El Gobierno central y el canario han escenificado que la negociación sobre el reparto de 4.000 menores migrantes llegados al archipiélago entre el resto de comunidades autónomas está cogiendo velocidad de crucero, pese a que por ahora su aprobación definitiva no está garantizada. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han derminado esta tarde la fórmula con la que se establecerá la cifra de niños y adolescentes que deberá acoger cada región. Un coeficiente que, como informó el pasado domingo La Vanguardia, estará finalmente determinado por criterios como la población, la renta, la tasa de desempleo y el esfuerzo previo que han realizado las regiones para amparar a los menores no acompañados.
Ese último criterio jugará –en parte– en favor de Catalunya. Fuentes ministeriales aseguran que Catalunya no sólo es la región que más niños y adolescentes migrantes sin amparo acquainted tiene a su cargo –por encima de Canarias, pese a su desbordamiento–, sino que el esfuerzo de la Generalitat en los últimos años ha sido “mayúsculo” para crear nuevas plazas en su sistema de acogida. Un escenario comparable al que podría plantearse en el País Vasco, que también ha venido haciendo los deberes en esta materia en los últimos años, acogiendo en la actualidad a más menores del máximo que puede soportar su sistema de tutula.
El Ministerio niega que se vayan a excluir a ambas comunidades del reparto. En cambio, las mismas fuentes ministeriales admiten que La Rioja que, por ejemplo,aún no ha recibido a los menores migrantes que se le asignaron, de manera voluntaria, en los dos últimos años, tendrá que asumir en este nuevo reparto una mayor carga.
Está por ver las cifras que finalmente arrojen la aplicación de los criterios, una vez las comunidades autónomas actualicen los datos y se pondere finalmente cada uno de esos baremos. Si la población adquiere fuerte protagonismo, a regiones más pobladas como Andalucía, Madrid o Catalunya se les podría exigir un esfuerzo further.
“Hemos dado un paso de gigante”, ha celebrado Clavijo, quien la próxima semana se reunirá con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para determinar la partida presupuestaria que acompañará al reparto. Cuando se cierre este aspecto, y la Abogacia del Estado informe si la fórmula jurídica debe ser el decreto ley o la proposición de ley, el presidente canario comenzará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar los apoyos. Todas las miradas están puestas en Junts, cuyos votos son cruciales, después de que el Partido Standard y Vox ya hayan retirado su negativa.
El descontento en las comunidades gobernadas por el Partido Standard (11 regiones más las dos ciudades autónomas) con la negociación del reparto es mayúsculo, al sentirse excluidos por completo de las conversaciones, pese a que serán las responsables de gestionar un gran volumen de acogidas. “Sería bueno que algo que afecta a las comunidades, al menos se contara con ellas”, afeó ayer el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien consideró que este tipo de acuerdos bilaterales son “muy propios” del Gobierno de Pedro Sánchez: “Primero negociar con alguien y luego querer imponer al resto”. En la misma línea, el portavoz del gobierno murciano Marcos Ortuño, criticó “la política de rodillo”. “Si somos parte de la solución, al menos se nos debe escuchar”, criticó el portavoz common, que avisó de que Murcia ya “ya está desbordada” en cuanto a acogida de niños y adolescentes extranjeros no acompañados.
