un curso de formación superior. “Nos daría la posibilidad de integrarnos a la sociedad”, resume Baena.
Esta es la tercera iniciativa de regularización de migrantes que está ahora mismo sobre la mesa. El nuevo reglamento de extranjería, aprobado el pasado mes de noviembre, no es estrictamente una regularización, pero sí recoge mecanismos que permitirá conceder permisos por vías no habituales. En paralelo, aún se discute en el Congreso la Proposición no de Ley (PNL) para la regularización de cientos de miles de personas en situación irregular y que sigue atascada entre las reticencias de la derecha y la indefinición del PSOE.
Las instrucciones que se aprobarán este martes responden a demandas de empresarios, de la sociedad civil y de los dos sindicatos mayoritarios. CC OO ha señalado “la importancia” de estas medidas que el propio sindicato propuso, aunque ha lamentado que “se ha perdido mucho tiempo desde que se propusieron”. En todo caso, José Antonio Moreno, responsable confederal de Migraciones y Asilo, reclama que la Administración despliegue los medios necesarios para evitar el atasco. “Al igual que ocurrirá con el nuevo reglamento, nada tendrá eficacia sin una adecuada dotación de medios materiales y humanos para implementar las medidas”.
Con información de Luis Enrique Velasco.