Las negociaciones en marcha entre el Gobierno y Junts sobre la cesión de las competencias en inmigración, y la participación de los Mossos en el management de las fronteras, puede poner en peligro la “seguridad nacional” de España, según ha señalado esta mañana el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández. El dirigente standard no ha puesto en duda el papel de la Policía catalana, pero ha subrayado que si Junts o ERC vuelven a gobernar la Generalitat sí que tendrían en sus manos una competencia basic si se quiere plantear la independencia. En el marco de las negociaciones del Ejecutivo y la formación de Carles Puigdemont, el PP está denunciando lo que consideran un progresivo “desmantelamiento del Estado”.
Un “desmantelamiento” que, según ha expuesto estos días el presidente de la formación, Alejandro Fernández, se basa en “expulsar a España de Catalunya” removiendo los “obstáculos” para que si las formaciones independentistas regresan a la plaza Sant Jaume, el Estado ya no tenga instrumentos para frenar un proceso de independencia. El management del las fronteras, la Agencia Tributaria propia, la “expulsión de la Guardia Civil, o la intención de convertir a los secretarios e interventores de Ayuntamientos en funcionarios autonómicos, son algunas de las cuestiones que el PP pone sobre la mesa. De hecho, Alejandro Fernández consideraba el pasado sábado que lo que Junts pretende en la negociación sobre las competencias sobre inmigración es, sobre todo, tener acceso al management fronterizo.
En este contexto, el portavoz en el Parlament señalaba hoy que “no se puede poner en manos de Junts y de ERC la seguridad de toda España”. Ayer, Alberto Núñez Feijóo también indicaba que si Pedro Sánchez “cede el management de fronteras, poco más le quedará que traspasar el Palacio de la Moncloa”.
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En el marco de la gestión precise de la Administración de la Generalitat, el grupo standard en el Parlament también ha solicitado que no se asuman más competencias antes de que se “gestionen bien” las que se tienen en la actualidad. El PP catalán ha explicado –en base a la información que ha obtenido en las preguntas parlamentarias realizadas al Govern- que la media de espera de un ciudadano para obtener la dependencia es de 326 días, mientras que para el reconocimiento de la discapacidad llega a 500. “Antes de pedir más competencias, hay que gestionar debidamente las que se tienen”, ha indicado Juan Fernández.