Estados Unidos impondrá sanciones contra el private del Tribunal Penal Internacional (TPI) que haya participado en causas contra Washington, ciudadanos estadounidenses, o aliados como Israel. Así lo indica una nueva orden ejecutiva que el presidente republicano ha firmado este jueves en el Despacho Oval, y que critica explícitamente la decisión de esta corte encargada de procesar crímenes de guerra y contra la humanidad de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, como sospechosos de crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza.
Las penalizaciones incluyen sanciones económicas como la congelación de bienes en territorio estadounidense, además de prohibiciones de viaje para esos funcionarios y sus familiares más cercanos, indica el texto de la orden ejecutiva difundido por la Casa Blanca. El Departamento de Estado tendrá sesenta días para presentar los nombres de personas a sancionar.
“El TPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, pues ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma o miembro del tribunal. Ninguno de los dos ha reconocido nunca la jurisdicción del TIP, y ambos son democracias florecientes cuyas fuerzas armadas se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra”, sostiene el texto de la orden. “Sin una base legítima, el Tribunal ha establecido su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares que afectan a personas de Estados Unidos y algunos aliados, incluido Israel, y ha abusado más aún de su poder al emitir órdenes de arresto contra” Netanyahu y Gallant.
Esos pasos, continúa el documento, “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a militares estadounidenses “al exponerlos a acoso, abuso y posible detención”, y perjudica “la seguridad nacional” del país.
La orden ejecutiva llega cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra en Washington para reuniones con las autoridades estadounidenses. Netanyahu se vio con Trump en la Casa Blanca el martes, y ambos líderes ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que el presidente anunció una propuesta para “tomar el control de Gaza” y expulsar a los cerca de dos millones de palestinos de la franja. Este jueves matizaba que Estados Unidos se haría cargo del territorio después de que Israel se hubiera hecho cargo de la operación de reasentamiento de los gazatíes.
La firma de la orden en el Despacho Oval también se produce una semana después de que la oposición demócrata en el Senado bloqueara un intento de la mayoría republicana de sancionar al TPI por su decisión contra las autoridades israelíes.
No es la primera vez que Estados Unidos toma medidas contra el órgano internacional con sede en La Haya. Ya durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, Washington impuso sanciones contra la fiscal Fatou Bensouda y uno de sus asesores por sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra perpetrados por soldados estadounidenses en Afganistán.
Trump ya había amenazado durante su campaña electoral con nuevas medidas contra el TPI. En diciembre, el presidente del tribunal, el juez Tomoko Akane, había advertido que la imposición de sanciones estadounidenses “socavaría rápidamente las operaciones de la corte en todos los casos y situaciones, y pondría en peligro incluso su propia existencia”.
El TPI comenzó a funcionar en 2002 como la única instancia permanente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, delitos de genocidio y agresión territorial cuando los Estados miembros no quieren o pueden hacerlo por sí mismos. Cuenta con el apoyo de numerosos países y la Unión Europea, pero no el de naciones como Estados Unidos, Rusia, China o Israel. Todos ellos temen que se pudiera utilizar esta institución para juzgar a sus ciudadanos por motivos políticos.
En mayo, el fiscal jefe de este órgano de 125 personas, el británico Karim Khan, encontró que hay “motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant eran “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. El letrado también pidió a los jueces la detención de tres líderes de Hamás, entre ellos su jefe en Gaza Yahia Sinwar -muerto a manos israelíes en septiembre pasado-. Aunque Israel no es miembro del TPI, el paso aumentaba la presión sobre ese Gobierno y complicaba los desplazamientos al exterior de sus líderes.
