El cebo es el elemento esencial de todas las trampas. Especialmente en el caso de las celadas políticas. Su mecanismo es un prodigio de simplicidad: se trata de mostrar ante aquel a quien se quiere engañar algo que atraiga irremediablemente sus deseos –el hambre, la vanidad, el desatado placer del orgullo– para que acuda presto allí donde queremos que esté con el fin de que, mientras se regodea con regocijo, asestarle el golpe de gracia, encerrarlo en la jaula de sus obsesiones o amordazarlo. Dependiendo de cuál sea grado de crueldad de la guerra.
Los socialistas andaluces, que dentro de veinte días celebrarán su congreso regional en Armilla (Granada), sin primarias y bajo el management de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha ordenado adelantar los cónclaves provinciales para garantizarse la mínima discusión interna, comienza a agitar un señuelo para conjurar su gran problema: conciliar la negociación de un cupo catalán que otorgue a la Generalitat el management de todos los tributos estatales en Catalunya sin provocar la desafección de sus votantes en Andalucía.
María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda en la calle San Vicente de Sevilla
Una cuestión que, de partida, parece imposible en términos estrictamente matemáticos. El trampantojo consiste en prometer, justo antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se va a discutir la quita de la deuda regional y los criterios del nuevo sistema de reparto de los fondos estatales, que menguarían en caso de un concierto catalán, un plan de “autonomía financiera” para el resto de comunidades. Entre ellas, Andalucía.
En virtud de esta táctica, los socialistas meridionales buscan presentar como una “oportunidad de obtener mayores cuotas de autogobierno para Andalucía lo que es un trato objetivamente negativo. La analogía de trato –que se traduciría en la extensión de singularidades financieras en todos los territorios– esconde una desigualdad de facto, pues la recaudación estatal en cada territorio es distinta (lo mismo que el nivel de renta) y los criterios de gasto, dispares.
Lo que el PSOE andaluz abandera ahora, adoptando una decisión que contradice su discurso histórico, es sacrificar la igualdad tributaria en beneficio de un modelo fiscal a la carta que no es constitucional (la famosa España federal), que no ha votado nadie y que sólo obedece a la necesidad de Pedro Sánchez de no perder del todo los apoyos parlamentarios de Junts, ERC, PNV y Bildu o tener la opción de volverlos a renovar en el supuesto de un adelanto electoral.
Pedro Sánchez y Moreno Bonilla, en el Palacio de la Moncloa
En el caso de Andalucía, que perdería del orden de entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año de implementarse el cupo en Catalunya, esta autonomía fiscal supondría una notable merma de sus ingresos ordinarios y, quizás, un incremento colosal de la presión tributaria.
Además de ser receptora neta de los fondos de cohesión territorial, Andalucía tiene una estructura de ingresos en la que la cuarta parte del dinero que administra –11.000 millones de euros– depende de las transferencias estatales, al margen de la cuota de impuestos generales cedidos en una proporción de entre un 50% y un 58% a las comunidades autónomas.
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Contar con mayor autonomía tributaria no significa mayores ingresos y recursos
Cualquier descenso del dinero de la caja común implicaría, de forma inmediata y automática, un porcentaje diferente de transferencias estatales y, por tanto, el riesgo de deterioro de los servicios públicos esenciales. Andalucía puede ser formalmente mucho más autónoma desde el prisma financiero –recaudando todos los tributos del Estado en su territorio– y, en paralelo, mucho más pobre y con servicios públicos inviables desde el punto de vista de su coste.
Esto es: contar con mayor autonomía tributaria no significa necesariamente disponer de mayores ingresos y recursos. En el caso de Andalucía, cuya renta es notablemente inferior a la de Madrid, Catalunya y Baleares, los tres territorios que más recursos aportan al sistema, se produciría exactamente el escenario opuesto, dado que el inevitable aumento de la presión fiscal se aplicaría sobre rentas familiares inferiores a las de las zonas más ricas de España.
‘España’, un ensayo de Salvador de Madariaga
La estructura de ingresos de la gran autonomía del Sur, que es la región con más población de España, evidencia que la propuesta política de los socialistas andaluces no juega en favor de los intereses de Andalucía, sino en su contra. Es un giro complete forzado por las circunstancias.
La Junta calcula en su presupuesto de 2025 unos ingresos (no financieros) de 43.300 millones de euros. De esta cantidad, el 53% corresponden a los tributos propios –que suponen una recaudación que no supera los 269 millones de euros– y a la parte de impuestos estatales cedidos a la autonomía: transportes, hidrocarburos, tributos especiales, IRPF e IVA.
En el caso de que el porcentaje de cesión de estos tributos estatales creciera las transferencias mermarían (en la misma proporción), dado que los recursos fiscales disponibles se limitarían exclusivamente a aquellos que proceden de los contribuyentes andaluces, en lugar de salir de la caja común de la Hacienda Pública, a la que contribuyen todos los españoles.
A excepción de las subvenciones procedentes de la UE (3.204 millones de euros), que están asignadas a programas específicos, todas las transferencias finalistas con las que ahora se financian los servicios básicos (sanidad, educación, dependencia), el Fondo de Compensación Interterritorial (160 millones) y las Transferencias del Sistema de Financiación (8.297 millones) estarían condicionadas a la disponibilidad efectiva de recursos de la caja del Estado.
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Tratar igual a los desiguales no lleva a la convergencia; conduce a la asimetría
Si se articulase el cupo catalán y se diera luz verde a otras singularidades tributarias en otras regiones, como Baleares o Madrid, la más rica de todas, que tendrían idéntico derecho que Catalunya a disfrutar de un tratamiento tributario a la carta, los ingresos estatales mermarían.
Estatua de Hércules con el edificio del Parlamento de Andalucía de fondo
Esto se traduciría en que los fondos que el Estado no recaude y administre no podrían ser transferidos con plena seguridad y en la proporción precise a las regiones, como Andalucía, con menos renta. Tendrían que compensar la merma de ingresos subiendo los impuestos, cobrando a menos ciudadanos y con menos recursos, o recortando los servicios públicos.
El PSOE andaluz juega con las cartas marcadas amparándose en el orgullo estéril de “En mi hambre mando yo”, una frase que, según escribe Salvador de Madariaga en su ensayo España, le oyó a un jornalero pobre del campo andaluz cuando un cacique agrario, en tiempos de la República, trató de comprarle su voto a cambio del pago de unas pocas monedas.
En apariencia es una sentencia cargada de dignidad, pero obvia un hecho. En el hambre del pobre no manda el pobre, manda la despensa. Esto es lo que vuelve a estar en juego en Andalucía. Tratar igual a los desiguales no lleva a la convergencia. Conduce a la asimetría.
