Unas 200 personas han asistido este domingo a una ofrenda floral en el puerto de la localidad gaditana de Barbate para honrar el fallecimiento de los dos guardias civiles, arrollados mortalmente por una narcolancha el 9 de febrero de 2024. El suceso puso en entredicho las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan su trabajo contra las redes de tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar y se alzaron las voces para reclamar más medios materiales y humanos. Una demanda que un año después continúa muy presente entre asociaciones de la Guardia Civil y familiares de Miguel Ángel González y David Pérez.
Ha sido el acto conmemorativo principal de los que se han desarrollando estos días en recuerdo y honor a estos dos agentes, como la concentración en Cádiz y un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barbate, donde ocurrieron los hechos, ambos el pasado viernes. Además, este sábado se ha celebrado una misa en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, de donde period David Pérez, uno de los guardias civiles fallecidos.
“Un homenaje lleno de recuerdo, respeto y gratitud. Queremos agradecer a todos los asistentes, así como a las asociaciones y sindicatos que nos han acompañado”, ha manifestado en redes ‘Nuestro corazón por bandera’, organizadora de la ofrenda, y que ha puesto en valor este “emotivo acto” sucedido en el municipio gaditano.
Críticas de la madre de un agente
Cabe destacar la presencia esta jornada de familiares como la madre de Miguel Ángel González, el otro guardia civil fallecido, o de agentes del instituto armado vestidos de uniforme. En este sentido, la madre ha denunciado que nadie del Gobierno le ha dado el pésame, “sin embargo a un etarra y a su familia sí se lo dan”.
Y es que, a pesar de que el piloto de la narcolancha que presuntamente embistió la zodiac de los agentes está en prisión desde hace varios meses, las familias siguen pidiendo justicia por estos asesinatos, ya que consideran que los altos cargos que dieron la orden de acudir a esa actuación mortal no se han responsabilizado por lo ocurrido.
Asociaciones de la Guardia Civil y familiares han tratado de que estos altos cargos sean investigados en este caso, pero las peticiones registradas han sido desestimadas en varias ocasiones, una circunstancia que sigue levantando ampollas. En este sentio, consideran que aunque “la mano ejecutora está en la cárcel, hay más gente implicada”, como recordaba este mismo viernes la madre de Miguel Ángel en una concentración celebrada en Cádiz para seguir reclamando justicia por sus muertes.
A este respecto, el ministro de Inside, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado que hubiera una falta de medios a la hora de participar en esta actuación, descartando también las numerosas peticiones de dimisión que ha recibido en este último año. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, defendía este viernes que “ahora mismo” se está llevando a cabo “la mejor operativa internacional de lucha contra el narcotráfico en España” y se está “en un empeño permanente y continuo para imponer el principio de autoridad”.
El dolor de Barbate
En Barbate tampoco olvidan el dolor que se vivió en aquella noche de viernes con unos hechos que removieron la localidad y dejó una imagen de la que siguen tratando de desligarse, defendiendo que este pueblo tiene muchas virtudes por las que ser conocido, como su gastronomía en torno al atún de almadraba o el Parque Pure de la Breña que lo rodea.
Desde que ocurrieran los hechos, el alcalde Miguel Molina no ha dejado de reclamar “más medios” y una patrullera de la Guardia Civil siempre presente en su puerto, ya que se encuentra próxima al Campo de Gibraltar, una comarca fuertemente castigada por las redes del narcotráfico.
Los acontecimientos de hace un año se produjeron cuando una zodiac de la Guardia Civil acudió a un operativo para tratar de disuadir la presencia de varias embarcaciones de alta velocidad y gran envergadura, las llamadas gomas, que se estaban refugiando del temporal en el puerto de Barbate. Una de ellas arremetió en varias ocasiones contra la de los agentes, que period inferior en potencia y tamaño, y que propició que estos se encontraran indefensos ante la violencia con la que atacó el piloto de la narcolancha. La última embestida fue la mortal, al pasar por encima de la zodiac y causar la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez. Además, otros tres guardia civiles quedaron gravemente heridos.
Tras estos trágicos hechos, se detuvo a ocho personas, de las que dos de ellas quedaron en libertad tras prestar declaración. Las otras seis ingresaron en prisión provisional, según decretó el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de Barbate, como presuntos responsables de manejar la embarcación que embistió a los agentes, aunque ellos siempre negaron su participación en este hecho concreto.
El caso da un giro
El caso dio un giro meses más tarde, en mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada de la investigación redactó un informe en el que descartaba la implicación de esos seis detenidos, unos de ellos Kiko El Cabra, acusado entonces de pilotar la narcolancha. Ante estos nuevos hechos, el juez determinó la puesta en libertad de los encarcelados, que seguían estando investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización legal, resistencia y desobediencia, pero no de asesinar a los dos agentes.
Ya en septiembre de 2024, la Guardia Civil logró la detención de Karim E.B., el presunto piloto de la narcolancha que causó la muerte de los guardias civiles, y poco después se detuvo a otras dos personas por su implicación en estos hechos. Los tres continúan en prisión a la espera de juicio, quedando aún un tercer tripulante por localizar.
Karim E.B. ha pedido perdón a las familias de las víctimas y defiende que todo fue “un accidente”, unas declaraciones que fueron rechazadas por la madre de Miguel Ángel González, que ya entonces advertía que “ni olvido ni perdono” a quienes le habían arrebatado a su hijo.
En todo este tiempo, el Gobierno de España ha destacado que las actuaciones desarrolladas en la provincia de Cádiz contra el narcotráfico a través del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, y en el que, según han alegado en numerosas ocasiones, ha permitido asestar un golpe a estas redes. El Ejecutivo llega incluso a hablar de que se ha recuperado el principio de autoridad en la zona, algo que las asociaciones de guardias civiles niegan continuamente con cada nuevo caso de agentes heridos en actuaciones “violentas” contra el tráfico de drogas.
