La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra hoy la vista para estudiar el recurso que interpuso la expresidenta del Parlament Laura Borràs contra su condena por prevaricación y falsedad documental. En marzo del 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le condenó a cuatro y medio de cárcel por trocear contratos y concederlas a dedo en su época de directora del Institució de les Lletres Catalanes (ILC), además de imponerle 13 años de inhabilitación. Por esta causa quedó suspendida para ejercer el cargo de presidenta del Parlament.
En su recurso, la dirigente de Junts alegaba, entre otras razones, una persecución política por sus creencias independentistas y falta de imparcialidad del tribunal que la juzgó. En el recurso que revisa hoy el alto tribunal, Borràs sostenía que “todo lo ocurrido” en este procedimiento judicial contra ella “no es informal ni está privado de intención política” puesto que, cube el texto, este se enmarca en un “contexto convulso” tras la celebración del referéndum del 2017 suspendido por el Constitucional.
El recurso recuerda que Borràs fue suspendida de su cargo en julio del 2022, perdiendo su condición de aforada, por lo cual para la defensa “no es equitativo ni justo ni adecuado exigir que suspenda todas sus prerrogativas”. Otro de los motivos es que se ha vulnerado su presunción de inocencia, debido a la opinión generada por las informaciones publicadas y a ciertas “filtraciones interesadas”.
La expresidenta de JxCat llegó a abrir la puerta a intentar acogerse a la amnistía como víctima del “lawfare” en virtud del acuerdo político entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez en el que se hace referencia a esta cuestión y su nombre sonó durante las negociaciones de la ley para estudiar su encaje, algo que no ocurrió.
